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La fiscalía ultima una querella contra Mas y su vicepresidenta por el 9-N

9-N

La consulta catalana

La previsión es que la denuncia se presente mañana, según fuentes fiscales catalanas

Se les acusa de los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación

Apenas tres días después de abrir la investigación, la Fiscalía ya tiene claro que hay indicios de delito contra los máximos responsables políticos del 9-N. La Fiscalía Superior de Cataluña está ultimando presentar de manera inminente una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y contra la vicepresidente de su Gobierno, la democristiana Joana Ortega, por la organización del proceso de participación -la consulta alternativa del 9-N- que el domingo se cerró con más de 2,2 millones de votos. La previsión es que la querella se presente mañana, según fuentes fiscales.
La querella, que se estaba acabando de perfilar esta tarde, acusa a Mas y Ortega de, al menos, dos delitos, según fuentes de la investigación: desobediencia (por no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta) y por prevaricación; o sea, dictar una resolución a sabiendas de su injusticia. El borrador de querella ha sido elaborado por la Fiscalía General del Estado y se ha remitido a la fiscalía catalana para su debate y examen. En ese proceso, es probable que otro de los delitos inicialmente contemplados (usurpación de funciones) quede fuera de la querella, han explicado a este diario fuentes judiciales.

También está en discusión si la querella se dirige contra otros miembros del Gobierno catalán; en especial, contra la titular de Educación, Irene Rigau. Buena parte de los lugares de votación del 9-N fueron escuelas e institutos de titularidad pública que dependen, por tanto, de Educación. Los fiscales están estudiando si deben incluir o no en la querella a Rigau.

Ante las primeras noticias de la querella, Artur Mas ha reaccionado con indiferencia. "Lo atribuyo al desconcierto que hay en Madrid y también al enfado de algunos, pero no tenemos miedo porque tenemos un mandato democrático para hacer lo que hacemos". También ha insistido en que "la forma racional y civilizada de tratar los temas políticos es hacerlo desde la política, y nosotros tenemos esta voluntad".

La investigación de la Fiscalía también apuntaba, en un primer momento, al titular del departamento que encargó la confección de las papeletas para votar el 9-N. Las papeletas fueron elaboradas por los presos de las cárceles catalanas, que dependen del consejero de Justicia, Germà Gordó. Por error, la Fiscalía pensó que esa tarea fue encomendada por el consejero de Interior, Ramon Espadaler. En cualquier caso, ninguno de los dos estará incluido en la querella, han detallado las mismas fuentes.

La actuación de la Fiscalía deja al margen, sin embargo, a los directores de escuela y otros funcionarios que participaron, como voluntarios, en la organización del proceso de participación. Las pesquisas se centran, así, en los políticos. El 9-N, el propio Artur Mas se había ofrecido ante el ministerio público como “máximo responsable” del proceso.

La querella se anuncia como inminente después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, haya rechazado esta mañana que se acuse de "inacción" a la Fiscalía, que desde el sábado tiene abiertas diligencias por el 9-N, sobre lo que se pronunciará "sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad".

Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño, tras reunirse con el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz. Ha recalcado que la Fiscalía de Cataluña "va a trabajar primero en si los hechos son delictivos, después determinará de qué delitos se trata y finalmente las posibles personas responsables, pero hasta el momento no hay nada".

Cuando haya algo, ha aclarado Torres-Dulce, la Fiscalía ejercitará las correspondientes acciones penales e informará a los ciudadanos sobre ellas. "Los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos", ha avisado. No se actúa "ni antes ni después", se hace cuando se considera que los hechos ya son "carne de proceso penal o carne de archivo", ha recalcado Torres-Dulce.

El fiscal general del Estado ha marcado los tiempos del Ministerio Público frente a las críticas lanzadas por la celebración del 9-N en Cataluña. Formaciones como UPyD y Vox han acusado de dejación de funciones al Gobierno por no impedir la consulta. El partido liderado por Rosa Díez ya presentó una denuncia el propio domingo.

