La violenta acción que protagonizó un grupo de extrema derecha el 11 de septiembre en Madrid ha concentrado el foco mediático en este sector ideológico y ha evidenciado una paradoja: ¿por qué la ultraderecha tiene una débil presencia institucional si el contexto actual debería favorecer su crecimiento?. Los indicadores al respecto son claros: la crisis económica eleva el paro al 26%, crecen la desafección política y la desconfianza en las instituciones, y la población inmigrante alcanza el 11.7% del total. Sin embargo, la extrema derecha no capitaliza esta "tormenta perfecta". Para comprenderlo debemos remontarnos al final del franquismo.
- El peso de la nostalgia.
En 1975, este espectro ideológico estaba fragmentado y su mensaje, anclado en la Guerra Civil, tuvo escaso atractivo. Identificó la democracia con la "Anti-España" derrotada en 1939 y quiso restaurar un pasado imposible, como ilustró una de sus consignas: "Franco resucita, España te necesita".
Su única formación de masas, Fuerza Nueva, no supo adaptarse a la competencia electoral. Careció de programa, osciló entre la inserción en el sistema y la exhortación a destruirlo y su éxito fue efímero. Tras obtener un escaño y casi 380.000 votos en los comicios de 1979, en los de octubre de 1982 compitió con el golpista Antonio Tejero y se hundió ante Alianza Popular. Desde entonces AP/PP monopolizó el voto útil antisocialista y contra los nacionalismos "periféricos", mientras la ultraderecha se atomizó entre querellas internas y devino irrelevante.
- La difícil renovación.
En este marco, en los años ochenta y noventa se sucedieron iniciativas para modernizar este espacio político y darle proyección pública. Las estimuló el ascenso del Front National francés, que relegó a un plano discreto la nostalgia del pasado e hizo bandera de la inmigración y en las elecciones europeas de 1984 dejó de ser extraparlamentario al captar el 11% de los votos. Una proeza que lo convirtió en modelo a imitar.
Pero parte de la extrema derecha española fue refractaria a seguir la vía de hacer tabla rasa del franquismo y adoptar una xenofobia contraria a su cultura política, marcada por el catolicismo (defensor de la igualdad humana) y la Hispanidad (que une a los pueblos hispánicos). Se perfilaron así dos polos ideológicos en este ámbito que han perdurado. Uno se mantuvo en las coordenadas tradicionales y fue visible en el retorno político de FN como Frente Nacional entre 1986 y 1994. Otro pugnó por promover partidos homologables al lepenismo, como reflejó en 1995 la creación de Democracia Nacional . Esta división de la ultraderecha (que no es de fronteras claras), su falta de líderes carismáticos y su incapacidad de aunar esfuerzos le ha impedido vertebrar un gran partido estatal que rentabilizara en las urnas la crisis actual.
Sólo han despuntado dos nuevas formaciones a nivel local y en la periferia del Estado: la Plataforma per Catalunya (que posee 67 ediles en Catalunya) y España 2000 (con 4 ediles en la Comunidad Valenciana y uno en Alcalá de Henares). En este escenario, Madrid acoge un espectro grupuscular irrelevante a nivel estatal y en el que persiste el viejo escuadrismo de consignas primarias, como mostró el asalto al centro Blanquerna.
- La ilegalización, a debate.
Ahora la demanda de ilegalizar partidos de extrema derecha generada por el episodio abre un debate complejo. Si se trata de prohibir aquellos cuyos líderes enaltecen a seguidores que agreden o cometen actos vandálicos estamos ante un problema que deben resolver los magistrados. Pero si se pretende excluir a formaciones por su ideario podemos adentrarnos en un campo peligroso. Por una parte, porque vetar ideas no las erradica: un 20% de votantes de Vic apoya a la PxC e ilegalizarla no cambiará sus ideas. Por otra parte, porque prohibir partidos puede ser contraproducente: los victimiza, refuerza a sus sectores radicales y su impacto final no está claro (el Vlaams Blok flamenco fue ilegalizado el 2004 y continuó como Vlaams Belang). Ilegalizar partidos, en suma, requiere una reflexión serena: puede judicializar la política y eventualmente limitar las libertades en lugar de fortalecerlas.
- Más de 10.000 ultras en todo el Estado.
Los miembros de grupos de ultraderecha son ya más de 10.000 en toda España, según los cálculos del último informe Raxen elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia. Este colectivo que lleva ya más de 20 años estudiando el fenómeno de las agresiones racistas y la violencia explica que la ultraderecha llega ya a todas las comunidades españolas y que cada año protagoniza alrededor de 4.000 agresiones contra miembros de colectivos estigmatizados: inmigrantes, gitanos, mendigos, homosexuales, etcétera.
El Movimiento contra la Intolerancia detalla que la mayoría de las agresiones no son denunciadas, especialmente por parte de los inmigrantes o las personas sin hogar, que suelen mantener a la Policía a la mayor distancia posible. Por si fuera poco, en España no existe hasta ahora una tipificación específica para los denominados delitos de odio, por lo que resulta complicado tener datos oficiales.
Lo más peligroso de este tipo de grupos no es ni su ideología ni su propaganda, sino sus actos de violencia. El Movimiento contra la Intolerancia tiene contabilizados más de 80 homicidios desde que comenzó su trabajo en el año 1991.
Una de las principales actividades de los grupos ultras es la difusión de su ideología. Su larga trayectoria hace que abran y cierren las webs con enorme destreza, multiplicando su efecto propagandístico. El informe Raxen estima que existen en la actualidad unas 1.500 webs ultras. Los partidos de ideología fascista registrados suelen tener sedes oficiales y organizan numerosos encuentros, pero las mayores concentraciones se llevan a cabo en conciertos de grupos afines que se organizan en naves y locales alquilados. Allí es donde captan a quienes integran en su formación a través de las juventudes de la organización.
Xavier Casals, La Vanguardia