Los mismos argumentos que el Gobierno de España utilizó para pedir el aval al Consejo de Estado para considerar inconstitucional el decreto de convocatoria de una consulta en Cataluña el próximo 9 de noviembre, los ha vuelto a pedir para "el proceso participativo" de ese día. Este órgano consultivo, a través de su Comisión Permanente, ha analizado las características y, al considerar que son las mismas, avala de nuevo la petición del Gobierno. Su dictamen será incorporado mañana a toda la documentación que estudiará el Consejo de Ministros y que culminará con la petición al Tribunal Constitucional que paralice esa consulta, o "sucedáneo" de referéndum como lo denominan las fuerzas políticas contrarias a la misma. Solo el Estado tiene capacidad para convocar referendos y no las comunidades autónomas cuya competencia para hacer consultas solo se refieren a asuntos locales y no que afecten a toda España. Este es el principal argumento que esgrime el Gobierno.Consulta catalana
El Gobierno aprobará mañana el recurso contra la consulta alternativa de Artur Mas
Rajoy insiste en que "no cumple con las condiciones democráticas"
La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña. Fuentes de esta institución han confirmado a Efe la aprobación del dictamen, que fue solicitado por el Gobierno para impugnar la consulta en el Consejo de Ministros de mañana viernes. Tras conocerse la decisión de la institución, el presidente, Mariano Rajoy, ha reiterado que la iniciativa "no cumple con las condiciones democráticas" y ha confirmado que el consejo de ministros debatirá la impugnación con el "único criterio" de garantizar el cumplimiento de la ley, por lo que tomará la decisión que "convenga al interés general".
El Ejecutivo ha hecho partícipe al Consejo de Estado de su tesis de que se dan las condiciones para impugnar "la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Catalunya para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Catalunya el día 9 de noviembre mediante un denominado proceso de participación ciudadana". El conflicto de competencias entre administraciones es el principal argumento que se utiliza, aunque también el Gobierno alude al incumplimiento soterrado de la Generalitat de la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la consulta hasta que estudie el fondo del decreto aprobado por el Gobierno catalán y la ley de consultas emanada del Parlamento de Cataluña.
Después de días de cierta incertidumbre sobre si el Gobierno iba a o no a tratar de paralizar la consulta el pasado lunes dio el paso y fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien lo anunció porque esa consulta "es contraria a la Constitución, perjudica los derechos de los catalanes y no tiene garantías".
Después de la decisión del Consejo de Estado, que se espera favorable a la decisión del Gobierno, queda la redacción del recurso ante el Tribunal Constitucional en cuya tarea ya está la Abogacía del Estado. No obstante, en fuentes jurídicas se da por seguro que el Tribunal no se reunirá hasta el próximo martes; cinco días antes de que los catalanes están convocados a pronunciarse sobre si quieren que Cataluña sea un Estado independiente de España. Los argumentos en contra pueden ser los mismos aunque en esta ocasión el Gobierno no puede incluir la inconstitucionalidad de que participen funcionarios de la Generalitat.
El presidente el Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado una vez más que “por encima de la ley no hay nada” y que el Gobierno hará que se cumpla. En una rueda de prensa con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de viaje oficial a España, Rajoy ha recordado que calificó de “extraordinaria noticia” el que la Generalitat admitiera que no podía celebrar el 9-N como estaba previsto. “Pero desde entonces hemos visto una cosa distinta, que no sé cómo llamarle”, ha continuado Rajoy sobre el proceso participativo que prevé ahora la Generalitat catalana.
El presidente del Gobierno ha señalado que esa “pseudoconsulta” no ha sido convocada formalmente, “no cumple las condiciones democráticas” porque no tiene un censo oficial ni una junta electoral que supervise el proceso, y se apoyará en voluntarios. Además, plantea una pregunta, la de la soberanía, que atañe a todos los españoles. “Esto no se hace, no es una cosa normal”, ha subrayado Rajoy.
(Anabel Díez, El País)
