Proceso de diálogo entre las FARC-EP y el gobierno
El Gobierno colombiano y las FARC-EP han acordado la salida de los campamentos guerrilleros de los menores de 15 años y la elaboración de una hoja de ruta para la reincorporación a la vida civil con garantías de los demás menores de 18 años. Todos ellos serán considerados víctimas del conflicto por lo que no se procederá a su judicialización
Compromiso.- El 12 de febrero de 2015, las FARC adoptaron el compromiso unilateral de no reclutar a menores de 17 años. En febrero de este año, anunciaron que no aceptarían en sus filas a menores de 18 años
Iván Márquez.- «Hemos convenido con el Gobierno que esos menores no podrán ser judicializados. Lograr un entendimiento que impidiera su judicialización es lo que ha demorado este acuerdo», dijo Márquez
La ONU.- «Me siento privilegiada por estar en La Habana y aplaudo este compromiso, que pone el problema de los niños en el centro del proceso de paz y promete cambiarles la vida», resaltó Zerrougui
Las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana han logrado un nuevo e importante acuerdo después de que el pasado jueves anunciaran un conjunto de medidas jurídicas para blindar el Acuerdo Civil. En un acto conjunto celebrado en la capital cubana el lunes por la tarde (medianoche en Euskal Herria), al que también asistió la representante especial del secretario general de la ONU para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Leila Zerrougui, Gobierno y guerrilla anunciaron la salida paulatina de los campamentos de los menores de 15 años y la elaboración de una hoja de ruta para quienes tengan entre 15 y 18 años.
En virtud de este acuerdo, los menores de 14 años «en ningún caso» podrán ser declarados «penalmente responsables». A quienes tengan de 14 a 18 años, se les aplicará «el beneficio del indulto por rebelión y delitos conexos» y, a los menores que estén procesados o condenados por «delitos no amnistiables o indultables» se les aplicará la Jurisdicción Especial para la Paz, acordada dentro del punto de Víctimas. En todos los casos se tendrá en cuenta «el interés superior del niño, niña y adolescente y el reconocimiento de su condición de víctimas del conflicto»; y se priorizará su reintegración familiar y comunitaria «en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares en la medida de lo posible y en el menor tiempo».
- Un protocolo en dos semanas.
Para ello, las FARC se comprometen a entregar información sobre los menores de 15 años que hay en la actualidad en los campamentos –el jefe de la delegación de la guerrilla, Iván Márquez, los cifró en 21– y proceder a su salida tan pronto como la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia presenten en el plazo de dos semanas un protocolo de actuación.
Además, en un mes, ambas entidades deberán remitir a la mesa de conversaciones de La Habana para su discusión un plan integral especial para todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos con el fin de «garantizar la restitución de sus derechos». Este programa deberá priorizar su reintegración familiar, la atención sanitaria, el derecho a la educación –incluidas becas y facilidades de acceso a la Universidad– y a una vivienda digna. Las delegaciones del Gobierno y las FARC solicitarán a Unicef y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que verifiquen el cumplimiento de estos acuerdos.
Márquez incidió en que «a los menores que salen de las FARC les serán respetados sus derechos, serán beneficiarios de programas de atención social y educativa para que no se repita el abandono social que los empujó a nuestros campamentos».
Recordó que los estatutos de la guerrilla «siempre fueron claros en no permitir el alistamiento de menores de 15 años en nuestras filas. Sin embargo, cuando arreció la guerra, llegaron muchos cuyos padres habían sido asesinados por la violencia paramilitar, o simplemente huían del maltrato y de la ausencia de futuro. Les dimos el refugio y amparo que la orfandad y la pobreza les negaban».
Dejó claro que las acusaciones que puedan existir contra los menores de entre 15 y 18 años deberán ser indultadas. Advirtió de que en el caso de que se pretenda hacerlos comparecer ante fiscales o jueces, dándoles tratamiento de delincuentes, estos menores no saldrán de los campamentos hasta que una ley de amnistía los cobije, sea aprobada por el Gobierno, o hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda dilucidar esas supuestas responsabilidades».
El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, aseguró que el Gobierno «tomará todas las medidas necesarias para darle pleno cumplimiento a este acuerdo».
«Estamos en La Habana para terminar esta larga guerra y para que ningún niño nunca más tenga que vivir lo que vivimos nosotros. Esperamos que todos, jóvenes y niños, salgan pronto de las comunidades y se reintegren en sus familias. Quiero transmitirles a los colombianos que estamos poniendo punto final a la guerra», manifestó Humberto de la Calle.
(Ainara Lertxundi, Gara)
