El Comité Ejecutivo del PP convocado para mañana miércoles por Mariano Rajoy será el comienzo de la recta final hacia la investidura del candidato popular. Hacía mucho tiempo que una reunión en Génova no despertaba tanta expectación. Y ello porque el líder del PP ha situado en el máximo órgano de dirección la responsabilidad de dar una respuesta a las seis condiciones impuestas por Albert Rivera para el sí de sus 32 diputados. Pero que nadie espere un sí rotundo de la ejecutiva del PP a las exigencias de Ciudadanos: de la reunión, en la que no habrá votación -ni resultado, por tanto-, sí saldrá un cheque en blanco para que el presidente en funciones inicie la negociación, lo acelerará que quede establecida una fecha para que Rajoy defienda su programa en el Congreso.
Distintas fuentes consultadas por este periódico confirman que el Comité Ejecutivo no dará una respuesta en los términos de sí o no planteados expresamente por los dirigentes de Ciudadanos y añaden que tampoco se producirá una votación formal. El resultado de la reunión no será, pues, el recuento de los votos a favor ni en contra.
Los interlocutores de este diario han explicado que el contenido del Comité Ejecutivo tendrá tres claves. La primera será la decisión de trasladar «un depósito de confianza» a Mariano Rajoy para que administre como quiera el proceso de negociación de la investidura.
Desde que se conoció la convocatoria, distintos miembros de la ejecutiva se han puesto en contacto con los máximos dirigentes del PP para trasladarles el respaldo absoluto a las decisiones que pueda tomar Rajoy. De forma que la dirección espera que el Comité extienda un cheque en blanco al líder del partido para la formación de Gobierno. «Es evidente que Mariano Rajoy es un líder completamente reforzado, tanto internamente, como por los ciudadanos en las urnas el 26-J. El PP al completo valora la prudencia y la serenidad con las que ha actuado en el año más convulso de la política española desde la Transición», aseguran fuentes del partido.
La segunda clave de la reunión del Comité será la respuesta a las seis exigencias de Ciudadanos. Descartada por completo una reacción negativa, los dirigentes consultados auguran que el PP no dará tampoco un sí rotundo a Ciudadanos. La reacción de Mariano Rajoy, al dilatar una semana la convocatoria para una decisión, ya indicaba que el contenido de las seis condiciones no le parecía el adecuado para un pronunciamiento de sí o no.
«La respuesta del partido a Ciudadanos será positiva seguro, pero nadie puede esperar un sí sin comentarios, sin condiciones o sin matices, eso no tiene sentido. Algunas de las propuestas de Rivera tienen su complejidad jurídica y otras no dependen de un acuerdo PP-Ciudadanos, ya que son reformas que hacen imprescindible el acuerdo del PSOE».
Concretamente, la dirección popular cita como problemáticas la limitación de mandatos -que según los informes preliminares de Moncloa podría ser contraria a la Constitución- o la reforma de la Ley Electoral, cuya complejidad e implicaciones trasciende el acuerdo entre dos partidos que ni siquiera suman la mayoría absoluta de la Cámara.
Pero hay una segunda razón política de fondo por la que, según estas fuentes, el PP no puede decir «sí, quiero» sin más. «Algunas de las condiciones suponen una auténtica bajada de pantalones para el PP. Sin restar importancia al papel de Ciudadanos, que indudablemente se ha movido en la buena dirección, un partido con 137 escaños tendrá por lo menos derecho a opinar sobre la propuesta de otra formación con 32 diputados. Esto el presidente lo tiene muy claro y no va a abdicar de su responsabilidad».
Aunque la iniciativa de Rivera fue saludada con alivio por la dirección del PP porque rompía el bloqueo, a nadie se le oculta que dos de las condiciones: la dimisión de los imputados y la comisión de investigación sobre el caso Bárcenas han sido acogidas con enorme malestar en el partido. Disgusto que numerosos dirigentes han ido expresando internamente con el transcurso de los días.
