Letrada urbanista
Los principios unidos al nuevo modelo de ocupación del suelo debieran conllevar el final de la política de la expulsión al entorno de las infraestructuras que se produce en las grandes y medias ciudades
Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio del Consejo de Europa –1983– «la realización de los objetivos de la OT es una tarea esencialmente política». Debate político, por lo tanto, y no tanto creación técnica, es lo que necesita la OT. Y es por eso que a la hora de plantearse un debate en torno al territorio, es decir, a la base primera y fundamental de un país, junto con su población, desde una perspectiva política, no entiendo que pueda hacerse más que desde una clave de soberanía, más allá de los márgenes competenciales de la legislación vigente. Porque solo desde la perspectiva de un futuro estado soberano pueden acometerse los debates pendientes sobre cuestiones estratégicas que se autocondicionan constantemente en este país.
Necesitamos debates sobre la energía, «aspecto crucial para la soberanía de un país», sobre recursos naturales y su explotación con especial atención a los recursos hídricos y su gestión y también sobre la gestión de los residuos. Todas estas cuestiones tienen que ver mucho con el territorio precisamente porque si hay un elemento común a toda actividad humana es el uso del suelo, de un soporte físico territorial que necesariamente tiene una ubicación determinada y que además condiciona el entorno y las poblaciones naturales y humanas.
Por ello, la otra gran cuestión de estas DOT es el modelo de ocupación del suelo, cuestión íntimamente ligada a su vez al modelo productivo, por un lado, y al modelo de sociedad, por otro. En este sentido, al modelo ha de dotársele de coherencia y ha de ser reflejo de la sociedad que buscamos y de los objetivos y principios en los que creemos. Con el cuerpo teórico previo desarrollado a la luz de los últimos documentos, el debate sobre el modelo de ocupación ha de partir de las siguientes premisas:
A. Hay cuestiones del modelo de sociedad de la década de los 90, cuando se redactaron las DOT, que se hallan ampliamente superadas. Ya sabemos que cada familia no va a tener dos viviendas, luego la segunda residencia no debiera ser una preocupación del documento ni un contenido a plasmar a este nivel, independientemente de su tratamiento en las ordenaciones urbanísticas municipales. En la sociedad vasca actual hay muchos miles de familias e individuos que no pueden optar a su primera vivienda o a mantener la que tenían. El cambio de filosofía es muy drástico y la OT debe responder a una situación que, probablemente, será la más previsible en el futuro. Deberá promover políticas públicas de diversificación de la oferta del parque existente y olvidar las nuevas clasificaciones para cientos de miles de viviendas, para las que no existe futuro más allá del papel.
B. Lo mismo puede decirse de gran número de actividades que necesitan suelo. Ha de tenderse a la reutilización de lo infrautilizado, de lo obsoleto para responder a la necesidad de suelo para actividades económicas. Ha de acabarse con la oferta territorial indiscriminada en términos de competencia entre municipios, que ha caracterizado a la época pasada.
C. Los usos del suelo han de estar caracterizados por su multifuncionalidad. Han de reconocerse las nefastas consecuencias del modelo resultante de la zonificación por la excesiva especialización de los territorios y los efectos de movilidad obligatoria y aumento de desplazamientos motorizados en transporte privado individual. Ha de llevarse a efecto la mixtura de usos como único modo de cambiar la tendencia de manera que tenga consecuencias en términos de movilidad.
D. En relación con lo anterior, el cambio de los parámetros de consumo de una sociedad que no puede mantener la loca carrera de los 90 y primer lustro de los 2000 habrá de trasladarse a la teorización sobre la movilidad sostenible. El territorio ha de reequilibrarse de manera que se reduzcan al máximo los desplazamientos forzosos. Lo cierto es que las nuevas generaciones han recuperado además el gusto y el hábito de vivir en su entorno, un derecho que dejamos de reivindicar y perdimos sin darnos cuenta. Se trata de la movilidad como derecho y no como deber.
E. En ese planteamiento es vital también la apuesta efectiva por un transporte público a través del desarrollo de la mejora de los servicios, mejora de su competitividad, política de precios, intermodalidad, etc. de manera que se altere la tendencia al uso del vehículo individual, dando forma de decisión de política pública a algo que ya la crisis puso en marcha.
F. Esas decisiones sobre movilidad y apuesta por el transporte colectivo y público debieran condicionar la política de infraestructuras. Este es uno de los aspectos en los que con mayor claridad se produce la quiebra entre teoría y práctica en el nuevo documento de las DOT presentado en 2015. Por un lado, por el hecho consumado que supone el desarrollo actual del proyecto de una nueva infraestructura para la alta velocidad ferroviaria, en el doble aspecto de incidencia del proyecto en el territorio y de absorción de la capacidad inversora, y por otro porque las propuestas denotan una clara apuesta por la necesidad de conexión con el exterior y una mayor interconexión interna, de manera que se continúa en la práctica con una política tendente a más y mayores infraestructuras, que solo pueden tener el objeto de aumentar la movilidad. La figura de los Ejes de Transformación entraña unos riesgos asociados nuevamente a la práctica de desarrollar las infraestructuras y hacer de estas los focos de atracción de actividades y polígonos. Pero esta política, ya se ha visto en las últimas décadas, no hace ciudad.
G. Los principios unidos al nuevo modelo de ocupación del suelo debieran conllevar el final de la política de la expulsión al entorno de las infraestructuras que se produce en las grandes y medias ciudades. No es compatible con las bases de actuación y criterios que se promulgan en el nuevo documento el desarrollo de polígonos de actividades económicas, equipamientos e infraestructuras en el medio rural, totalmente alejados de los centros urbanos, incomunicados, dependientes de nuevos y carísimos viales y condenados sus usuarios al uso del vehículo privado. Pondré el ejemplo de Eskuzaitzeta en Zubieta donde Donostia entierra la cárcel y sus usuarios y ubica el mayor polígono de actividades económicas de la provincia en una zona rural de altos valores naturales y paisajísticos (además de ser donde esconde la incineradora, esa que no es perjudicial para la salud).
H. Paralelamente, el reequilibrio del territorio ha de significar una localización descentralizada de los equipamientos sociales y colectivos, dotaciones y servicios generales, y sus correlativas inversiones y oportunidades. Ha de acabarse con el excesivo poder de atracción de las capitales y cabeceras de Areas Funcionales, porque la descentralización es más ecuánime y equilibrada. No tenemos por qué desplazarnos todos para todo siempre al centro. Hay que abominar de esa centralidad que se reproduce desde los niveles estatales a los locales. Hay barrios de pueblos perfectamente ubicados en la estructura del transporte público que ofrecen mayor accesibilidad que los centros colapsados. Se trata de un equilibrio desde el punto de vista social frente a la economía de la concentración.
I. El nuevo modelo de ocupación de suelo ha de hacer realidad el cambio de tendencia en la pérdida de los suelos dedicados al sector primario como mayor inversión en la recuperación de la soberanía alimentaria y la disminución de una huella ecológica que, cercanos los 9.000 millones de habitantes previstos para el 2050, va a suponer que si consumimos lo ajeno provocamos la escasez de nuestros semejantes en algún punto del planeta.
J. En resumen, no hemos de realizar una política ambientalista en las pequeñas decisiones, sino que el modelo de ocupación ha de partir de un cambio de concepción del suelo y del medio físico, de soporte disponible de actividades a bien cuyo mayor potencial es su estado natural.
(Gara)