Torres-Dulce ha recordado que la Fiscalía Superior de Cataluña tiene autonomía y ya acordó el pasado sábado abrir diligencias por la consulta soberanista. El mismo 9-N se destacó que había "indicios de hechos delictivos" en todos los juzgados en los que se presentaron las denuncias. En las que se han archivado, la Fiscalía ha recurrido, ha recalcado.

Las aclaraciones de Torres-Dulce sobre las posibles acciones legales por el 9-N se han conocido después de que Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña, asegurara que la Fiscalía Superior de Cataluña formalizará este mismo martes la querella contra el presidente Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno por los supuestos delitos que habrían cometido durante el 9-N.

"La querella está prácticamente ultimada y tiene bases muy sólidas", ha dicho la senadora, que ha lamentado que el domingo se traspasaron "líneas rojas".

En declaraciones a Telecinco, Sánchez-Camacho ha concretado que la querella podría especificar tres tipos de delitos: cohecho, malversación de fondos públicos y desobediencia a los tribunales. "Fue una farsa sin consecuencias legales y se traspasó una línea roja, que fue el incumplimiento de la resolución del Constitucional que prohibía al Gobierno catalán liderar ese simulacro antidemocrático", ha dicho. "Eso que dicen de que dejemos los tribunales y vayamos a la política, pues no: la ley debe ser aplicada".

La dirigente popular ha recordado que es un hecho "muy serio", ya que el presidente Artur Mas "pensó el domingo que se podía burlar la ley, la Constitución y la democracia, y la democracia tiene sus mecanismos y sus tiempos, pero es claramente implacable". Sobre la posible convocatoria de elecciones anticipadas, Sánchez-Camacho ha opinado que no se puede estar convocando elecciones permanentemente cada año y no gobernar: "Estos años son absolutamente perdidos".

La líder del PPC ha negado que el Gobierno se inhibiera en el 9-N, ya que el Ejecutivo central tenía estos días "absoluta y rotundamente claro que la consulta era ilegal y por eso instó a la Fiscalía, pero nadie podía esperar que un presidente autonómico vulnerara la ley de forma tan evidente". Ha vuelto a calificar de "pucherazo antidemocrático" el 9-N y ha afirmado que el PP "no ha hecho todo lo que tenía que hacer" al no evitar antes que en Cataluña "calaran mensajes populistas y demagógicos como el España nos roba".

La inacción de Mariano Rajoy ha puesto en una situación incómoda al Partido Popular en Cataluña que, durante meses, ha basado su estrategia política asegurando a su electorado que el Gobierno no consentiría la consulta y haría cumplir la ley. Las miles de personas formando colas el 9-N para votar fueron un mazado para los populares. La vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Cataluña y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha afirmado que los populares se han sentido "súper arropados" y con todo el apoyo del Gobierno aunque ha reconocido que sí que ha echado de menos una comparecencia de Rajoy estos días.

Montserrat ha intentado responder así a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo que afirmó haberse sentido "desamparada" por el Gobierno de Rajoy. "Se tiene que entender Cataluña desde dentro de Cataluña y quienes tenemos legitimidad para hablar somos los catalanes y en el caso concreto del PP, el que está legitimado para hablar del PP de Cataluña es Alicia Sánchez Camacho, el presidente Rajoy y María Dolores de Cospedal y nadie más, porque son ellos los que están manteniendo contacto directo", ha recalcado.

Según Montserrat, quien tiene que hablar de la política en las comunidades es "la gente que las pisa cada día". "Yo soy incapaz de hablar de Galicia, de la política de Extremadura o de la política de Andalucía", ha remachado."Yo le diría a Cayetana que es muy fácil sentirse desamparada fuera de Cataluña, pero lo difícil es ser del PP en Cataluña y dar la cara cada día", ha subrayado.

(Jesús García, El País)