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¿Desobediencia institucional? Sí, pero con cuidado y con la sociedad

Mesa redonda en Gasteiz

Tres destacadas políticas, dos vascas que tienen o han tenido responsabilidad de gobierno y una catalana clave en el «procés», debatieron sobre algo crucial para la izquierda en la que militan. ¿Cabe desobedecer desde las instituciones? La respuesta es sí, pero con matices y un factor añadido: los movimientos sociales

Intervenciones:

- «Hace falta una complicidad con los movimientos sociales; o compartimos todos las herramientas que tenemos o será peor para todos» (Helena Franco, exdiputada de Hacienda de Gipuzkoa)

- «Los gobiernos deben tomar decisiones por el interés público con seguridad jurídica. Pero ahí están el ‘pase foral’ o la ‘sobrecarta’» (Mari Jose Beaumont, Consejera de Presidencia e Interior de Nafarroa)

- «Si no hacemos ahora microdesobediencias, nos podemos encontrar con que llegue el día D y no haya nadie para desconectar» (Anna Gabriel, Diputada de CUP en el Parlament de Catalunya)

Franco dijo que en Gipuzkoa a veces se vieron desprotegidos y lastrados por movimientos sociales con quienes tenían un horizonte común

Beaumont reivindicó tareas a largo plazo, como renovar la Administración o lograr una educación que consiga sociedades críticas

La diputada de la CUP Anna Gabriel representa el espíritu de desobediencia de la Catalunya que mira al futuro. La navarra Mari José Beaumont enfrenta esa dilema en presente y en la posición más compleja imaginable: consejera de Presidencia, Interior y Justicia tras un régimen opuesto casi eterno, que ha hecho costra en las instituciones. Y la vizcaina Helena Franco dispone de todas las enseñanzas que aporta un ciclo de gobierno de cuatro años en Gipuzkoa, y además en Hacienda, que no es un departamento cualquiera. Desobediencia institucional declinada en futuro, presente y pasado; en dos casos desde dentro y en otro desde fuera, pero no tan lejos del poder.

La pregunta de partida de esta primera charla de las jornadas de Eleak, Ernai, Fracking Ez y otros colectivos tenía muchísima miga: ¿Qué hacer en las instituciones cuando la ley y la justicia colisionan? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Con la mochila de estos cuatro años y añadiendo que «quienes me conocéis ya sabéis que soy muy realista», Helena Franco se mostró clara y sincera: «El primer interrogante es ¿queremos utilizar esa herramienta que son las instituciones? Si queremos, podemos desobedecer, pero siempre que haya al lado un movimiento social amplio, fuerte... Si no, nos ahogaríamos». Volvió a este subrayado a lo largo de la tarde, con lamentos como «a veces nos hemos topado con actitudes corporativas, que solo miran a su espacio muy pequeño, ‘qué hay de lo mío’ y poco más»; «hemos sentido desconfianza de los movimientos sociales ante la izquierda en las instituciones, nos decían que nos íbamos a apoltronar...»; «a veces nos ha ocurrido que lobbys pro-sistema, de derechas, atacaban al Gobierno y a la vez los movimientos sociales ponían piedras en el camino»... Como remedio a todo ello, planteó que hace falta «no una alianza puntual, pero sí una complicidad. Porque o vamos juntos o peor para todos».

«Por supuesto que es posible desobedecer, hay resquicios», dijo la exdiputada guipuzcoana agarrando de nuevo la pregunta inicial. Pero recordó evidencias como que cuando la izquierda llega al poder habitualmente lo hace «con precariedad; o en minoría, o con coaliciones que no dejan mucho margen...» Que se lo pregunten a Mari Jose Beaumont, que recordó que representa a un Gobierno formado por cuatro partidos y en el que afortunadamente hay un acuerdo programático «que a mí no me gusta al 100%, pero hace que el día a día no sea algo insostenible». Luego echó mano de socarronería navarra para recordar que en las inminentes elecciones esos cuatro partidos competirán por los mismos votos, «así que no sé si irme a hibernar, coger la baja...»
Beaumont añadió otro problema, que es la necesidad de que los gobiernos «den seguridad jurídica» a sus decisiones como requisito indispensable para lograr el bien común «y gestionar sin arbitrariedad». ¿Significa esto acatar la legalidad siempre y en toda circunstancia? Para nada. Recordó que hay fórmulas con arraigo histórico como «el pase foral», que ya evocó la presidenta navarra, Uxue Barkos, este pasado martes en su reunión con Iñigo Urkullu.

