La actitud burda e injerencista del nuevo Gobierno español, que se plegó recientemente a una campaña internacional de descrédito contra la Revolución cubana, causó indignación en el Ayuntamiento del municipio de Oleiros, Galicia.
Una declaración institucional, firmada por el alcalde de esa localidad, Ángel García Seoane, cuestionó las difamaciones de la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre supuestos maltratos a presos “contrarrevolucionarios o disidentes” en las cárceles cubanas.
“Basta ya de difamar y manipular los hechos para atacar a un Estado soberano que no acata a ningún imperio ni gobierno lacayo de turno”, reclamó el texto.
Si alguien viola constantemente los derechos humanos —continúa— son aquellos que incumplen las leyes internacionales y entran en los países a bombazo limpio; los que asesinan científicos con sofisticados métodos de terror; los que bloquean económicamente territorios para doblegarlos a los intereses de las multinacionales; los que secuestran personas en distintas partes del mundo, encerrándolas en cárceles inhumanas, como Guantánamo, y sin derecho a juicio las someten a toda clase de torturas.
Por esas razones, el Ayuntamiento de Oleiros exigió que el Gobierno de España deje de sumarse a campañas difamatorias contra la República de Cuba, ejemplo de solidaridad con los países más desfavorecidos del mundo.
Asimismo, demandó que se requiera al presidente Barack Obama para que cumpla su compromiso con el pueblo estadounidense de clausurar la ilegal base de Guantánamo, y entregue el territorio a su legítimo propietario, Cuba.
Para suerte de España y su pueblo, aún quedan en la península algunos políticos que, parafraseando a aquel cubano eterno, tienen en sí el decoro de muchos, cuando hay muchos sin decoro.
Sergio A. Gómez, Granma