Dice que su toga no se manchará con el polvo del camino, que está colgada en la percha del principio de legalidad e imparcialidad. Insiste en que la petición de perdón no es suficiente para favorecer a los etarras, que la prisión permanente es constitucional y que el Rey no puede limitarse a ser una esfinge
La entrevista coincide en el tiempo con la visita de Artur Mas a Madrid y la bronca independentista de Cataluña. Aunque tiene un criterio político sobre el asunto, se mantiene al margen, apelando a la separación de poderes, pero sí entra en la interpretación constitucional del tema. Haciendo honor a su pasión por el cine y su condición de crítico de primerísimo nivel, muchas respuestas culminan con un ejemplo de película, de tal modo que recuerda la moraleja de Matar a un ruiseñor con Gregory Peck o Anatomía de un asesinato, con James Stewart, cuando se entra en materia sobre la vulnerabilidad del jurado popular o su posible contaminación mediática.
- Cuando dice que tendrá tolerancia cero con los pupilos de ETA, ¿significa que se está investigando a la izquierda abertzale y mirarán con lupa las listas electorales?
- Estamos y estaremos vigilantes con los comportamientos preelectorales, electorales o postelectorales de cualquier coalición o partido que pudiera desbordar la legalidad. Se está investigando a los integrantes de las listas electorales, dentro de los términos estrictos de legalidad, con los límites establecidos por el Tribunal Constitucional.
- Vamos, que no descarta la impugnación de alguna lista de Sortu o Bildu.
- No descarto alguna impugnación de las listas o de algunos de sus miembros cuando crucemos los datos que ya tenemos.
- ¡Qué frustración! para la Fiscalía General no haber tenido éxito en su voluntad de impedir la libertad de Bolinaga, ¿no?
- No hay frustración, sencillamente decepción porque no hayan valorado unas tesis que estaban muy fundamentadas en derecho y que impedían que el señor Bolinaga accediera a la libertad condicional, pero los tribunales están para dirimir controversias acerca de la aplicación de la ley y así ha sido.
- Permítame un inciso. ¿Usted también cree que las togas deben mancharse con el polvo del camino?
- Mi toga está colgada en la percha del principio de legalidad e imparcialidad.
- Pues será usted el único fiscal general que no sea el del Gobierno de turno. Todos lo han sido…
- Yo no juzgo ninguna de las conductas de mis antecesores. El Ministerio Fiscal no tiene ninguna dependencia del Ejecutivo, salvo la del nombramiento del fiscal general, que debe comportarse con la mayor autonomía funcional interna y externa. Ese es mi propósito.
- ¿Me está diciendo que ni ha recibido ni aceptaría órdenes por parte del Gobierno? ¿Qué hará si eso no fuera así?
- Efectivamente, ni he recibido ni aceptaría órdenes del Gobierno. Y si en algún momento cambiara ese comportamiento, yo renunciaría a mi cargo de fiscal general del Estado, sin dudarlo.
- Oiga, ¿la petición de perdón es suficiente para favorecer a un preso, como pretende Otegi?
- La petición de perdón es uno de los elementos, pero no es el único, hay que valorar la sinceridad. No bastan las palabras, sino actuaciones, hechos e influencias.
- Usted ha dicho que no va a tolerar humillaciones a las víctimas. ¿A qué se refiere?
- No se puede tolerar humillación alguna a las víctimas ni apología a los verdugos. Y yo lo evitaré. Es evidente que las víctimas nunca van a imponer una política judicial o de gobierno, pero ignorarlas sería no sólo un error, sino una enorme injusticia.
- Usted sostiene que ETA puede volver a matar. ¿Por qué? ¿Tiene datos que lo avalan?
- Simplemente porque mientras no se produzca la disolución de una organización terrorista que tiene un arsenal y una ideología, no puede cerrarse esa página de la criminalidad. La página de ETA no está cerrada.
- ¿Se suma a quienes dicen que la prisión permanente revisable puede ser inconstitucional?
- No. Constitucionalmente no debería haber excesivos problemas para la prisión permanente, siempre que se ajuste a la reinserción y la reeducación, pero su aplicación sería con un criterio de excepcionalidad, sólo para delitos y perfiles de criminalidad que revelen la necesidad de cooperar penitenciariamente.
- Vamos, que una figura así se podría aplicar, además de para los terroristas, para casos gravísimos como el del Bretón o Marta del Castillo.
- Sin duda, se podría aplicar a casos así, pero también para agresiones sexuales violentas o múltiples, o en delitos que afectan a la dignidad de personas y menores, como el tráfico de seres humanos, etcétera...
- Pues algunos de esos delitos los juzgan jurados populares y es difícil evitar una contaminación mediática, ¿no?
- El gran desafío de los jurados y los tribunales profesionales es que las campañas mediáticas no impidan las garantías para los acusados. Respecto al jurado popular, la presión mediática puede ser mayor y probablemente no es el mejor sistema, pero es el que tenemos y debemos confiar en él.
- ¿Qué tipo de órdenes ha dado usted sobre el caso Nóos, que puede afectar a la jefatura del Estado?
