El blanqueo se produjo a través de compras ficticias de obras de arte
La Guardia Civil registró el despacho de abogados que diseñó la red empresarial
El ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y su socio en la sombra, David Marjaliza, lograron repatriar en 2007 a España cuatro millones de euros que el segundo ocultó, a su nombre, en paraísos fiscales. El dinero, de origen supuestamente ilícito, arribó a España blanqueado tras haber estado inicialmente en un banco suizo, luego en Costa Rica y finalmente en Singapur. Para blanquearlo en España con vistas al fisco, los dos cabecillas de la denominada Operación Púnica simularon compraventas de obras de arte.
Oficialmente, la operación la realizó David Marjaliza, pero los investigadores sospechan que Granados no era ajeno a la misma, dado que ambos, amigos desde la infancia, constituían un tándem: Marjaliza establecía la operativa y Granados proporcionaba las influencias políticas para conseguir contratas públicas.
El sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco revela entregas periódicas de dinero de Marjaliza a su amigo al margen de otras operaciones inmobiliarias con las que le benefició, siendo ya cargo público. Los dos están acusados de ser los cerebros de la trama criminal que ha desmantelado el magistrado en el marco de la citada operación, destapada la semana pasada y que ha supuesto el arresto de 52 personas, de las que casi una decena han ingresado en prisión, entre ellas Marjaliza y el propio Granados. Seis alcaldes y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, también están implicados.
El juez atribuye media docena de delitos al ex número dos del PP de Madrid, desde cohecho a tráfico de influencias pasando por blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas conocedoras del caso apuntan que la Guardia Civil ha registrado además en Madrid el despacho de abogados que diseñó para los dos cabecillas de la trama el entramado societario para lavar el dinero que ambos consiguieron supuestamente de adjudicaciones de contratas y/o servicios públicos bajo el paraguas del poder político que cosechó Granados en Madrid entre 2003 y 2011: primero fue alcalde de Valdemoro y luego ocupó diferentes consejerías en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El sistema para retornar blanqueado el dinero era similar al que empleó el extesorero del PP Luis Bárcenas: lo movían por diferentes países —en Costa Rica crearon la sociedad tapadera Sheraton Tradings— y finalmente llegaba a España simulando que se destinaba a pagar unas transacciones de obras artísticas, que eran inexistentes.
Marjaliza, Granados y las esposas de ambos tenían cuentas en Suiza. El exdirigente popular disponía al menos de dos: una con 1,5 millones de euros y otra con unos 300.000. Su socio disponía de otro depósito bancario en el que, como mínimo, llegó a tener cuatro millones de euros. Los investigadores creen que no eran las únicas. Sospechan que hay más cuentas y están tras ellas y sus movimientos.
Granados señaló ante el juez y la sección de delitos contra la Administración de la Guardia Civil, antes de ser encarcelado, que tras acceder a la vida pública pidió cancelar una cuenta que tenía en Suiza por su actividad anterior como agente de Bolsa, pero aseguró que la entidad bancaria le indicó que la pusiera a nombre de otra persona, por lo que buscó a Marjaliza.
El juez no le ha creído. Fue la Fiscalía suiza, a través de una comisión rogatoria, la que informó a España de la existencia de cuentas a nombre de Granados y Marjaliza en la banca de ese país y de las extrañas transferencias de dinero que ambos realizaban entre ellos y hacia América. Este es el origen de la Operación Púnica, cuya investigación inició la Fiscalía Anticorrupción el pasado 1 de febrero.
Aparte de cuentas en el extranjero, Granados y su socio realizaron también operaciones inmobiliarias. Las diligencias revelan que el primero compró un chalé en Marbella que aparentemente luego vendió a su socio pero del que, en realidad, siguió disfrutando. De hecho, tras la ficticia venta a Marjaliza, los muebles de la casa los adquirió Granados.
No siempre el ex secretario general del PP de Madrid dependía del dinero que, en especie o en metálico, le proporcionaba su amigo. El empresario José Luis Huerta, dueño de la firma Waiter Music, radicada en la localidad madrileña de Aranjuez, también pagó suculentas comisiones a Granados, quien tenía su propia operativa de recaudación gracias a su influencia sobre alcaldes de Madrid por su condición de alto cargo del PP.
Detrás de la adjudicación a Waiter Music de numerosos conciertos y verbenas en municipios de la Comunidad de Madrid estaba la mano de Granados, según apuntan fuentes jurídicas. Este es, según las pesquisas, el principal granero de las comisiones logradas por el que fuera primero consejero de Transportes y luego de Presidencia, Justicia e Interior. Como número dos del PP regional era, además, quien debía avalar las candidaturas de los alcaldes.
Marjaliza, por su lado, fue un conseguidor de contratas y servicios públicos para sí mismo así como para terceros. Según el sumario, por cada obra conseguida en favor de terceros, a veces con la ayuda en la sombra de Granados, se llevaba entre un 2% y un 3% de comisión.
La Operación Púnica, que afecta a siete Ayuntamientos madrileños, la mayoría de ellos gobernados por el Partido Popular, y a uno del PSOE, el de Parla, no ha acabado aún, según fuentes jurídicas cercanas a la investigación. Ahora hay que desentrañar la voluminosa documentación intervenida en las decenas de registros efectuados en esos Consistorios y en empresas privadas.
En los próximos días saldrán a la palestra, por sus conexiones con la red, nuevos municipios implicados y otros representantes públicos que también han colaborado con el entramado ahora desarticulado.
(José Antonio Hernández, El País)
