Si hay que buscar una línea común en las medidas urgentes contra la crisis tomadas ayer por el Gobierno es la de la contradicción. No sólo ha sido aprobado lo contrario de lo que el PP defendió para llegar al poder sino que lo decidido parece más fruto de la improvisación que del rigor. "Mi intención es no subir los impuestos", proclamó Mariano Rajoy en el debate de investidura, para aprobar de inmediato una subida del IRPF que supone (pese a su carácter progresivo) cargar el peso de la recaudación sobre las rentas del trabajo, sin tocar apenas las del capital ni gravar a las grandes fortunas. El carajal de la nueva fiscalidad presentada por De Guindos y Montoro es tan incoherente que por un lado recupera la deducción por compra de vivienda y por otro sube el IBI. Es decir, estimula que alguien adquiera una casa para luego freirlo a impuestos por tenerla. No es algo novedoso, pero imponerlo en un mismo día tiene su mérito. El caótico paquete de Rajoy congela el salario mínimo de 641 euros, aunque descongela pensiones de más de 2.000. Todo por culpa, según el Gobierno, de una "herencia" que el presidente dijo que no iba a "denunciar". Estima que el déficit será este año del 8% y no del 6%, desviación que reconoce causada por la comunidades autónomas, casi todas gobernadas (por cierto) por el PP. Para compensarlo, mete la tijera a asalariados, funcionarios, dependientes, jóvenes... Y lo peor es que, según la vicepresidenta, esto es el "inicio del inicio" de nuevos "ajustes".Público