Aunque el independentismo gusta de proclamar verdades absolutas, en un movimiento que para muchos es blanco o negro, el «proceso» está lleno de meandros, situaciones contradictorias y paradojas a menudo sonrojantes. Sucedió el pasado viernes, cuando de forma simultánea a la indignación que entre el soberanismo suscitó la decisión del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para afrontar la decisión el desacato del Parlament, se conocía que la Generalitat apelaba al TC para evitar la devolución del arte del monasterio de Sijena a Aragón. El mismo órgano que el secesionismo descalifica como tribunal de parte, deslegitimado y parcial se invoca para tratar de revocar una decisión judicial. Todo normal según establece nuestro ordenamiento jurídico; un auténtico contrasentido según la lógica independentista.
Otro tanto sucedía esta misma semana cuando el nuevo Partit Demòcrata Català (PDC) –herederos de la vieja CDC– invocaba la doctrina del TC para reclamar una lectura generosa del reglamento del Congreso para obtener el grupo propio en la Cámara que el resultado en las urnas no les concedió de manera automática. «Es lo que hay, tenemos que jugar con todas las armas, sería como jugar un torneo de fútbol y no comparecer en el campo», se ha respondido siempre desde la Generalitat cuando se ha preguntado por lo que es en sentido estricto una contradicción: apelar a un tribunal al que, en forma de programa político y de resolución y moción parlamentaria, has instado a desobedecer.
En estos últimos años de «proceso», el momento en el que más se ha puesto de relieve este doble juego se produjo el pasado 27 de octubre. Ese día, los grupos de Junts pel Sí y de la CUP presentaban en el registro del Parlament la propuesta de resolución por la que se declaraba «solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independendiente en forma de república». Ese texto, que sería aprobado el 9 de noviembre, y suspendido por el TC dos días después, sentenciaba de manera solemne: «El Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que considera falto de legitimidad y de competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña».
Paradójicamente, ese mismo día, un martes, se reunía el gobierno catalán, que decidía iniciar los trámites para solicitar la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Nacional y contra la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuya reforma precisamente es la que podría permitir ahora al Alto Tribunal, por la vía rápida, multar con hasta 30.000 euros o suspender de su cargo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Fue el caso más flagrante, pero no el único. Diez días después de aprobarse la resolución del 9-N, el ejecutivo catalán en funciones que entonces presidía Artur Mas, anunciaba otra tanda de recuros de inconstitucionalidad: contra la ley del régimen jurídico del sector público, del voluntariado, la del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y la de carreteras.
Es solo un ejemplo del campo de batalla que la disputa entre el Gobierno y la Generalitat ha covertido el Tribunal Constitucional, última instancia para dirimir conflictos que en épocas de entendimiento –tan lejos ahora– se dirimían en el seno de la comisión mixta Gobierno-Generalitat. En la primera legislatura de Rajoy el Gobierno aseguraba haber impugnado 30 leyes catalanas, del mismo modo que la Generalitat había recurrido nada menos que cerca de medio centenar del Ejecutivo. Ni contigo ni sin ti, el soberanismo anhela vivir al margen de un tribunal al que acaba recurriendo de manera sistemática.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, delegará sus funciones en el vicepresidente primero de la Cámara catalana, Lluís Corominas, del 3 al 12 de agosto, días en los que permanecerá fuera de España, al irse de vacaciones, en concreto a Etiopía, según aseguró ayer La Vanguardia.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña, en una resolución en la que Forcadell delega en Corominas, del 3 al 12 de agosto, ambos días incluidos, las funciones que le corresponden como presidenta de la Cámara. Forcadell se ausentará dos días después de que el TC, el lunes, se reúna para decidir si toma medidas contra ella.
(Àlex Gubern, ABC)
