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La vicepresidenta de la Generalitat dice que 'no se puede asegurar al 100%' que el 9-N habrá urnas

Rull: 'Rajoy ha decidido que ese día sea el de la vergüenza democrática de España'

El juez Vidal dice que el TC no debería admitir el recurso por una "cuestión técnica"

La ANC cree que la sociedad civil no debe asumir la organización del 9-N

La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega (UDC), ha afirmado que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo, 9 de noviembre.
"El PP ha hecho una catarsis en días y ha pasado de ridiculizar y menospreciar este proceso a asustarse y tenerlo que impugnar. Intentan poner miedo en el cuerpo, porque ésta es su herramienta", ha asegurado en una entrevista a El Punt Avui, en la que ha garantizado que el Govern seguirá preparando el dispositivo del 9-N pese al anuncio de recurso del Gobierno central.

Asimismo, ha advertido de que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo, pero ha asegurado que trabajan con esta voluntad y que se convocará al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en caso de tener que tomar una decisión. Ortega ha resaltado que "no se desobedece nada porque no se hace nada ilegal", y se ha mostrado convencida de que el 9-N se podrá participar.

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno central prohíba la apertura de los puntos de votación para impedir participar, la vicepresidenta de la Generalitat ha dicho: "No creo que cometa un error como éste".

- 'Día de la vergüenza democrática de España'.

En un acto de campaña por el 'Sí-Sí' en Puigcerdà (Girona), el coordinador general de CDC, Josep Rull ha asegurado en referencia al anuncio del Gobierno central de impugnar el proceso que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "ha decidido que ese día sea el de la vergüenza democrática de España" y ha lanzado un llamamiento a los catalanes para que trabajen para que el 9N sea para Cataluña "el día de la dignidad democrática".

Rull ha criticado la "reacción tan dura, contundente y antidemocrática del Gobierno español", y ha asegurado que el próximo domingo los catalanes protagonizarán un ejercicio de fuerza, legitimidad y dignidad democrática.

"Tenemos que poder demostrar tres cosas: que somos un pueblo con dignidad y que no estamos dispuestos a que nos la pisen; que creemos en la democracia y la defenderemos contra los que la quieran recortar, y que somos dueños de nuestro futuro y no estamos dispuestos a que haya alguien que decida en nuestro lugar".

Rull ha asegurado que los catalanes podrán votar el 9 de noviembre, y ha resaltado que CDC explicará "que votar 'Sí-Sí' es la mejor opción para Cataluña" en diversos actos como el de este domingo, en el que también ha participado el alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Ha asegurado que el Govern lo tiene "todo preparado" para el proceso participativo, y ha destacado que la votación no es sólo de la Generalitat, sino del conjunto de los catalanes. "No sólo se la ha hecho suya, sino que la mayor parte del operativo de este 9N está vinculado a voluntarios, a gente que ha decidido dar un paso al frente para servir a su comunidad", ha remarcado.

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, por su parte, ha advertido de que la sociedad civil no debe asumir la organización de la consulta alternativa prevista para el 9 de noviembre, en el caso de que el Tribunal Constitucional la suspenda, sino que tiene que hacerlo la Generalitat. "Esta consulta ha de ser convocada por el Govern. El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y todas las fuerzas sociales le apoyaremos, daremos el paso juntos, pero también lo ha de hacer el Govern", ha afirmado Forcadell en Catalunya Ràdio.

El coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, apuntó ayer la posibilidad de que la sociedad civil asumiera la organización del proceso participativo si lo suspendía el Tribunal Constitucional (TC). Forcadell ha insistido en que el gobierno catalán que preside Artur Mas no debe dar ningún paso atrás y liderar la organización de la consulta alternativa al margen de lo que decida el TC. "Nosotros tenemos que ir a votar por dignidad democrática y para defender nuestra libertad de expresión, porque sabemos absolutamente que esto no tiene un valor jurídico, ni es vinculante. Tiene un valor político importante", ha añadido la presidenta de la ANC.

- Contra el TC.

Por su parte, el juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal ha asegurado este domingo que el Tribunal Constitucional (TC) no debería admitir a trámite la impugnación del proceso participativo del 9 de noviembre por una "cuestión estrictamente técnica y de procedimiento". En una entrevista al 3/24 el magistrado afirmó que el Gobierno debería haber instado un incidente de ejecución en lugar de haber presentado un nuevo recurso, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumenta que el nuevo 9-N es en el fondo misma consulta que el TC ya ha suspendido cautelarmente

Además de la cuestión técnica, también existe una "cuestión de fondo, que es cómo se puede impugnar ante un tribunal que evalúa normas jurídicas una convocatoria que es verbal". En caso de que sí lo admitiera a trámite, ha considerado que la participación en la votación del 9N no sería ilegal, ya que la admisión de la impugnación implicaría la suspensión de los actos de la Generalitat, por lo que tendría que "abstenerse de hacer nada", incluido prohibirla.

Ha asegurado que, si el TC prohibiera que los funcionarios voluntarios participaran, "estaría cometiendo un delito de prevaricación", porque adoptaría una decisión que carece de cobertura legal, según él, y ha resaltado que los funcionarios actuarían como ciudadanos si participaran, por lo que no tendrían ninguna consecuencia desde el punto de vista jurídico. El juez, que participa en la redacción del borrador de la Constitución para una Cataluña independiente, ha dicho que, si el Estado ordenara a los cuerpos policiales impedir que se produzca la votación, se habrían "perdido los papeles".

Vidal ha resaltado que el deber de los cuerpos policiales es "garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos y, ¿cuál es el derecho más fundamental de un sistema democrático? Votar".

(Europa Press, El Mundo)