Las próximas elecciones de julio que definirán los cambios en la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y algunas gubernaturas estatales, congresos locales y presidencias municipales, condicionan y enmarcan las actividades políticas y sociales en toda la geografía del país, mayormente cuando las tres formaciones principales han definido ya sus candidatos. El Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, tiene como gallo a Enrique Peña Nieto; el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano han formado el Movimiento Progresista y postulan a Andrés Manuel López Obrador, y el Partido Acción Nacional promueve la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Desde el punto de vista legal, sólo falta el registro de los candidatos y el arranque formal de la campaña electoral.
En ese marco se produce la firma del Pacto de Unidad de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República, y la Organización del Pueblo y los Trabajadores, que tiene como columna vertebral al Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia. Por los firmantes, el contenido y la coyuntura actual, este pacto es un hecho político que influirá y pesará en la movilización y el voto de la clase obrera y otros asalariados. Es una decisión muy positiva, correcta y adecuada.
En el acto público de suscripción de los compromisos con la OPT, celebrado el 4 de febrero en Villa Nicolás Romero, Estado de México, con la claridad que le es tan característica Andrés Manuel señaló: “En las últimas tres décadas se ha impuesto un modelo económico que ha sacrificado a los trabajadores mexicanos. Es evidente la pérdida del poder adquisitivo del salario. Los derechos laborales son ignorados y atropellados. Las conquistas sociales amparadas por la Constitución van desapareciendo mientras que la mayoría de las familias de los trabajadores padecen una drástica caída de sus niveles de vida.
La política económica actual ha desmantelado la industria nacional y ha privatizado sectores estratégicos de la economía nacional. La consecuencia ha sido el desempleo y los bajos salarios.
“La migración económica de millones de mexicanos, el trabajo informal, la subcontratación y las nuevas formas de trabajo precario, se han convertido en el distintivo de las relaciones laborales”.
Para enfrentar y superar esta situación de crisis, el principal líder de masas de la izquierda mexicana llama a imponer un nuevo régimen político y un nuevo modelo económico.
De llegar a la Presidencia de la República, López Obrador se compromete a tener como puntos centrales: respetar la legalidad en materia laboral, acatar la Constitución y aplicar de manera estricta la Ley Federal del Trabajo; promover la democracia y la libertad sindicales, respetar la voluntad de los trabajadores para organizarse en la forma en que mejor convenga a sus intereses y desterrar la simulación y la corrupción que se dan en el ámbito estatal, patronal y sindical; facilitar la existencia de sindicatos democráticos, representativos y autónomos de los gobiernos, patrones y partidos políticos; respetar la vida interna de los sindicatos y no proteger a caciques sindicales y líderes vitalicios; promover salarios remuneradores y aumentarlos por encima de la inflación; impulsar un desarrollo que incluya el crecimiento económico, el fortalecimiento del mercado interno y el aumento de la productividad y de la competitividad del país, acompañados del reparto de los beneficios a los trabajadores; proteger el trabajo, la estabilidad laboral y las prestaciones sociales garantizadas en la ley, y promover el empleo formal y bien remunerado.
La crisis que enfrenta México; el riesgo en que están el Estado y la soberanía nacionales; la subordinación del país a tratados económicos y políticos internacionales lesivos para los mexicanos y la implantación de un proceso de recolonización y ocupación de nuestro territorio; la privatización, el desmantelamiento de la industria y la economía nacionales y la desnacionalización de sus sectores estratégicos; el debilitamiento del mercado interno, los bajos salarios, el desempleo y la precarización laboral; la migración económica forzada y la informalidad, y el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando de armas y mercancías y el lavado de dinero, sólo podrán enfrentarse y revertirse mediante la unión de quienes buscan reconstruir la nación a partir de la lucha por la soberanía, la justicia social y la democracia, por lo que se requiere construir una nueva mayoría compuesta por las clases trabajadoras y por todos los elementos patriotas, demócratas y progresistas que trabajen a favor del interés nacional y popular.
En función de los señalamientos anteriores, Andrés Manuel López Obrador y la OPT signan los siguientes compromisos mínimos:
1. Restitución de la legalidad constitucional.
2. Democracia participativa: revocación de mandato, referéndum, consulta pública, candidaturas ciudadanas, democratización de los medios de comunicación y derecho a la información. Acabar con la partidocracia con una nueva legislación electoral que permita el registro de nuevos partidos y la ciudadanización de los órganos electorales. Democratizar el poder judicial y elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto popular. Reducción sustancial de los salarios y de los privilegios de la alta burocracia de los poderes del Estado y de los órganos electorales. Ningún funcionario debe ganar más de 50 mil pesos mensuales ni tener aumentos superiores a los fijados al salario mínimo.
3. Consulta nacional y referéndum sobre los tratados internacionales que lesionan la soberanía nacional.
4. Revisión y ajuste de las leyes que regulan la propiedad de la tierra en el campo, las concesiones mineras, de telecomunicaciones, hídricas y de todo el sector energético. Revisión y saneamiento de las deudas públicas.
5. Aprobación de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Promover un programa de rescate al campo.
6. Establecimiento de los derechos de ciudadanía, de un mínimo vital que garantice el derecho universal a empleo digno, alimentación, salud, vivienda, tierra, educación y cultura.
7. Defensa de la educación pública, gratuita y laica. Rechazo a la reforma neoliberal a la educación y a la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.
8. Respeto a la vida interna de los sindicatos y de las organizaciones sociales. Restitución del empleo y sus condiciones de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Solución a las demandas del sindicato minero y a l@s trabajador@s de Mexicana de Aviación. Restituir Luz y Fuerza del Centro.
9. Restitución de los fondos de jubilación y vivienda a los trabajadores. Administración pública y social de los fondos de ahorro. No a las nuevas leyes del Seguro Social y del ISSSTE.
10. Libertad a los presos políticos y presentación de desaparecidos.
11. Plan para poner fin a la guerra fratricida desatada por Calderón y el gobierno de los Estados Unidos. Por una Paz con Justicia y Dignidad.
Los puntos expuestos constituyen la base de la alianza de principios, programática y consecuente de AMLO y la OPT, que los trabajadores deben apoyar, fortalecer y desarrollar. El 1 de julio, los obreros, empleados, técnicos y profesionistas asalariados deben ejercer sus derechos ciudadanos votando por Andrés Manuel López Obrador y los candidatos del Movimiento Progresista. La recuperación y reconstrucción de México así lo exigen.
La Haine