Crónica política
La aprobación de la nueva Ley de Suelo de Andalucía se intuye como el último gran proyecto que sacará adelante este Gobierno con el apoyo de Vox, una negociación de la consejera granadina, Marifrán Carazo. La oposición entra en modo electoral -con Macarena Olona prevenida- y aún queda alguna votación importante en diciembre. El bloqueo conducirá a elecciones
El pasado miércoles el pleno del Parlamento devolvió los presupuestos preparados por el Gobierno andaluz para 2022, que contemplaban una inversión de 346 millones de euros en Granada, de los que prácticamente la tercera parte (106) correspondían a la Consejería de Fomento. Las obras de ampliación del metro por el sur cuentan con 68 millones de los Next Generation; un compromiso larvado en la trastienda por la consejera Marifrán Carazo porque, en septiembre -y aunque no haya trascendido-, no era una iniciativa que entrase en los planes de Europa. El proyecto constructivo sí tiene que autofinanciarlo la Junta y, sin presupuestos, la consejera Carazo tendrá que hacer una nueva cabriola para sacar el dinero. Es un ejemplo de los escollos a salvar por no disponer de unas cuentas actualizadas.
PSOE, Unidas Podemos y Vox mantuvieron la enmienda a la totalidad y fue el portavoz de los de Satnaigo Abascal quien hizo el discurso con mayor carga política, hasta el punto de advertir a PP y Cs que ya no cuentan con su apoyo: "El tiempo con ustedes se ha terminado", sentenció como amante despechado Manuel Gavira.
Pero el tiempo es relativo y, al día siguiente, Vox apoyó la Ley de Impulso para la Sostenibildiad del Territorio de Andalucía (LISTA), que también contó con la abstención del PSOE. Forma parte del tacticismo parlamentario -o de la esquizofrenia-.Marifrán Carazo lo había cerrado con Manuel Gavira en un compromiso verbal en el patio del Parlamento horas antes. Se jugaba mucho porque es la norma de mayor calado político de este Gobierno y renueva otra ley a punto de cumplir veinte años. Carazo había anticipado su votación en el pleno, prevista inicialmente para dentro de dos semanas. Una decisión hábil -porque nadie sabe si en quince días la legislatura habrá saltado por los aires-, pero también arriesgada, porque se exponía a otro revés tan sólo un día después del tenso debate presupuestario. Lo consultó con Junma Moreno y decidieron arriesgarse.
En mayo, la Ley de suelo había corrido la misma suerte que el presupuesto al prosperar una enmienda a la totalidad registrada por Unidas Podemos, que tuvo el apoyo socialista y se encontró con la abstención de Vox como protesta por la acogida de menores inmigrantes desde Ceuta. Marifrán Carazo se dedicó a recoger el apoyo de colegios profesionales -hasta 36 de toda Andalucía- y también canalizó el respaldo de alcaldes de todos los signos políticos. Desde los suyos hasta el regidor socialista de dos Hermanas y 'sanchista' con pedigrí, Francisco Toscano.
Las negociaciones con Vox las ha llevado directamente la consejera, que también ha mantenido una línea abierta con el PSOE; por si acaso. El portavoz socialista en la materia ha sido el también granadino Gerardo Sánchez, aunque ha ejercido de interlocutor de peso Rafael Márquez, miembro de la ejecutiva de Juan Espadas y antiguo director general de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la etapa socialista. Con el PSOE estuvo abierta hasta el final la negociación por si fallaba Vox. Hubiese bastado con limitar aún más -como pretendían los socialistas- la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico. Marifrán no tuvo que destapar esa carta.
Cuenta la consejera que abandonó el pleno del jueves con un sabor "agridulce". La satisfacción por sacar adelante la LISTA, llamada a canalizar la reactivación económica, pero también la sensación encontrada por la imposibilidad de aprobar los presupuestos.
Tras lo sucedido esta semana, quizás, la que verdaderamente se ha quedado 'lista' haya sido la propia legislatura.
Vox está en clave electoral -también su candidata en ciernes, que el jueves tendrá acto en Huelva- y poco o nada va a colaborar con el Gobierno andaluz cuando se reabra el período de sesiones en febrero. Antes, en diciembre, previsiblemente llegue al Parlamento un decreto de simplifación de trámites administrativos. El PP tiene complicado sostener a toda costa la legislatura y, al mismo tiempo, denunciar que por falta de colaboración de la oposición se torpedean proyectos importantes y se frustran inversiones. Como mucho, podrá aguantar hasta marzo y, a partir de ahí, elecciones antes del verano.
Los populares saben que, en realidad, les han regalado media campaña.
(Ideal, 28/11/21)