La actuación se deriva de una queja elevada por el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. En la respuesta, recogida por Europa Press, la Defensora explica que tras escuchar las alegaciones de la DGP, le ha dirigido un recordatorio de deberes legales y dos recomendaciones por este asunto.
En concreto, solicita a la DGP que se impartan "las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales".
En esta línea, recomienda que se arbitren "mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".
Asimismo, en otra de las recomendaciones, la Defensora del Pueblo solicita la modificación de la Circular 1/2010 de 25 de enero que pedía agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores a inmigrantes sin permiso de residencia "a fin de que sean correctamente interpretados los supuestos de 'detención cautelar' y traslado a comisaría de ciudadanos extranjeros identificados".
La Alta Institución recuerda a la DGP su "deber legal" de "no proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados si no se dan los presupuestos legales de una detención penal", de una retención en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de una de las detenciones cautelares contempladas en la Ley de Extranjería.
Conforme recoge el escrito, cuando la Dirección General fue preguntada por este asunto remitió un informe argumentando que las identificaciones no están vinculadas a la Ley de Extranjería ni a la Circular 1/2010, porque obedecen a "labores preventivas que afectan tanto a ciudadanos extranjeros como españoles'".
Además, la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, explicó que "el traslado a comisaría de un extranjero debidamente identificado pero en situación irregular en España encuentra amparo legal", tanto en la Ley de Extranjería como en la de Seguridad Ciudadana.
"Este organismo considera que la conducción del extranjero a comisaría, aún llevando consigo la oportuna identificación, es una 'interpretación integradora del ordenamiento jurídico basada principalmente en los textos citados", explica la Defensora del Pueblo.
En su informe, la DGP recuerda que "es obligación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y que la normativa atribuye al Cuerpo Nacional de Policía "las funciones previstas en la legislación de Extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión emigración e inmigración", obligación que, de no llevarse a cabo "podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria por dejación de facultades o deberes".
Europa Press