Bruselas ha aplazado este miércoles y hasta después de las elecciones del 26-J la multa a España por los continuos incumplimientos del déficit. Aunque la sanción llegue más tarde, la Comisión Europea exige adoptar ajustes en las cuentas públicas. El brazo Ejecutivo de la UE exige a España medidas por valor algo más de 8.000 millones de euros entre este año y el próximo. Las autoridades comunitarias reclaman que se rebaje el déficit público al 3,7% del PIB en 2016 y al 2,5% en 2017. Bruselas prevé en sus últimos pronósticos un agujero del 3,9% y del 3,1% del PIB, respectivamente: la diferencia se traduce en esos 8.000 millones de ajustes para 2016 y 2017.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha ganado la partida a quienes pedían una aplicación estricta y escrupulosa de las reglas fiscales y se impusiera ya una multa a España. El brazo ejecutivo de la UE prefiere dejar pasar la campaña electoral y tomar una decisión "en los primeros días de julio". Portugal corre la misma suerte. Para ambos países, Bruselas reclama "tomar las necesarias medidas estructurales" para corregir el exceso de déficit y rebajarlo al 3% del PIB. "No es el momento político ni económico para tomar esta medida [la sanción]", ha asegurado el comisario Pierre Moscovici. A la pregunta de si España tiene margen para bajar impuestos tal y como ha prometido Rajoy, el vicepresidente Valdis Dombrovskis ha asegurado que España "puede tomar las decisiones tributarias que quiera, pero siempre que cumpla con el déficit". En otras palabras: no hay margen.
Bruselas da un año más para rebajar el agujero fiscal al 3% del PIB en 2017. Es la cuarta vez que la Comisión se ve obligada a dar tiempo extra a España en lo que va de Gran Recesión. A cambio, exige una nueva ronda de ajustes: "La Comisión pide un esfuerzo ambicioso pero realista", ha dicho Moscovici, que ha explicado que los recortes se harán "a un ritmo rápido".
Bruselas prefiere pasar de puntillas por la inestable situación política española, con esa solución de compromiso que supone dejar claro que los incumplimientos continuos de las reglas fiscales obligan a España a hacer ajustes desde ya, a la vez que se dejan las sanciones para después de las elecciones. Esa decisión llegará en los primeros días de julio: será entonces cuando la Comisión dé el siguiente paso en el procedimiento de infracción para imponer una multa que puede ser de hasta 2.000 millones de euros, según fuentes europeas, aunque el Gobierno espera que la cifra final sea inferior o incluso nula. La Comisión, en fin, prefiere quedarse fuera de la campaña electoral, en un último favor al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que dejará toda la presión de los ajustes a su sucesor en La Moncloa.
Sin embargo, en las recomendaciones Bruselas pide ajustes fiscales inmediatos. En concreto, reclama a España recortes estructurales en una cuantía equivalente al 0,25% del PIB en 2016 y otro 0,5% del PIB en 2017. Además, el brazo Ejecutivo de la UE reclama mano dura con las comunidades autónomas, e insta a tomar medidas adicionales para mejorar la integración del mercado laboral, mejorar la capacidad de los servicios de empleo regionales y reducir las disparidades en los esquemas de renta mínima. Y pide las tradicionales reformas: la implementación del mercado único a nivel regional y la reforma de los servicios profesionales, pendiente desde hace años.
España cerró 2015 con un déficit del 5,1% del PIB, e incumplió así de largo y por enésima vez las reglas fiscales. Bruselas cree que merece un castigo, pero la situación política --sin Gobierno desde diciembre, y con unas elecciones a la vista-- complicaba la situación, con el brazo ejecutivo de la UE decidido a evitar meterse en las procelosas aguas de la política española. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, no ha puesto las cosas fáciles: anunció anoche, en una entrevista al diario Financial Times publicada apenas horas antes del debate decisivo en el colegio de comisarios, que si gana volverá a bajar impuestos. Bruselas considera que España carece de espacio fiscal para ello. Y pide un ajuste relativamente duro para un país que acumula el segundo déficit más abultado de la Unión Europea y una deuda pública que ha crecido a toda velocidad durante la Gran Recesión, hasta rebasar la barrera del 100% del PIB. Bruselas exige para España ajustes, lo contrario de lo que promete Rajoy. Cosas de la precampaña electoral.
(Claudi Pérez, El País)
