El ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero se quedaba con parte del dinero que destinaba a pagar los ERE para gastárselo en cocaína, copas y fiestas. Esa es la principal conclusión de la declaración que prestó ante la Policía su chófer el pasado 15 de diciembre dentro de la investigación judicial que se lleva a cabo por el fraude en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y que se destinaron a falsas prejubilaciones y ayudas a empresas de forma indiscriminada.Esas pesquisas que dirige la juez Mercedes Alaya tienen al que fuera director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez, como principal imputado, ya que se trataba de la persona que desde el Ejecutivo andaluz era encargado de conceder esas subvenciones y ayudas sin control. Guerrero admitió en su declaración, hace más de un año, que en la Junta había una partida económica, la 31-L que bautizó como «fondo de reptiles», dotada con 647 millones de euros, que destinaban a dar ayudas y subvenciones sin control además de a falsas prejubilaciones. El fraude empezaba desviándose dinero de la Consejería de Empleo a empresas públicas de la Junta para así eludir el control y fiscalización de los fondos. La Intervención advirtió en tres ocasiones a la Consejería de Economía y Hacienda, cuando la dirigía José Antonio Griñán, que ese procedimiento era irregular.
Ahora la investigación sube un escalón al conocerse que Guerrero también se gastaba para su uso personal en juergas parte del dinero. Fue su propio chófer, Juan Francisco Trujillo, quien de forma voluntaria declaró ante la Policía que recibió subvenciones por valor de 900.000 euros en 2004 de su entonces jefe, el ex director de Trabajo, sin que ese dinero se destinara al uso para el que se lo concedieron. Según la declaración policial a la que ha tenido acceso ABC, el chófer, investigado por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones, admitió que recibió de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta dos subvenciones de 450.000 euros cada una.
Las subvenciones se las otorgaron para dos empresas: una para Iniciativas Turísticas Sierra Morena, S.L y otra para Lógica Estratégica Empresarial S.L, ambas de su propiedad aunque en la primera también participaba su esposa con un 4 por ciento. Una de ellas tenía la finalidad de crear un negocio de casas rurales en la Sierra de Andújar y la otra una empresa de muebles y una oficina de asesoramiento. Sin embargo el dinero de la Junta no se destinó a eso. Según Trujillo, «no fue destinado para el uso para el que le fue concedido». Con una parte se compró un terreno en la sierra y con otra un piso en la calle San Luis de Sevilla. Y la otra parte «se la dio en mano a su jefe, Francisco Javier Guerrero que en aquella época era el director general.
El chófer aseguró que también «a solicitud de Guerrero», le compró varios efectos tales como «material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros». «Y la mayor parte la dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él. Y otros gastos como ir de fiestas y copas», admitió Trujillo que trabajó como personal laboral fijo en la Junta desde 1989 realizando la función de conductor de altos cargos y que desde finales de 2002 o principios de 2003 fue chófer de Guerrero y, según dijo, llegaron a entablar «una relación de amistad».
De hecho, todo se fraguó tomando copas ya que, según Trujillo «una tarde, en un local al que era muy aficionado Guerrero y al que finalmente él mismo llegó a aficionarse» su jefe le comentó «la potestad que tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada». E incluso le explicó cómo tenía que hacerlo. El alto cargo le dijo que le diera «unos nombres para concederles unas subvenciones» o bien que él mismo creara unas empresas para podérselas conceder a él». Trujillo preparó él mismo la documentación para las ayudas con las directrices que le marcó Guerrero. Unos documentos que consistieron únicamente en «un par de folios en cada uno de los expedientes que teóricamente contenían un plan de viabilidad de un negocio» y que además se lo entregó en mano al director general de la Junta.
- Y tenía pistola.
El chófer, al que la Junta despidió hace dos años, también fue preguntado por una pistola que entregó a la Policía. Cuando le preguntaron, aseguró que se la dio un Guardia Civil hace cuatro o cinco años y le dijo que estaba inutilizada ya que tiene incluso el certificado de inutilización «que no encuentra» pero que va a localizar.
- Nadie en la Junta le ha pedido que devuelva las subvenciones.
Esa confesión llama la atención porque la Junta de Andalucía ha insistido en que recuperará el dinero defraudado y que ha cuantificado en unos diez millones de euros.
Nadie de la Junta de Andalucía ha solicitado a Juan Francisco Trujillo, ex chófer del que fuera director general de la Junta de Andalucía, que devuelva las cantidades que le otorgaron. Según consta en su declaración, «ningún organismo de la Junta o cualquier otro se ha puesto en contacto con él o le ha requerido para la devolución de ambas subvenciones o le han pedido explicaciones del destino del dinero».
Esa confesión llama la atención porque desde que estalló el escándalo, la Junta de Andalucía no sólo ha proclamado su intención de aclarar el caso personándose en la instrucción sino que también ha insistido en que recuperará el dinero defraudado y que la propia Junta ha cuantificado en unos diez millones de euros.
Para rescatar parte de ese dinero la Fiscalía Anticorrupción pidió fianzas por valor de 2,8 millones de euros para 14 imputados. Sin embargo la juez fue más allá y solicitó fianzas por 4,7 millones de euros a 16 imputados, entre ellos varios «intrusos» que se beneficiaron de pólizas al figurar en ERE de empresas en las que nunca trabajaron.
Entre esos imputados se encuentra la suegra del propio Guerrero, el ex alcalde de la localidad sevillana de El Pedroso y otros militantes socialistas y amigos del ex director de Trabajo, la mayoría de la Sierra Norte de Sevilla. Sin embargo, Alaya ha advertido que la instrucción está aún en el primer escalón de la pirámide y es posible que suba más arriba. La juez estima que el dinero salió del erario público de manera presuntamente ilícita con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta» y con la mediación de «muy distintos personajes», que abarcan desde empresarios, sindicalistas, asesores y aseguradoras. «Todo ello —dijo— para favorecer a amigos, familiares y, en definitiva, círculos próximos del PSOE».
La juez pidió hace días las modificaciones de las partidas presupuestarias efectuadas por el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, cuando era consejero de Economía de la Junta. Y en un auto reciente, la juez señaló que Griñán era el máximo responsable de la «concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década.
Mercedes Benítez, ABC