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Trampas camino de Kosovo

Cataluña ante el 9-N

Tiene la estrategia de formar un aparato que deje a Cataluña actuar como Estado de facto

Intenta enmascarar como si fuese una consulta popular un referéndum solemne

La norma ni aclara los quórum necesarios ni cómo se interpretarían las eventuales mayorías

El Constitucional apenas tendrá que esforzarse para acordar la nulidad del decreto «de convocatoria de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña» que firmó ayer Artur Mas, un texto plagado de trampas destinadas a burlar de forma fraudulenta los fundamentos que el Alto Tribunal ya estableció en 2008 cuando declaró inconstitucional la ley de consultas del País Vasco: el conocido plan Ibarretxe. De la redacción del decreto es posible incluso presumir que el Govern llama a las urnas a sabiendas de que la cita electoral del 9-N nunca tendrá lugar -los plazos son abrumadoramente perentorios, inasumibles con un mínimo de rigor- y que se trata nada más -y nada menos- que de un salto cualitativo adelante en su prolongada estrategia política de ruptura institucional. Para empezar, la norma ni siquiera aclara los quórum necesarios ni cómo se interpretarían las eventuales mayorías en un sentido u otro.
El Ejecutivo catalán intenta enmascarar como si fuese una consulta popular lo que sólo puede ser un referéndum solemne, para cuya propuesta de convocatoria tiene competencia exclusiva el Gobierno de España previamente autorizado por el Congreso. En la diferencia entre esos dos conceptos jurídicos y en la estricta conveniencia política de las formaciones independentistas -y en la consiguiente falta de consideración hacia los ciudadanos que no lo son- están la claves para entender por qué el decreto dice lo que dice y cómo lo dice.

Para distinguirlos, aquella sentencia del 2008 advirtió de que será un referéndum si se trata de una decisión política de especial trascendencia, lo que exige especiales garantías jurisdiccionales y que el cuerpo electoral llamado a las urnas coincida con el censo.

Los expertos jurídicos consultados por este diario entienden que la parte mollar del desafío independentista está, no obstante, en la Ley de Consultas rubricada también ayer, que elimina la exigencia de solicitar autorización al Gobierno del Estado, crea un registro de votantes propio con los datos del Instituto de Estadística Catalán (que resultan de sumar los padrones municipales) y prevé un sucedáneo de Junta Electoral Central -la Comisión de Control- integrada por juristas y politólogos designados por el Parlament. Bajo el diseño de este andamiaje institucional que prescinde por completo de la intervención de cualquier autoridad del Estado subyace, en el corto plazo, la amenaza velada de llevar a cabo el referéndum aunque se prohíba y, en el medio, la estrategia política de conformar un aparato que permita a Cataluña actuar como un Estado de facto, similar a la que siguieron las autoridades de Kosovo como paso previo a la declaración unilateral de independencia.

- 'El futuro político de Cataluña'.

Artículo 1. Convocatoria. Se convoca la consulta sobre el futuro político de Cataluña que tendrá lugar el día 9 de noviembre de 2014 [...]. Artículo 3. Pregunta. En la consulta se formula una primera pregunta y una segunda pregunta sucesiva, en los términos siguientes: a) ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? - Sí - No En caso afirmativo: b) ¿Quiere que este Estado sea independiente? - Sí - No Únicamente se puede responder a la pregunta de la letra b) en el caso de haber respondido 'Sí' a la pregunta de la letra a).

La sentencia que anuló el plan Ibarretxe permite adelantar los argumentos que tumbarán la consulta Mas en el Constitucional. La Carta Magna sólo reconoce al pueblo español como titular «de un poder soberano», por lo que otorgar a una de sus partes -en este caso, a los ciudadanos catalanes- capacidad de decisión sobre asuntos políticos que afectan al conjunto de los españoles implicaría una revisión del orden constitucional «mediante una inaceptable vía de hecho». Como ocurría en el caso vasco, y se desprende fácilmente de la literalidad de las preguntas, «el contenido de la consulta no es sino la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido, que habría de concluir, eventualmente, en un nueva relación entre el Estado» y Cataluña.

A mayores, como se ha razonado por expertos de todos los signos, la claridad de las preguntas dista mucho de la exigible conforme al principio democrático y los votantes que escojan responder no a la primera están gravemente discriminados respecto a los restantes, ya que no pueden participar en la segunda.

- El nuevo cuerpo electoral.

Artículo 4. Personas que son llamadas a participar. Son llamadas a participar en la consulta sobre el futuro político de Cataluña las personas que sean mayores de dieciséis años el día de la votación presencial: a) Que tengan la condición política de catalanes. Los catalanes residentes en el extranjero que hayan tenido como última vecindad administrativa la catalana y sus descendientes que mantengan la condición política de catalán deben estar previamente inscritos en el Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior. b) Que sean nacionales de estados miembros de la Unión Europea, inscritos en el Registro de Población de Cataluña, que acrediten un año de residencia continuada inmediatamente anterior a la convocatoria de la consulta. c) Que sean nacionales de terceros estados, inscritos en el Registro de Población de Cataluña, que acrediten residencia legal durante un periodo continuado de tres años inmediatamente anterior a la convocatoria de la consulta.

El decreto intenta evitar que el cuerpo electoral coincida con el censo extendiéndolo, primeramente, a los mayores de 16 años, horquilla que todos los estudios demoscópicos señalan como muy favorable al independentismo. La chapuza más elocuente es que se permita votar a los catalanes residentes en el extranjero y a sus descendientes, pero no a los que lo hacen en el resto de España: las autoridades catalanas no tienen acceso a los padrones de otras comunidades ni pueden legalmente constituir un registro con los datos de esos ciudadanos.

Los extranjeros, comunitarios o no, que quieran votar tienen que solicitarlo y acreditar los requisitos antes del día 7 de octubre ante una Comisión de Seguimiento -sucedáneo de Junta Provincial- que, a día de hoy, ni siquiera existe ni sus componentes han sido propuestos. Tendría que nombrarlos una Comisión de Control, que tendrá que constituirse en dos días, plazos que incumplen cualquier estándar mínimo de calidad democrática.

- La presión política y social.

Artículo 5. Modalidades y periodo de votación. [...]. 3. La votación anticipada por depósito se llevará a cabo entre los días 20 y 25 de octubre de 2014, ambos incluidos. Articulo 6. Organizaciones interesadas. [...] Las organizaciones sociales o profesionales interesadas en formar parte del proceso de consulta pueden presentar su solicitud ante la Comisión de Control hasta el 13 de octubre de 2014.

Resulta inconcebible que el voto por correo se cierre dos semanas antes de la fecha de la convocatoria: se diría que el Govern pretende empujar al Constitucional a que suspenda la consulta en tiempo récord, antes de que se empiece a votar, para lo que tendría que convocar un Pleno extraordinario ad hoc. Se abonaría así la deslegitimación de sus resoluciones.

La apertura a que actúen como interventores organizaciones distintas a los partidos políticos, en el contexto de euforia independentista que rodearía el evento, sólo puede interpretarse como el intento de que la presión social disuada a quienes no lo son.

(Joaquín Manso, El Mundo)