Así las cosas, la dirección espera que del Comité salga la decisión de abrir negociaciones con Ciudadanos para un acuerdo de investidura. Mariano Rajoy podría proponer una comisión negociadora para reunirse con el equipo que designe Ciudadanos.
La tercera clave tiene que ver con la fecha del debate de investidura, último escollo para acabar con la situación de interinidad política del país. Los colaboradores de Rajoy admiten que, a pesar de que se ha resistido a confirmarlo públicamente -la última vez que se lo preguntaron respondió «ya veremos»- el candidato del PP tiene decidido someterse al debate de investidura. Aún cuando no tenga garantizados los 176 diputados en primera votación, ni una mayoría de votos afirmativos en la segunda.
La negativa socialista a plantearse una abstención y la imposibilidad de acordar nada con los nacionalistas catalanes y vascos, mantiene a día de hoy bloqueadas las expectativas de Rajoy de ser elegido presidente. Sin embargo, la dirección del PP espera que esta misma semana su candidato ponga fecha al debate de investidura. Podría ser después del Comité Ejecutivo o tras la entrevista que previsiblemente mantendrá con Albert Rivera para iniciar formalmente las negociaciones.
La decisión de fijar la fecha, advierte un colaborador del presidente, tendría como primer efecto «anular por completo el debate público sobre las condiciones que impone Ciudadanos al PP, el escenario cambiaría, y Rivera ya no puede dar marcha atrás hacia el sí a Rajoy».
El PP calcula que el debate se celebrará entre finales de agosto y primeros de septiembre. Siempre antes del día 9, fecha en la que comienza oficialmente la campaña de las elecciones gallegas y vascas. El líder de Ciudadanos pidió expresamente a Rajoy que la investidura no interfiriera en las elecciones en esas comunidades convocadas para el 25 de septiembre.
Aunque no hay señal alguna de que la dirección del PSOE encabezada por Pedro Sánchez sea sensible a las presiones que por tierra, mar y aire caen sobre su cabeza para que se abstenga, los dirigentes del PP consultados no contemplan la posibilidad de que esta situación se mantenga inalterable a partir del momento en el que Rajoy y Rivera alcancen un acuerdo que garantice al candidato propuesto por el Rey el respaldo de 169 diputados.
«Sánchez calculó que Rajoy se presentaría en el Congreso con 137 diputados y que así podría echarle en cara lo mismo que Rajoy le dijo en su investidura fallida de 130. Pero con 169 se queda sin discurso. El PSOE tendrá que mover pieza obligatoriamente porque la opinión pública demandará un Gobierno después de ocho meses de bloqueo».
A este argumento añaden otro vinculado directamente con las elecciones vascas y gallegas. «Las expectativas electorales del PSOE en Galicia y el País Vasco son muy malas. Los sondeos pronostican muy buen resultado para Alberto Núñez Feijóo y aceptable para Alfonso Alonso. Y son unánimes en el retroceso socialista. Es un riesgo muy grande para Pedro Sánchez afrontar el 25 de septiembre con la responsabilidad sobre su cabeza de haber impedido el Gobierno de España por negarse a que se abstengan algunos diputados socialistas».
- Las seis condiciones de Ciudadanos al PP.
Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por corrupción hasta la resolución completa del procedimiento judicial.
Eliminación de los aforamientos de los políticos, bajo la premisa de que "todos somos iguales ante la ley".
Una nueva ley electoral que incluya: listas desbloqueadas que permitan a los electores una mayor influencia sobre la elección de los representantes e incentiven una rendición de cuentas más personalizada; incremento de la proporcionalidad y reforma del sistema de voto de los ciudadanos residentes fuera de España para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del voto rogado.
Acabar con los indultos a los condenados por delitos de corrupción política.
Limitación del mandato del presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos.
Compromiso de transparencia con la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP.
(Lucía Méndez, El Mundo)