Sobre la relación entre las instituciones de cambio y los movimientos sociales, Beaumont también llevaba apuntada en sus papeles la palabra «complicidad». Y le añadió otras posibilidades: «Crear foros, espacios estables de comunicación...» En el caso navarro dice albergar otra duda que resolverá el tiempo: dado el deterioro del régimen liderado por UPN, se pregunta si el cambio institucional se ha desencadenado «por afirmación o por negación».

- Inhabilitaciones.

Anna Gabriel no solo reivindicó con más fuerza la desobediencia por su diferente posición, sino porque el proceso catalán está más avanzado y ya tiene esta cuestión en la agenda social y política. Exhortó a empezar ya a materializarla. Por ejemplo, ve una gran opción para un «plante» en las citaciones judiciales contra 385 ayuntamientos por la declaración de desconexión. Considera que el Estado no tendría fuerza suficiente para tomar medidas punitivas y, además, «estamos dispuestas a ser inhabilitadas, casi lo estamos deseando». Franco matizó acto seguido que a ella desde luego no le preocupaba una inhabilitación a nivel personal, sino que ello terminara afectando a esa «herramienta» que son las instituciones de izquierda.

Cuando se bajó a ejemplos prácticos, se apreció que la diferencia está más en la teoría y el discurso que en la práctica y la realidad. Así, Gabriel admitió que no han conseguido una acción potente del Govern o la mayoría parlamentaria contra los bancos que desahucian, y al hilo de ello Franco apuntó que en Gipuzkoa solo les faltó más tiempo para haber llegado a ese punto. Habló incluso de «veto».

La diputada de la CUP añadió que el despliegue de la desconexión «nos está costando» y lo que hay ahora se limita a «cosas básicas que no parecen revolucionarias ni muy motivadoras, como armar un sistema informático» para una futura Hacienda. Reiteró que hay que avanzar: «Si no hacemos ahora microdesobediencias, puede llegar el día D y encontrarnos con que no haya nadie que quiera desconectar», dejó caer.

Los ritmos son otros en Nafarroa, donde se dan los primeros pasos para cambiar un sistema de décadas. Beaumont explicó que al llegar a los departamentos se les planteó el dilema de si mantener a los equipos anteriores, que eran los que conocían el funcionamiento de la Administración, o cambiarlos de arriba a abajo «desde el minuto cero, y ya aprenderán». Citó la dificultad añadida que suponía que a estos trabajadores «antes se les habían negado hasta los cursos de formación». Pero en su caso apostaron por esta segunda opción, dando responsabilidades a «gente que se cree de verdad el cambio, jóvenes, mujeres...» Ve en ello una pequeña revolución que lleva su tiempo, pero tiene profundidad: «Y si llegan otros en el futuro, que no lo tengan tan fácil», apostilló.

El debate en el Alkartetxe de Gasteiz resultó vivo, ante una audiencia inusualmente joven e interesada, sobre todo por esta compleja interacción entre las instituciones y la calle. Tanto Franco como Gabriel y Beaumont se mostraron agradecidas de poder abordar este tema.

- El futuro.

Las posiciones, más bien los tonos, se fueron acercando conforme avanzaba la mesa redonda. Hasta llegar a la pregunta final del moderador: ¿Cómo imaginan el futuro de la desobediencia institucional? Franco volvió a hacer gala de realismo: «Me gustaría ver a mi pueblo efectivamente en ese punto, pero para ello tendría que haber una activación importante, y eso pasa por sumar fuerzas, por convencer y por creer». Afirmó haber aprendido que «los resultados electorales por sí mismos no garantizan nada». Y pese a todo esto no es escéptica ni pesimista; percibe en los últimos tiempos que «Euskal Herria se está espabilando».

Gabriel alentó la desobediencia con la misma convicción de partida, pero matizó ser consciente de que en Catalunya hay un «engranaje institucional dado al conservadurismo» y cuyos miembros no proceden «ni de la militancia ni de la radicalidad de los problemas». El producto de ello es que «todo lo que no sea legalidad, les parece un agujero negro». Y le sumó el factor miedo de mucha gente, por ejemplo «a perder las pensiones. Y es lógico, así que tenemos que acercarnos a ese miedo con todo el respeto posible».

Beaumont, por su parte, volvió a defender ≠que el cambio es una tarea a largo plazo. No solo se logrará «venciendo» en las urnas, sino también «convenciendo» y con factores añadidos como una educación que genere «espíritu crítico y participativo. Si se educa en la obediencia debida, las sociedades seguirán siendo sumisas», dijo. Y las instituciones, también.

(Ramón Sola, Gara)