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Rajoy: “El único camino legal para Mas es la reforma constitucional”

9-N

Consulta catalana

El presidente del Gobierno realiza una comparecencia institucional

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a negar la validez del proceso de participación del 9-N. "No ha sido una votación democrática, ha sido un acto de propaganda política", ha indicado. "No ha habido consulta", ha insistido antes de sostener que de los resultados ofrecidos por quien ha sido "juez y parte", se deduce que "el independentismo ha sido un rotundo fracaso".
En su primera comparecencia tras el 9-N, Rajoy ha marcado lo que considera la única vía para "lo que pretende Mas": la reforma constitucional. "Es el único camino legal", tal como ha marcado, para los planteamientos del presidente de la Generalitat, Artur Mas. "El parlamento de Cataluña está facultado para iniciar el proceso de la reforma constitucional. Es el único camino legal para sus planteamientos y Mas lo sabe", ha afirmado el presidente del Gobierno que ha desvelado que en sus negociaciones con el presidente de la Generalitat siempre le ha planteado que éste es el camino que ha de seguir. En cualquier caso, ha precisado que se opondrá a cualquier reforma de la Constitución "que liquide la soberanía nacional". "No voy a dialogar nunca sobre la soberanía nacional", ha añadido.

"En Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas. Cataluña es plural, muy plural", ha dicho por dos veces Rajoy, que no ha querido valorar el camino judicial del proceso sobre el que la Fiscalía prepara una querella.

El presidente del Gobierno se ha defendido de las críticas de varios sectores de inmovilismo: "El Gobierno ha defendido la legalidad y ha adoptado una posición una sensata y adecuada. A algunos organizadores les hubiera gustado otro tipo de fotografía y el Gobierno ha actuado con proporcionalidad, también la justicia". Así, ha alabado la decisión adoptada por un juez de Cataluña que, ante la petición de retirada de las urnas: "Hubiera creado más tensión y dificultades", ha dicho.

"He actuado con proporcionalidad. Creo que he sido sensato a la hora de tomar decisiones. Creo que he hecho lo que tenía que hacer y que he cumplido mi obligación", ha insistido.

Ante la insistencia de las preguntas sobre el recorrido judicial posterior al 9-N, Mariano Rajoy ha optado por apelar a la autonomía de la Fiscalía. "Yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer". "Tengo que respetar las decisiones de la fiscalía y del Poder Judicial porque si no, no iríamos por buen camino", ha añadido. "Créanme que no sé si se va a querellar. No he dado ninguna instrucción en este sentido", ha contestado a otra de las preguntas sobre la actuación de la fiscalía.

Rajoy le ha pedido al President que "se ponga a trabajar en lo que importa al conjunto de los ciudadanos de Cataluña", como el paro o los problemas económicos. Ha destacado, asimismo, que Mas "se ha dedicado única y exclusivamente a este proyecto, que ha terminado con una participación más baja de lo previsto".

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) comparece en La Moncloa tres días después de que 2,2 millones de ciudadanos votaran en la consulta alternativa del 9-N. La comparecencia ha generado una gran expectación y se produce poco después de que Artur Mas, presidente de la Generalitat, haya explicado en el Parlamento de Cataluña que si hoy la Fiscalía actúa contra él y otros miembros de su gobierno por la consulta alternativa del 9 de noviembre esto se convertirá en una “imagen dramática para España”.

El jefe del Ejecutivo ha recibido en los últimos días críticas internas desde el sector más conservador del PP —y también desde UPyD y Vox—, que le han cuestionado por no adoptar medidas el mismo domingo para impedir la consulta alternativa del 9-N, en la que acabaron participando más de 2,2 millones de personas.

El presidente catalán, por su lado, ha intentado prolongar el momento favorable que le ha conllevado la consulta del 9 de noviembre. Por eso se ha centrado en destacar el “éxito” de la consulta y en criticar la decisión de la Fiscalía de querellarse contra él y dos de sus consejeros. En respuesta a la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Rovira, Mas ha asegurado ha alertado contra la judicialización del 9-N. “¿Se imaginan la imagen que se daría al mundo si se actúan contra un Gobierno por poner as urnas? Sería una imagen dramática para España”, ha asegurado Mas.

El ministro del interior, Jorge Fernandez Díaz, ha defendido que Rajoy haya esperado tanto en valorar la consulta alternativa en Cataluña para valorarla. "Ha de medir bien lo que dice, cuando lo dice y cómo lo dice", ha declarado tras un desayuno informativo. Para Jorge Fernández Díaz hoy es "el momento adecuado" y un "buen momento", "porque hay que tomar distancia con los acontecimientos" y hay que ser "prudente". "El presidente del Gobierno no es un ciudadano más en el sentido de que tiene más responsabilidad que ninguno y ha de medir bien lo que dice, cuándo lo dice y cómo lo dice", ha argumentado.

Con la rueda de prensa de hoy, Rajoy intenta atajar las críticas sobre su silencio. El presidente del Gobierno ha comparecido muy pocas veces en La Moncloa, fuera de de las ruedas de prensa bilaterales, la más recordada es la del rescate bancario en 2012. Hasta ahora, no lo había hecho, porque, según explican los suyos, no quería dar más dimensón al 9-N, algo que el propio Ejecutivo había calificado de "propaganda".

El Gobierno pretende despejar la duda de que el 9-N ha sido una victoria de Mas frente a Rajoy porque ha logrado sacar las urnas a la calle aunque no tengan ninguna validez jurídica.

Ayer martes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría hizo de avanzadilla rechazando la negociación con el presidente catalán, Arthur Mas y lanzando el mensaje de que no permitirán que se rompa España. "Si lo que quieren es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo porque ni este Gobierno ni este partido van a prestar sus votos a un acuerdo de secesión", contestó Sáenz de Santamaría en el Senado al portavoz de CiU.

La fiscalía ve indicios de delito en la organización del 9-N y está estudiando querellas por, al menos, desobediencia (por no acatar la resolución del Tribunal Constitución, que había suspendido la consulta) y prevaricación (por dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) contra Mas y su vicepresidenta Joana Ortega.

Los fiscales han denunciado presiones del Gobierno de Mariano Rajoy para acelerar la presentación de la querella. Lamentan que el Gobierno ni siquiera haya "repetado las formas" y haya dejado a su institución en muy "mala posición". La líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho acrecentó la sensación de que el Gobierno va por delante de los fiscales, dando detalles sobre las personas y los tipos de delitos por los que se iba a presentar.

Mas ha reaccionado con indiferencia ante la posibilidad de recibir una querella. "Lo atribuyo al desconcierto que hay en Madrid y también al enfado de algunos, pero no tenemos miedo porque tenemos un mandato democrático", aseguró ayer. También insistió en que "la forma racional y civilizada de tratar los emas políticos es hacerlo desde la política".

(El País)