Presidente de Acción y Comunicación para Oriente Medio (ACOM)
Mañana se debatirá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley del grupo socialista para que España reconozca, unilateralmente, a un supuesto Estado palestino. La primera consideración es obvia: se intenta reconocer algo que no existe. No hay un territorio con fronteras aceptadas internacionalmente. No hay un gobierno que ejerza el control sobre ese territorio. De hecho, hay dos gobiernos y dos territorios.
Uno de esos gobiernos, el de Al Fatah en la Margen Occidental, no es capaz de ejercer control sobre las facciones armadas que operan en él. El otro, el de Gaza, está controlado por Hamas, un grupo denominado como terrorista por la Unión Europea. El Gobierno de Al Fatah no ha realizado elecciones desde 2006. El de Hamas llegó al poder como resultado de un golpe de Estado sangriento en el que se masacraron a cientos de miembros de Al Fatah en la Franja. Desde el Gobierno de Al Fatah se conculcan diariamente derechos básicos y libertades civiles, mientras que Hamas es, directamente, el primo cercano del Estados Islámico y su ideología yihadista. Al Fatah, desde sus escuelas y medios de comunicación, incita a la violencia contra Israel y glorifica públicamente a terroristas. Hamas es una de las organizaciones de trayectoria más despiadada y sangrienta contra objetivos civiles, pero también demuestra un legendario desprecio por la vida de sus propios ciudadanos.
La población árabe de los territorios controlados por Al Fatah y Hamas sufre igualmente la corrupción endémica con la que sus líderes se han enriquecido a costa de expoliar los miles de millones de ayuda internacional recibida para construir estructuras nacionales existentes.
Al Fatah promueve la limpieza étnica, anuncia que no permitirá que ciudadanos judíos permanezcan en cualquier Estado palestino que se cree (aunque en Israel, el 20% de la población es árabe). Hamas simplemente promueve el exterminio judío.
Informa la prensa que el ministro José Manuel García-Margallo estaría buscando una fórmula de reconocimiento que no implicaría un acuerdo con Israel, lo que equivaldría a condonar los métodos exhibidos por Al Fatah y Hamas y su preferencia por ejercer la violencia e internacionalizar el conflicto sobre la demanda de los Acuerdos de Oslo de promover negociaciones bilaterales.
Una supuesta entidad estatal en estas condiciones sólo tiene un resultado posible: un Estado fallido. En una región donde parece que haya ya demasiados, desde Siria a Libia, Irak y Líbano, con el coste humano bien conocido. Otro Estado donde las ideologías más extremistas contarían con recursos y legitimación y al que, en el mejor de los casos, acabaríamos teniendo que enviar a nuestros soldados como tropas de Naciones Unidas.
Resulta difícil comprender cómo los intereses de España se ven mejor defendidos por una iniciativa tan extravagante. España nunca ha sido un actor relevante en la zona y no tiene ningún vínculo histórico evidente con el supuesto pueblo palestino. No obstante, este reconocimiento estaría rompiendo nuestra tradicional posición de calculada equidistancia en el debate.
Nuestro Gobierno estaría tomando una medida extrema dentro de la Unión Europea y abiertamente contraria a la de socios de referencia, como los gobiernos de Reino Unido y Francia, que han rechazado esta solución. Tampoco estaría alineado con la ONU, que a día de hoy no reconoce a ningún Estado palestino como miembro.
España sufre suficientes problemas internos como para ofrecerse voluntaria a chapotear en complicados charcos internacionales. Y, en vista de la delicada situación territorial española, constituiría una verdadera irresponsabilidad invitar a que otros países siguieran nuestra iniciativa de reconocer soberanía, independencia y estatalidad a entidades que no la merecen, a costa de Estados democráticos amigos y aliados.
En último término, un reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España no ayuda a la resolución pacífica del conflicto: ni satisface las razonables necesidades de seguridad de Israel, ni contribuye a la estabilidad de una zona particularmente convulsa, ni vincula ese reconocimiento a la necesidad de la parte árabe de comportamientos democráticos, no violentos y respetuosos para la convivencia con sus vecinos israelíes.
(La Razón)