Los expedientes por infracciones de las normas ambientales europeas (planificación hidrológica, saneamiento de las aguas residuales o polución del aire en las ciudades, entre otros asuntos) asedian al Gobierno. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha venido expresando reiteradamente su “enorme preocupación” por el retraso en la elaboración de los planes de cuenca de los ríos españoles, que tenían que estar hechos antes de finales del 2009. Arias Cañete ha insistido en su temor de que si hubiera una condena, el Estado español podría sufrir una sanción económica de la UE. Además, ese incumplimiento puede llegar incluso a comprometer inversiones con los fondos europeos. La autocrítica en materia de aguas ha sido utilizado sobre todo por el ministro para denunciar la “herencia recibida” del PSOE, pero hay otros litigios ambientales sobre la mesa a los que no ha hecho alusión.
- Recuperación de los ríos. Sólo Catalunya ha planificado.
La Comisión Europea ha presentado una demanda contra el Estado español en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de la directiva de aguas, que exige la recuperación del estado ecológico de los ríos y sus riberas antes del 2015. “Somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la directiva de Aguas”, ha reconocido el ministro Arias Cañete. El Gobierno no ha elaborado los planes (25) de cuenca, encargados de planificar el uso de agua. Los tenía que haber redactado antes de finales del 2009; pero sólo se ha completado uno: el de las cuencas de Catalunya. El de la cuenca del Ebro, por ejemplo, no ha prosperado por los desacuerdos sobre el caudal ecológico mínimo que debe aportar a su desembocadura, pues la Generalitat reclama dejar un mayor caudal en el Delta. Y, de la misma manera, en otras cuencas surgen otras discrepancias (sobre todo, por el trasvase periódico desde el Tajo hacia Murcia). El objetivo del Gobierno es tener listos los planes a finales del año 2013 o principios del 2014. Hasta entonces, no sabremos si se propondrán trasvases.
- Calidad de aguas residuales. Insuficiente depuración.
El Estado español tiene abiertos dos expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales. Es la consecuencia del retraso en la aplicación del plan nacional de calidad de las aguas. El Tribunal de Justicia de la UE exigió el 14 de abril del 2011 el saneamiento de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes. Sin embargo, en once de ellos ni siquiera han comenzado a construirse. El hecho podría comportar una multa coercitiva de 20 a 50 millones de euros al año desde el 14 de abril del 2011. Un segundo expediente por insuficiente tratamiento de las aguas residuales exige que se construyan 39 instalaciones para mejorar los vertidos sobre áreas de calidad ambiental cercanos a núcleos de población. El ministro se ha mostrado muy decidido a actuar en este campo.
Y, además, la Comisión Europea se ha interesado por la falta de depuración en los municipios más pequeños. Concretamente, hay una carta de requerimiento de información (primer paso del procedimiento contra el Estado español), con fecha del 30 de noviembre, por mal saneamiento de las aguas en 921 aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes.
- Polución del aire urbano. Por encima de lo permitido.
También hay expedientes abiertos por la polución en las grandes urbes. La Comisión Europea ha anunciado que llevará al Estado español ante el Tribunal de Luxemburgo por no cumplir las directivas sobre calidad del aire que rigen desde el 2005. Las grandes áreas urbanas, incluidas Madrid y Barcelona, han incumplido los límites máximos permitidos para las partículas sólidas en el aire (conocidas como PM10), procedentes de la combustión en los motores de los coches y las industrias así como del polvo de las obras públicas, entre otros focos de contaminación. Además, se prevé que la UE abra de oficio otro expediente porque Madrid y Barcelona rebasaronen el 2010 los límites sobre dióxido de nitrógeno (el otro contaminante vinculado al coche). Este verano, los funcionarios evaluarán la solicitud de prórroga presentada por Barcelona y el área sur de Madrid para acatar esta exigencia en el 2015. La atmósfera de la región de Barcelona pudo alcanzar en el 2010 los valores de calidad del aire exigidos para las partículas PM10 (gracias a las lluvias), pero en los dos últimos años rebasa el tope para el dióxido de nitrógeno. Hasta ahora, el ministro sólo ha hablado de reformar el plan de calidad del aire aprobado por el gobierno socialista, tachado de “voluntarista y falto de consenso”. Pero no ha dicho cuál es su solución. Queda por aclarar si restringirá algún día el acceso al centro urbano de los coches más antiguos y contaminantes.
- Espacios naturales. Demasiado impacto ambiental.
La UE ha denunciado al Estado español también por no haber analizado adecuadamente el impacto medioambiental de las minas de carbón a cielo abierto en el valle de Laciana (León) ni haber tomado las medidas correctivas necesarias para remediarlo. Las minas están en un espacio protegido de la red Natura 2000 (Alto Sil), donde habitan el oso pardo y el urogallo. También hay un expediente por falta de planes de gestión para las zonas de especial conservación de Canarias. Y todavía no está cerrado el caso del canal de regadío Segarra-Garrigues (condena firme), que afecta a hábitats de especies esteparias, aunque la Generalitat intenta organizar un riego compatible.
- Las reformas “centralizadoras” de Cañete.
El ministro Arias Cañete ha preparado el borrador de un real decreto ley de medidas urgentes destinado a dar al Estado competencias que ejercen las comunidades autónomas en materia de medio natural. El borrador pretende modificar la ley de Patrimonio Natural, y acabar con lo que él considera “disfunciones” en la gestión de los espacios naturales. El Gobierno central quiere que, cuando sobre determinados enclaves naturales graviten diversas figuras de protección legal de manera superpuesta (hay zonas que son, a la vez, parque natural, lugar de interés comunitario, espacio de la Red Natura 2000...), sea el ministerio el que unifique la protección en un único documento integrado y coherente.
La pretensión choca con la Generalitat. “Cuando en Catalunya confluyen varias figuras de protección, ya elaboramos un plan especial de espacio protegido único”, replica Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals.
Cañete también quiere que el ministerio sea el que dictamine que una obra promovida por la Administración central no afecta a un espacio de la Red Natura (un dictamen favorable preceptivo para obtener financiación de fondos europeos). “El Gobierno quiere certificar que una obra suya no tiene impacto en un enclave de la Red Natura 2000, pero esta es una competencia nuestra”, resalta Subirà. Cañete quiere derogar el artículo 21.2 de la ley de residuos, aprobada en el 2011, con lo que vetaría la reutilización de los envases. La ley abre ahora la puerta a crear un sistema de depósito y retorno de envases, en el que los ciudadanos pagarían una cantidad mínima al comprar una lata o una botella y la reciban de vuelta cuando la entregan. Así se intensificaría (con una vía adicional al actual circuito del contenedor amarillo) el reciclado y la reutilización de envases, cuyo niveles de recuperación tal vez no cumplen las objetivos europeos, según la fundación Retorna.
Antonio Cerrillo, La Vanguardia
