Así se ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada este martes con la participación del diputado andaluz y coordinador provincial de IU, José Antonio Castro; el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Málaga, Carlos Blázquez; el secretario general de COAG en Málaga, Juan García Villalba, así como de representantes vecinales afectados por el proyecto y del exdiputado Antonio Romero, en calidad de portavoz de la plataforma.
Según han explicado, el proyecto vulnera normativa como las leyes básicas estatales del suelo, la ley de patrimonio rural y diversidad y la ley del desarrollo sostenible del medio rural; y han criticado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "vendió el circuito de pruebas como un proyecto que crearía una cantidad excesiva de empleos".
En este sentido, han asegurado que "hasta su responsable ha reconocido que no será posible", por lo que la plataforma "estudia" denunciar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por publicidad engañosa.
Castro ha puesto de manifiesto "la contradicción" entre el anuncio de creación de empleo y la destrucción de puestos de trabajo "que está generando, ya que para poner en práctica el anillo ferroviario es necesario arrasar cultivos y explotaciones, con la consiguiente pérdida de jornales y empleos que ello supondrá", ha señalado.
Asimismo, ha alertado de que las catas geotécnicas que se realizaron en la Sierra de Humilladero indicaban que había agua a 10 y 12 metros de profundidad, "mientras que la construcción del túnel llegará a los 50 metros". Ha precisado que esta sierra está conectada con la laguna de Fuente de Piedra, "una de las más importantes de Europa".
Los asistentes a la convocatoria han coincidido en señalar que no están en contra del proyecto, sino de su ubicación, ya que, a su juicio, existen otros espacios que no están protegidos ni poseen un alto valor ecológico y económico.
Además, han añadido que con las nuevas tecnologías es "muy fácil" conectar el centro de pruebas con el de innovación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y el taller de los Prados, implicados en el proyecto.
Por lo tanto, han afirmado que el proyecto es "fruto de un empecinamiento político", que "atenta contra una de las zonas agrícolas más productivas de la provincia".
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