Profesor de Sociología Universidad del País Vasco
Según las previsiones económicas de la Comisión Europea para finales de este año 2020, como consecuencia de un retroceso del PIB de la zona euro del 7,7% y de un auge del desempleo hasta el 9,6%, a pesar de las medidas multibillonarias tomadas por la Unión Europea y los países miembros para reactivar la economía y preservar el empleo, la deuda pública de la zona euro ascenderá al 102% del PIB frente al 86% a finales del año 2019. Grecia se aproximará al 200% frente al 176% en 2019 e Italia se enfrentará a un fuerte aumento de su deuda dado que pasará del 134% al 158% en un año. Francia y España tampoco estarán a salvo, puesto que sus deudas públicas respectivas transitarán del 98% al 116% en el primer caso, y del 95,5% al 115,5% en el segundo. En un plazo más o menos corto, tanto la Unión Europea como los Estados miembros se verán obligados a tomar medidas para proceder al pago de esta deuda. Ante esta situación excepcional, es preciso recurrir a medidas no-convencionales para no repetir los errores cometidos después de la crisis financiera de 2008, que se tradujeron por la aplicación de políticas de austeridad con efectos depresivos sobre la economía y que aumentaron notablemente el desempleo, especialmente en los países del sur de Europa.
La primera medida consistiría en anular la deuda contraída ante el Banco Central Europeo. En efecto, para evitar un fuerte incremento de las primas de riesgo y, por lo tanto, de los intereses que deberían pagar los Estados miembros a la hora de solicitar financiación en los mercados financieros, el BCE ha procedido a una compra masiva de bonos del tesoro de los Estados miembros. De modo que, hoy en día, el BCE tiene en su activo el equivalente al 48% del PIB de la zona euro, del cual un poco más del 30% corresponde a los Estados miembros. A finales de año, este ratio se aproximará al 60% del PIB. Una solución consistiría en anular esta deuda que se halla en posesión del BCE, medida que sin embargo no cambiaría nada mientras que las instituciones y los ciudadanos europeos continúen confiando en el euro y en el Banco Central Europeo. No en vano, esta opción podría ser cuestionada desde un punto de vista jurídico, dado que, en principio, el BCE no tiene derecho a financiar directamente a los Estados miembros. Además, podría enfrentarse a una oposición política ya que Holanda y Austria no son favorables a una mutualización de la deuda y a una flexibilización de la política monetaria europea. Ante ello, los economistas André Grjebine y Paul De Grauwe, respectivamente director de investigación en Sciences Po Paris y catedrático en la London School of Economics, sugieren "transformar la deuda poseída por la BCE en una deuda perpetua de los Estados (€) con una tasa de interés nula". Esto permitiría respetar la normativa en vigor y los equilibrios políticos, al tiempo que generaría el mismo efecto macroeconómico que una anulación de la deuda.
La segunda medida estribaría en la creación de un impuesto sobre las multinacionales con una tasa indicativa del 30%, como sugiere Lucas Chancel, codirector del Laboratorio sobre las desigualdades mundiales. "Para que cada empresa pague su justa parte del impuesto, este deberá ser calculado sobre el volumen de negocios realizado efectivamente en cada país y no sobre sus beneficios declarados". Esto evitaría una competencia entre los Estados miembros para atraer inversores rebajando la presión fiscal que pesa sobre las empresas. Además, permitiría tasar las multinacionales digitales, conocidas como las GAFA, que tienden a unificar sus cuentas de resultados para someterse al impuesto de sociedades en los países europeos, como Luxemburgo, que tienen la menor presión fiscal. Creando este impuesto, ningún Estado miembro, excepto los que practican el dumping fiscal, se vería perjudicado y esto obligaría a todas las multinacionales, sea cual sea su sector de actividad, a ser tasadas en función de sus volúmenes de negocio. Asimismo, permitiría enfrentarse a la presión de la administración norteamericana si esta última quisiera tomar medidas de represalia contra empresas y sectores ubicados en Europa.
La tercera medida radicaría en la instauración o en el restablecimiento de un impuesto sobre la fortuna por los Estados miembros. Por ejemplo, Francia podría restablecer el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), sustituido en diciembre de 2017 por un dispositivo que tasa únicamente la fortuna inmobiliaria (IFI). Mientras que el ISF permitía (recaudar) 5 billones de euros al año, el IFI solo permite recaudar 1,3 billones. Los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, ambos catedráticos de Economía en la Universidad de California en Berkeley y autores de la obra Le triomphe de l'injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie, consideran que la imposición a las grandes fortunas es perfectamente posible ya que existen varios ejemplos a nivel mundial y la fórmula está bien definida. Si bien reconocen que todas las formas de riqueza no son fáciles de valorar, como pueden ser las participaciones de empresas que no cotizan en Bolsa y ciertas obras de arte, "los problemas de valorización están a menudo exagerados, porque las economías (avanzadas) tienen unos derechos de propiedad bien definidos y asignan un precio a la mayoría de los activos". Asimismo, la gran mayoría de los países europeos disponen de administraciones fiscales eficientes.
La cuarta medida se fundamentaría en el reparto de dinero por el BCE directamente a los particulares en lugar de pasar por las entidades financieras. La "moneda helicóptero" consiste, para un banco central, en crear moneda y repartirla entre la ciudadanía bajo la forma de un dividendo ciudadano. Esta idea, inicialmente elaborada por Milton Friedman, ha sido retomada y denominada "quantitative easing para el pueblo". Como indica el catedrático de Política Económica Europea en la Universidad Católica de Lovaina, Clément Fontan, evitando el sistema bancario, "permite rodear el poder estructural de la finanza". A su vez, además de ser menos desigualitaria que la compra masiva de obligaciones por el BCE, permite no aumentar la deuda pública de la Unión Europea y de los Estados miembros. Si a corto plazo no se traducirá en un fuerte aumento del consumo de los hogares, dado que estos están expectantes ante las consecuencias socioeconómicas de la crisis del coronavirus, a medio plazo provocará una mejora de la confianza de las familias, un aumento del poder adquisitivo de las mismas y un incremento del consumo privado. Esto engendrará un auge de la demanda que reciben las empresas que deberán ampliar sus plantillas, lo que propiciará la creación de empleo, incrementará la masa salarial, ampliará la recaudación fiscal y disminuirá el gasto público.
En definitiva, la excepcionalidad de la crisis del coronavirus implica recurrir a medidas novedosas de cara a reducir progresivamente la deuda pública sin perjudicar el crecimiento económico ni la cohesión social.
(Deia)