El presidente catalán, dispuesto a asumir el riesgo penal, mantiene una estrategia de calculada ambigüedad
Artur Mas ha elaborado su propia coartada legal para organizar y celebrar una consulta secesionista el 9 de noviembre, incluida la correspondiente campaña institucional. Todo ello ya está en marcha, pero lo que no aclara el presidente catalán es si paralizará este dispositivo logístico una vez el Tribunal Constitucional (TC), previo recurso del Gobierno español, suspenda la ley de consultas populares y el decreto de convocatoria. De no hacerlo, podría incurrir en cinco tipos de delito. Un riesgo penal, dijo, que está dispuesto a asumir.
«Si no podemos navegar con motor, lo haremos a vela», dijo el dirigente nacionalista en una entrevista a la televisión catalana. Siguiendo en el terreno de la ambigüedad, añadió que en materia de infracción penal «está dispuesto a asumir los riesgos necesarios», y que en el caso de que la consulta «quede suspendida y no automáticamente anulada, en cualquier momento se puede levantar la suspensión, por lo que el Govern tiene que estar preparado para que se pueda votar el 9-N».
Con la solemne firma del decreto de convocatoria del 9 de noviembre que tuvo lugar el sábado, Mas ha comenzado a cruzar una línea roja, la que marcan la Constitución española y el Código Penal. Hasta cinco delitos podría cometer el líder de CiU si se resiste al dictamen del Alto Tribunal y mantiene el rumbo hacia la consulta: desobediencia, prevaricación, sedición, malversación y uso fraudulento de los datos personales. Esos delitos se harían extensivos a los empleados municipales que participen en la consulta una vez quede suspendida. El ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, fue muy claro en este sentido: «Todo aquel que trabaje para el 9-N, ya sea alcalde, concejal, funcionario o ciudadano, será juzgado y condenado».
El Código Penal contempla como delito de prevaricación que una autoridad, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria, lo que podría aplicarse en el caso de que se ejecute la consulta en contra del dictamen del TC.
Asimismo, la autoridad que se niegue a cumplir resoluciones judiciales incurrirá en un delito de desobediencia. Más complicada es la imputación del delito de sedición, pues, tal como informó ABC tras consultar a juristas, exige un alzamiento público y tumultuario y los Mossos d’Esquadra quedarían sometidos a las leyes militares.
La firma del decreto de convocatoria ha abierto la vía para que el Gobierno de Mas cometa otros dos delitos. Por un lado, el de malversación de caudeles públicos, pues se habría destinado dinero público, nada menos que 8,9 millones de euros, a una consulta declarada ilegal. A esta posibilidad se refirió ayer la líder de UPyD, Rosa Díez, quien, tras conocer ese presupuesto, advirtió de que «a la sedición, prevaricación y desobediencia se le va a unir un delito de malversación de caudales públicos».
- SCC acude a la Fiscalía.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) presentará hoy un escrito ante la Fiscalía para que investigue el posible uso fraudulento de los datos personales de los ciudadanos de Cataluña por parte de la Generalitat. Considera esta plataforma contraria a la secesión que «es ilegal la creación de un fichero paralelo para la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña con datos personales e identificativos para ser utilizados para una función diferente de aquella para la que se produjo su cesión».
SCC recuerda que «los datos personales de los ciudadanos han sido cedidos por los ayuntamientos al Registro de Población de Cataluña a efectos puramente estadísticos y cuya manipulación para intentar aislar un dato individual está totalmente prohibida». Avisa de que «además de la Ley de Estadística de Cataluña se estaría vulnerando la Ley Orgánica de Protección de Datos». En este sentido, al utilizarse datos reservados de carácter personal, podría incluso tratarse de un delito contra la intimidad
Pese a ello, la Generalitat sigue adelante con los preparativos de la consulta y cuenta con el apoyo municipal para celebrar la consulta. Ayer presentó la logística del 9-N, que incluye la habilitación de 2.718 locales que suelen ser sede electoral. Si los ayuntamientos no colaborasen, el Gobierno catalán cedería dependencias propias. Confía en los ciudadanos para formar las mesas electorales -la designación se hará por sorteo-, pero descarta sancionar a aquellos ciudadanos que se nieguen a hacerlo.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), calificó de «pachanga» la consulta y avisó de que no piensa colaborar. La portavoz de Ciudadanos, Carina Mejías, hizo «un llamamiento a todos los ciudadanos para que no participen de este fraude». Por contra, CDC, ERC y CUP están dispuestos a hacer campaña hasta el mismo 9-N, aunque el TC suspenda la consulta.
(María Jesús Cañizares, ABC)
