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Dignidad selectiva (Elisa Beni)

Hoy creo que se me van a levantar de la columna parte de los lectores. Quizá lo hagan sin llegar al final de mis razones, indignados por el contenido de mis líneas. Les rogaría, no obstante, que aguantaran ese ademán pleno de libertad y dignidad que es cerrar un artículo que nos desagrada o nos parece inane. Ambos momentos son igualmente políticos y ciudadanos e igualmente dignos. El mío cuando escribo estas líneas y el suyo cuando aceptan leerlas o cuando, dando un portazo, me dejan con el párrafo plantado y el argumento baldío.

Fueron igualmente políticos el gesto del presidente de una cámara democrática, Roger Torrent, expresando en alta voz sus preocupaciones y sus demandas en un acto público, como el de los miembros de la cúpula judicial catalana levantándose de sus asientos y abandonando la sala. Gestos políticos ambos. No los estigmatizo por ello. Lo político está en lo más alto, esto sí, de la dignidad humana. Zoon politikon. Solo los que quieren que nos aplaquemos y callemos y sigamos nuestro camino mientras ellos deciden por nosotros se han empeñado en estigmatizar la palabra “política” o en execrar de la politización de las cosas.

Sucede que mientras se le ha reprochado a Torrent hacer política en un acto de una corporación de derecho público, se ha considerado que la conducta de los magistrados y fiscales alcanzó una cúspide de lo que denominan dignidad, merecedora del mayor encomio sobre todo por una parte muy amplia de la carrera judicial que se ha mostrado orgullosa del comportamiento de sus compañeros. Una parte, la mayoritaria, sin duda; no toda. Modestamente creo que yerran en su concepción de la dignidad o de la dignidad de la carrera judicial. Mejor, no yerran, sino que se acogen a aquella parte de la definición de dignidad que es relativa a los cargos o empleos preeminentes, las dignidades, y a su respeto, y obvian una definición de dignidad de mayores vuelos.
Cito al filósofo Javier Gomá, no sospechoso de ninguna veleidad ideológica radical o estigmatizada, quien afirma que la dignidad es: “aquello inexpropiable que hace al individuo resistente a todo, incluso al interés general y al bien común: el principio por el que nos oponemos a la razón de Estado, protegemos a las minorías frente a la tiranía de las mayorías y negamos al utilitarismo su ley de la felicidad del mayor número”. Excelso tiro. Claro que en oponerse a la razón de Estado o en negarse al utilitarismo no sé si estuvieron muy finos.

Me parece altamente sospechoso, tratándose de juristas, que nieguen incluso la posibilidad intelectual de criticar las acciones que algunos magistrados están llevando a cabo en el tema del pròces. Y me lo parece porque, como conocedores de la Ciencia Jurídica, son los primeros llamados a reparar en dónde se encuentran los puntos negros, las posibles violaciones de derechos y otros problemas que Torrent denunció ante ellos. Bien que aceptando esos escollos pudieran discutirlos y rebatirlos y argumentar en otro sentido. No se trata de eso. Es una defensa cerrada, aparentemente acrítica y monolítica de todo lo actuado en esta cuestión por parte de la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. Sin aristas. Porque ellos lo valen. Y esa actitud no sé si podrían calificarse de digna o más bien de pragmática y corporativa.

Tampoco es cierto que no haya magistrados y fiscales que no vean las tensiones violentas de la ley penal y procesal a las que asistimos. Los hay. La mayoría de ellos lo reconocen en comunicaciones que conocen amparadas por nuestros derechos y obligaciones constitucionales como periodistas, así que saben que jamás podré decirles quién o quiénes me han llamado o escrito para animarme en mi tarea de denunciar lo que sucede, aunque supondría un golpe de efecto importante. Saben que cuentan con mi protección absoluta a las fuentes. También hay algunos, pocos, que de forma muy educada y respetuosa no dudan en expresar su perplejidad en redes sociales con su nombre y apellidos. A estos sí, mi admiración por su dignidad, y porque como me recordó uno de mis comunicantes: “Elisa, lo cierto es que sólo el Supremo tiene el poder de echarnos de la carrera. Eso pesa”.

Lo que sucede con los ataques de dignidad de los jueces españoles es que son selectivos. La protesta tienen tanto más valor real y simbólico cuando se produce en circunstancias en las que puede comprometer personal o profesionalmente al que la realiza. Levantarse del acto de Barcelona para la cúpula catalana sólo iba a ser sancionado con el aplauso cerrado de la mayor parte de sus pares, pero también de sus superiores y de aquellos que los nombraron para los cargos que ostentan y para los próximos a los que aspiren. ¿Qué arriesgaban pues en un gesto tan revolucionario?

Podría aplaudirles también si esa selección de la indignación abarcara el no soportar lo que llaman mentiras en todas las circunstancias. Oír decir al ministro reprobado por toda una cámara en su jeta que ha acabado con el papel en los juzgados o alabar la situación de la Justicia española o el error de los juzgados pozo o tantas otras cosas fácticamente falsas, en un discurso puramente político, no les ha hecho levantarse ni una sola vez de sus asientos. Por contra, le han dispensado sonrisas y aplausos cerrados. Todo por la institucionalidad, ese vocablo que parece permitir todas las cobardías. No han tenido los redaños de los magistrados italianos que abandonaron sus togas rojas sobre los asientos y dejaron vacío el acto de apertura de tribunales para protestar contra las reformas de Berlusconi o que en 2010 salieron a la calle revestidos de esas mismas togas y con la Constitución en la mano para protestar contra los ataques a su imparcialidad desde el Gobierno y el Legislativo.

Hace unas semanas hubo un atisbo de ello y nos avisaron de que todas las asociaciones se reunirían para emitir un comunicado contra los ataques a su independencia. Estaban pasando demasiadas cosas y no sólo era el ministro avanzando lo que iba a suceder jurisdiccionalmente u otros comentarios políticos. Al final sólo se unieron para reprochar la actitud de presión de los grupos feministas sobre los jueces. No digo que no llevaran razón, pero tengo el pálpito, como con Torrent, que era más fácil con feministas e independentistas que con otros. Débiles y fuertes.

Saben que he dicho muchas veces que no creo que haya presos políticos en España y no sé si es ya por convencimiento o porque sé que, de creerlo, tendría que asumir a qué me enfrento y tomar decisiones incluso personales. Puede que sea cobardía, no lo sé. El caso es que me resisto a usar el término, aunque saben que mi fe antes cerrada y firme en el sistema español está ya en el agnosticismo si no virando al ateísmo. En cualquier caso, acepto al menos que según los términos de la Resolución 1900 del Consejo de Europa, en sus apartados 3º, 4º y 5º, hasta es discutible que los haya. Depende de cómo la interpretemos.

Como no visto toga me evito tener que rasgármela cuando alguien pronuncie esas palabras. Como ciudadana sólo vivo con la preocupación de que puedan ser ciertas.

(Zona Crítica, El Diario)