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Polémica en Argentina por una ley del Gobierno que afecta a Telefónica

La oposición y parte del oficialismo denuncian favoritismo y falta de inversión por parte de la «teleco» española

Telefónica se encuentra en el centro de la polémica en Argentina. La compañía que preside César Alierta recibe criticas desde la oposición, una parte del oficialismo y empresas operadoras de cable, como consecuencia de un proyecto de ley del Gobierno que, de aprobarse, -según los críticos-, le beneficiaría, -junto con otras del sector-, en perjuicio de empresas locales y de los usuarios.

El proyecto de Ley de Información y Comunicaciones (TIC) se tramita estos días es de autoría del Gobierno, pero encuentra en el Senado voces propias de protesta muy duras, en especial, contra Telefónica.
El portavoz del gubernamental Frente para la Victoria, Migue Angel Pichetto, advirtió: «Yo, tengo problemas con el Reino de España, con un capitalismo colonial... La empresa Telefónica no invirtió un peso». Fernando «Pino» Solanas, de la coalición Proyecto Sur-Unem, directamente, descerrajó, «la ley está hecha como anillo al dedo para Telefónica» mientras el socialista Ruben Giustiniani aseguró, «se abre un negocio importantísimo y se fortalece la posición dominante de Telefónica como grupo económico en televisión y cable».

José Luis Rodríguez Zarco, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la compañía en Buenos Aires, considera «falso y falaz» ese tipo de acusaciones. Para fortalecer sus argumentos facilita los datos de inversión acumulada de la compañía. Según estos, entre 1991 y el 2001, la multinacional invirtió 8.390 millones de pesos, por entonces equivalentes a dólares y en los últimos doce años, a partir del 2002, -tras el «crack» de Argentina y las sucesivas devaluaciones de la moneda-, Telefónica dedicó 25.249 millones de pesos, algo más de 2.970 millones de dólares, a mejoras.

Rodríguez Zarco insiste en el esfuerzo realizado durante este tiempo «para adecuarnos a las nuevas tecnologías. Hemos cambiado en cinco ocasiones las redes». Y atribuye los problemas de conexión, -queja constante de los usuarios-, a las «dificultades para instalar antenas» por comunidades de vecinos y algunos municipios.

No obstante, Pichetto fue demoledor e insiste en incorporar, «una cláusula antimonopólica» en el proyecto TIC. El senador, hombre con peso propio en el oficialismo, considera necesario proteger, «al sector nacional de pequeñas y medianas empresas. No sea cosa –advirtió- que si no ponemos esa cláusula (la antimonopólica) sean barridos por un sistema tecnológico de concentración».

El proyecto TIC contradice algunos aspectos de la polémica Ley de Medios Audiovisuales del mismo Gobierno. Habilita a las telefónicas a servir contenidos de televisión y a usar para ello el cableado de otras empresas, ambas actividades expresamente prohibidas en la Ley de medios actual. Cablevisión, la mayor operadora de cable de Argentina pertenece al Grupo Clarín y de salir adelante la ley, tal y como está redactada, este grupo se considera el mayor perjudicado. Rodríguez Zarco no comparte esa opinión, «llegamos siete años tarde para competir con alguien que tiene un sistema de cableado que tecnológicamente es incompatible con el nuestro», observa.

En este contexto, la oposición insiste en sus críticas. Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR) vaticina un escenario en el que, «las telefónicas se van a comer a los cables (operadoras) y a las pymes del interior de Argentina. El grande se va comer a los chicos y se les va a dar más poder a las monopólicas que son las telefónicas».

Las otras compañías –de menor envergadura que Telefónica/Movistar- que, según los críticos, también saldrán favorecidas con el proyecto son Claro, Personal y Airling. Las asociaciones de consumidores, por diferentes razones, expresan su preocupación. Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores, intervino en la Comisión del Senado para que «se declaré de servicio público, no sólo el uso y acceso a redes de licenciatarios» sino «todo» para evitar subidas de precios. Asimismo, solicitó que se le retire a «Telefónica (de Argentina) y a Telecom la autorización que tienen para fusionarse».

«Esta ley es intervencionista y controla hasta el precio que debemos establecer. No es la que hubiéramos deseado pero, además, tenemos las tarifas de la telefonía fija congeladas desde hace catorce años. La semana pasada participamos de la licitacación del 4G con el resto de las empresas y pondremos unos cinco mil millones de pesos (unos 590 millones de dólares) sobre la mesa. Insistir en que no invertimos es falaz», asegura Rodríguez Zarco.

Servida la polémica y abierta la discusión, el diputado del Frente Amplio Progresistas, Gerardo Milman, miembro del Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) fue más lejos en sus críticas y opinó: «Esta ley viene a darle el cuarto poder a los fondos buitres». Y protestó: «Tienen el 7,8 por ciento de la Telefónica de España» que a su vez participa en Telefé, (cadena de televisión), algo que, hoy por hoy, «es incompatible con la ley de medios».

El ministro de Planificación, Julio De Vido, tras escuchar las declaraciones de su compañero, el senador Miguel Angel Pichetto, salió en auxilio de Telefónica: «Esta ley –aseguró- no beneficia ni perjudica a nadie».

(Carmen de Carlos, ABC)