El subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, dice que no se podrá distinguir entre inversores y pequeños ahorradores para dar una solución al problema de las participaciones preferentes, y que cualquier vía de solución deberá articularse al margen de la reforma financiera y del proceso de reestructuración del sector bancario español.
Así lo aseguró durante su comparecencia ante la subcomisión de Seguimiento del FROB en el Congreso, según consta en las actas de la sesión, que recoge Europa Press. "Aquellas entidades que vayan a precisar apoyo público tienen que hacer ejercicios de reparto de la carga, y esto afectará a preferentes y a subordinadas", afirma de forma tajante.
A renglón seguido, recuerda que la CE impone "exigencias de un rigor muy elevado" en las condiciones de recapitalización de entidades bancarias, lo que deja un margen de maniobra "enormemente limitado" para poder dar una solución a los pequeños ahorradores que pusieron su dinero en productos complejos. "Los recortes exigidos a estos instrumentos van a ser muy sustanciales", insiste.
De hecho, Restoy asegura que ni el decreto ley de Reforma Financiera aprobado en agosto --y actualmente en tramitación parlamentaria como proyecto de ley-- ni el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario "permiten absolutamente ningún tipo de discriminación entre instrumentos en manos de inversores minoristas e instrumentos en manos de inversores mayoristas", por lo que ambos recibirán el mismo trato.
En concreto, todos los tenedores de productos híbridos como deuda subordinada o participaciones preferentes en entidades que reciban recursos públicos podrán canjear sus títulos a precios de mercado más un 10%, lo que supondrá una pérdida de, al menos, el 80% de su inversión inicial, independientemente de si fueron víctimas de una comercialización fraudulenta o no.
- No puede aumentar la factura pública.
Y es que, argumenta el subgobernador, el objetivo principal es evitar que los rescates a entidades financieras aumenten la factura pública. "Éste es el concepto, nos guste o no nos guste. Al final, es un juego de suma cero: esto de que lo que se reconozca a los preferentistas y a los subordinados es un aumento automático en la factura para el sector público a la hora de inyectar capital en las entidades (es contrario) al principio de tratar de minimizar el coste para el contribuyente", apunta.
De hecho, alega que dar un "trato especial" a estas personas es un tema que "compete" al Gobierno y al Congreso, y que en cualquier caso tendría que hacerse "al margen completamente" de las reformas financieras y las reestructuraciones y recapitalizaciones.
"Cualquier otro tipo de solución, que puede ser absolutamente legítima, tendrá que estudiarse, analizarse e instrumentarse al margen de este marco", concluye Restoy, recordando que "desde luego, si hay un problema de comercialización, pues tendrá evidentemente que investigarse tanto en sede administrativa como en sede judicial, como está ocurriendo".
En este sentido, el presidente del FROB asegura que se está colaborando con las instancias judiciales en la "depuración de posibles responsabilidades" en la gestión de entidades bancarias así como para "recuperar, en su caso, fondos que minimicen los costes de los procesos".
"En la medida en que se aprecien indicios de la posible existencia de operaciones de razonabilidad económica dudosa, el FROB encarga un análisis de esas operaciones, informes forenses, a fin de evaluar la posible existencia de indicios de delito que, de manera inmediata, se trasladan a la Fiscalía o al correspondiente juzgado", concluye.
Europa Press