- No he tenido que dar ninguna orden ni al fiscal jefe anticorrupción ni a ningún fiscal. Estoy puntualmente informado de la marcha de las investigaciones y de su perspectiva procesal, que tiene un horizonte relativamente cercano.
- Pero Urdangarin no es un ciudadano cualquiera, ni es igual ver en el banquillo al yerno del Rey que a otro delincuente. ¿O sí?
- Para mí, los delitos de corrupción económica son la prioridad. Y, por supuesto, el señor Urdangarin va a tener el mismo trato que el resto de las personas imputadas. Ni ha tenido ni tendrá trato de favor. No se le van a disminuir las garantías ni aumentar los derechos.
- ¿Y tampoco va a negociar la conformidad?
- No vamos a negociar la conformidad, porque la negociación es un instrumento muy definido, que tiene límites penales y procesales. Mientras no haya una propuesta de pena no vamos a negociar nada en absoluto. Tendrá que ser la parte la que ofrezca un acuerdo de conformidad no solo al Ministerio Fiscal, sino al resto de las partes procesales. Y esa es una situación utópica.
- Vamos, que si tiene que ir a la cárcel irá.
- Como cualquier ciudadano. Urdangarin no es diferente.
- Cuando Artur Mas dice que va a poner en marcha las estructuras de un estado independiente, ¿se trata solo de una quimera o, llegado el caso, se debería aplicar la ley y la Constitución sin más?
- Yo debo respeto a las decisiones políticas y como fiscal solo tengo un horizonte, que es que se cumplan la Constitución y las leyes. Los límites de la Constitución son claros y tajantes sobre las autonomías y la nación, y el reflejo de la Constitución está en el Código Penal. No voy a hacer ningún comentario sobre el presidente de la Generalitat, que me merece mucho respeto.
- ¿Qué entiende el fiscal general por un acto de secesión?
- Lo que dicen el Código Penal y la Constitución. Exactamente eso.
- ¿Y el Rey ha sobrepasado su función constitucional alertando contra quienes en España alientan disensiones, persiguen quimeras y ahondan en las heridas?
- El Rey jamás ha descuidado su papel constitucional. Ha ejercido siempre un papel moderador, pero eso no significa que tenga que adoptar una posición de esfinge. Su reflexión en modo alguno desborda el criterio de figura moderadora de la Monarquía parlamentaria.
- Sin embargo, le han acusado de no ser neutral y no respetar la libertad de expresión…
- La libertad de expresión del Rey no es la de todos los españoles, sino la que corresponde a una figura de moderación parlamentaria y en ningún momento ha desbordado ese papel moderador que incluye su defensa de la unidad de España. Ojalá en estos tiempos tan duros, económica y políticamente, haya personas capaces de renunciar a parte de su ideología y de sus estrategias partidistas en beneficio de un acuerdo nacional.
- Pues tras el desafío independentista de Cataluña ya se ha recordado que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar…
- La Constitución está para ser respetada y utilizada con sensatez y moderación. Ningún artículo de la Constitución es retórico, todos los artículos tienen sentido y su ejecución ha de ser contemplada con un espíritu constitucional. Ésta es una gran nación cuando todos estamos de acuerdo en superar nuestras diferencias y hemos sido una nación convulsa cuando olvidamos que convivir supone renunciar y consensuar.
- El juez Ruz ha concluido la instrucción del caso Faisán y le pide a la Fiscalía que se pronuncie. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Se dará carpetazo al asunto?
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional inicialmente dijo que no había un delito de colaboración con banda armada, sino de revelación de secretos que afectaba a dos funcionarios policiales y no al tercero, al subdirector general de la Policía. No se dará carpetazo al caso, porque ya hay al menos dos imputados y veremos si las investigaciones del juez permiten una modificación de la posición de la Fiscalía.
- ¿Por qué la propuesta de que sea el fiscal y no los jueces quienes hagan la investigación mejorará las sentencias?
- Es un error vender que sustituir al juez de instrucción por el fiscal va a solucionar los problemas de los procesos penales. Eso no es así. Si el fiscal es al final quien debe sostener o no la acusación, parece lógico que realice la gobernanza de las labores de investigación. Es una razón de eficiencia para mejorar la velocidad de los procesos y la concentración de los mismos.
- ¿Qué le parece la modificación de la custodia de seguridad? Porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha cuestionado su cumplimiento.
- Cuando vea el texto me pronunciaré, porque es un tema complejo. Los mensajes de Estrasburgo y las experiencias de otros países deben servir para andar con pies de plomo. El proceso penal no puede tener la perspectiva de venganza ni de expiación.
- ¿Cuáles han sido sus órdenes a los fiscales respecto a la corrupción política y financiera? ¿Se irán de rositas los responsables de las cajas, casi todos políticos?
- La orden es de máxima presteza a estos temas para que la marcha procesal sea rápida. Tengo claro que se sentarán en el banquillo todos los que podamos probar su participación en un hecho delictivo.
Esther Esteban, El Mundo