Reconozco que estoy escandalizada. La utilización política que se está haciendo de la sentencia condenatoria contra el juez Garzón me parece obscena. La izquierda vociferando, contra un fallo dictado por unanimidad por el más alto Tribunal de nuestro país, para defender desde la política y la calle lo que el propio juez no ha podido defender en los tribunales: que no prevaricó.Pero vayamos por partes. Griterío es la carta remitida por el propio juez Garzón tras conocer la sentencia, en la que se erige –una vez más– en el gran defensor de la ética legal, alegando que el fallo «elimina toda posibilidad de investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuyendo gravemente a laminar la independencia de los jueces en España» (sic). En su opinión, siete magistrados han abierto espacios de impunidad por no haber respaldado sus prácticas delictivas.
Escándalo es que Organismos de Derechos Humanos se están manifestando a favor de un juez que no ha respetado el derecho a la defensa de un imputado. ¿Acaso los organismos de Derechos Humanos no deben defender los derechos fundamentales de una persona en un sistema de libertades como el nuestro, incluso si esa persona está en prisión?
Y provocación es el artículo que leo, en defensa de Garzón, de quien fue directora general de Instituciones Penitenciarias cuando se produjeron las escuchas del «caso Gürtel». La señora Gallizo llega a decir que hay un juego repugnante «de utilización de los principios del Estado de Derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos». Olvida la señora Gallizo, y quienes piensan como ella, que la delincuencia, de altos o bajos vuelos, en un Estado de Derecho sólo se combate desde la Ley.
La pregunta que cabe hacerse es muy sencilla: ¿los que hoy protestan contra la inhabilitación de Garzón estarían dispuestos a que su particular derecho de defensa fuera allanado? Y otra más: ¿acaso no es sospechoso que un juez sea el estandarte de una determinada ideología política? El ciudadano acude al juez en busca de independencia, imparcialidad y aplicación estricta de la Ley. Y me temo que en la trayectoria de Garzón este principio no siempre ha sido el caso. Un juez que abandonó la carrera para entrar en política y volvió a la judicatura para perseguir a su político mentor no es un ejemplo de virtuosismo. Ahora, de acuerdo con esa trayectoria, ha obrado retorciendo la Ley pretendiendo encontrar en Gürtel los trajes de Camps. No lo consiguió. Es más, semejante empecinamiento le ha valido la inhabilitación. Nada menos que los siete magistrados que le han juzgado, por unanimidad, así lo han dictado. Pues eso...
La Razón