El dueño de Fitonovo, imputado en la Operación Madeja y que declaró haber dado 30.000 euros «para el partido», formaba parte de Solidaridad Internacional
El dueño de la empresa Fitonovo, imputado por la juez Alaya en la Operación Madeja por haber conseguido, presuntamente, contratos municipales a cambio de regalos y pagos en metálico, tenía una fluida relación con sus dirigentes en el periodo investigado.
Manuel Martínez Ocón, entonces secretario de Movimientos Sociales de las ejecutivas del PSOE de Carmen Hermosín y Luis Navarrete, fichó al dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, en 2004 como responsable de Relaciones con las Empresas de la ONG Solidaridad Internacional de Andalucía, que todavía preside.
La ONG nació en 1996 vinculada al PSOE, y tiene como presidenta de honor a Cristina Hoyos, que ha formado parte de las listas electorales del partido, y recibe un fuerte apoyo económico de las institucionales gobernadas por los socialistas como la Junta de Andalucía o la Diputación de Sevilla.
Fuentes de la ONG explicaron a este periódico que el presidente conocía a González Palomo por la vocación social del empresario, que colaboraba activamente con ONGs de minusválidos físicos y que firmaba convenios con ellas para contratar a discapacitados físicos y sensoriales en sus empresas.
Además, Fitonovo había participado en las campañas de responsabilidad social corporativa realizadas por Solidaridad Internacional con pequeñas empresas, por lo que su presidente invitó al empresario a formar parte del comité ejecutivo de la ONG. De esta manera, González Palomo estuvo en la dirección de la asociación durante un mandato y medio, unos ocho años, desde finales de 2003 o comienzos de 2004 y hasta 2011, cuando lo abandonó porque «deseaba jubilarse y dedicarse más al ámbito de los discapacitados», según las fuentes.
Desde Solidaridad Internacional se asegura que Fitonovo nunca hizo donaciones a la ONG, salvo un pago de 2.500 euros para la compra de una ambulancia en El Salvador hace unos cinco años.
El presidente de Solidaridad Internacional, Manuel Martínez Ocón, tuvo puestos destacados en su etapa de secretario de la ejecutiva de Luis Navarrete. Formó parte de las listas electorales y fue consejero de Cajasol. Su último cargo fue como representante socialista en el consejo de administración de Canal Sur.
Al final del mandato de Navarrete coincidió en la ejecutiva del PSOE y en la dirección de la ONG con González Palomo como vocal. Se da la circunstancia de que la juez Alaya investiga si la trama de contratos con esta empresa sirvió para financiar al PSOE de Sevilla, ya que el propio empresario admitió ante la juez que entregó 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, ex asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín, cuando dirigía el área de Vía Pública, y que éste le aseguró que eran «para el partido». La juez investiga el patrimonio de Castaño y si en el Ayuntamiento de Sevilla, especialmente en el distrito Macarena, se amañaron concursos como el de los suelos de Mercasevilla –por el que también está imputado el asesor– a cambio de regalos.
Por entonces, Manuel Martínez Ocón era director del grupo socialista en la Diputación con Luis Navarrete como presidente. Su labor fundamental era coordinar el trabajo de los grupos de la oposición en la provincia. Cuando perdió este cargo y el puesto de consejero de Cajasol empezó a trabajar y a cobrar de la ONG, que se ha visto envuelta en varias polémicas por las justificaciones de las subvenciones que ha recibido de la Junta de Andalucía.
- Facturas falsas y trabajos de una empresa ‘fantasma’.
La juez Mercedes Alaya investiga dentro de la Operación Madeja si el PSOE de Sevilla pudo financiarse a través de facturas falsas, servicios financiados por contratistas del Ayuntamiento de Sevilla y una empresa ‘fantasma’ que habría realizado obras de reforma en la sede del partido en la Macarena.
Como viene informando EL MUNDO de Andalucía, la magistrada ha preguntado en sus interrogatorios por unas facturas que aparecieron en los registros de la vivienda del principal acusado, Domingo Enrique Castaño, y en la sede de Fitonovo. Fuentes del caso precisaron que esas facturas estaban a nombre de una tercera empresa ‘fantasma’.
En el caso concreto de la sede del PSOE en la Macarena, la magistrada vincula a Castaño con el hecho de que Fitonovo pagara –según sostiene el auto de prisión– las citadas reformas. Cuando éstas se ejecutaron, el entonces asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín era director del área de Vía Pública y, precisamente, secreario de Organización de la agrupación socialista de Macarena. La actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, era la ‘número 2’ del partido en la provincia.
Carmen Torres, El Mundo
