Profesor de Estudios Hispánicos
Hace poco más de un año entrevisté a Jordi Gracia, catedrático de Literatura en la Universidad de Barcelona y opinador de 'El País'. Quise invitarle a una reflexión sobre el poder que ese papel de intelectual público representaba. “El acceso a las páginas de opinión de 'El País'” le decía, “te confiere una autoridad, un poder social, un privilegio diferente que los del profesor de literatura colaborador en un suplemento cultural. También supone una responsabilidad diferente que, a su vez, te hace más vulnerable en la medida en que te expone a una crítica o cuestionamiento diferente. ¿Cómo asumes esa responsabilidad, esa autoridad? ¿Te incomoda? ¿Qué es lo que justifica, para ti, tu propio papel como intelectual público?” Me parece que a Gracia le molestó un poco la pregunta. O al menos no quiso asumir su premisa: que él ocupaba una posición de autoridad. Lo que justificaba actuar como intelectual público, respondió, era nada más que “la voluntad de hacerlo”.
“No se me ocurre”, agregó, otra justificación de esa actividad que la fortuna de que al periódico le pareciese bien que escribiese fuera de Babelia, y después la invitación a seguir haciéndolo, a iniciativa propia o de ellos (un poco como en Babelia). Autoridad es una palabra que se me antoja fuera de lugar, por demasiado excelsa y pomposa. Ni se me pasa por la cabeza, y mucho menos lo que llamas poder social: para mí el artículo de opinión funciona como extensión natural de la conversación con un amigo tras una comida o una llamada telefónica, o simplemente después de escuchar una tertulia política o leer los periódicos (fuente inagotable de exabruptos privados que a veces se convierten en exabruptos disfrazados de artículo). Y si el periódico cree que vale la pena publicarlo, yo estoy encantado, aunque cualquier día, ya verás, empezarán a devolverme artículos y volveré a la infancia profesional de autor solipsista.
Vale la pena analizar esta respuesta, que a mi modo de ver combina la mistificación con la lucidez. Lúcida me parece la conciencia de que la institución que confiere la autoridad (el periódico, o el poder que éste representa) también puede quitarla de un día para otro. Es decir que el acceso a la tribuna es condicional: el columnista y el crítico son tan precarios como un obrero cualquiera en un régimen laboral gobernado por el neoliberalismo. (Como nos recordó hace poco Guillem Martínez). Donde Gracia me parece operar bajo cierta mistificación es cuando, modesto y molesto, se niega a vincularse con una noción tan “excelsa y pomposa” como autoridad e insiste en ver lo que publica como una simple expresión de opinión como otra cualquiera. Pero confundir una sobremesa o llamada telefónica con un artículo de opinión es no entender, o no querer entender, el funcionamiento de la esfera pública.
Curiosamente, la respuesta de Jordi Gracia es parecida a la reacción que suscitó en su día un análisis mío sobre el papel que han jugado los historiadores universitarios como intelectuales públicos en el debate sobre la memoria histórica de la Guerra Civil y del franquismo. En ese ensayo, que publiqué en inglés en una revista académica norteamericana, intenté llamar la atención sobre lo que yo veía como una paradoja. Por un lado, hay historiadores universitarios que insisten en que el conocimiento sobre el pasado que ellos producen es más objetivo, y por tanto más verdadero, que la “memoria” subjetiva, politizada y comercializada que representan otros discursos sobre el pasado (los recuerdos de las víctimas, las novelas, los reportajes periodísticos, los discursos gubernamentales, etcétera).
Por otro, esos mismos historiadores movilizan su legitimidad como universitarios (objetivos, desinteresados) para escribir columnas de opinión (un género nada académico) en medios controlados por grandes conglomerados que integran un paisaje mediático tan politizado como comercializado. También anoté que la relación entre universitarios columnistas y medios comerciales es simbiótica, en el sentido de que la colaboración rinde capital económico y cultural para ambas partes. Decía, en inglés, que en la práctica los académicos columnistas eran empleados remunerados (paid employees) del conglomerado mediático.
Esa caracterización suscitó una reacción airada. En una carta a los directores, el historiador Santos Juliá apuntaba lo siguiente:
"He firmado un acuerdo de colaboración con El País donde publico desde 1994 una columna de opinión de 750 palabras cada dos semanas, sobre política española. Ese acuerdo —que puede interrumpirse cualquier día por cualquiera de las partes— no me convierte en un empleado a sueldo de un large media conglomerate. Empleado a sueldo sólo lo soy de una universidad española en la que me limito a ocupar una plaza de profesor en un pequeño departamento".
La corrección no creo que afectara a la base de mi argumento: que el académico columnista ocupa una posición de poder y que su relación con el medio que le publica es, en parte, económica y, en general, de provecho mutuo. Igual que Gracia, sin embargo, Juliá quiso minimizar tanto ese aspecto simbiótico como la autoridad que su relación con el medio le confiere, al tiempo que pareció no querer reconocer las realidades económicas que estructuran el mundo de la prensa.
Esta falta de conciencia de la propia posición de poder ¿es problemática? En un intelectual público, me parece que sí. Sobre todo porque permite al intelectual que lo disfruta mantenerse ciego ante su lugar en las estructuras de poder que condicionan el propio diálogo público. Le permite incluso negar que existan esas estructuras y ese condicionamiento. En otras palabras, exime al intelectual de la difícil tarea de considerar su propio discurso como un discurso ideológico, y a sí mismo como ideólogo: le libra de considerar la posibilidad de que uno no es y dice lo que piensa que es y dice. De ahí también, creo, las reacciones algo viscerales de parte de ciertos intelectuales ante los intentos de análisis que sí los consideran bajo esa luz. Y de ahí la confusión entre crítica y ataque o calumnia.
Este malentendido, que a mi ver nace de una falta de autoconciencia crítica, me parece que apunta a un síntoma mayor: el perfil relativamente bajo en España de una tradición de crítica cultural. ¿Qué es la crítica cultural? Creo que vale como definición inicial la descripción que, en su libro reciente How to Be an Intellectual, Jeffrey Williams da de su propia actividad: “(la fusión) de las técnicas del periodismo literario con la investigación para informar sobre la teoría contemporánea, la vida intelectual, la política y la universidad”.
La crítica de este tipo ve como tarea fundamental “explicar nuestra cultura”. Nacida de la tradición de la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort, la crítica cultural es interdisciplinaria y aspira a emplear herramientas teóricas para analizar el funcionamiento de las instituciones y productos de la cultura en su sentido más amplio. Con el fin, además, de intervenir en la vida pública de las democracias —es decir, transcendiendo los recintos universitarios—.
Tiene una especial preocupación por las relaciones de poder y las formas en que actores determinados movilizan la autoridad cultural en función de intereses concretos. También se concentra en el uso interesado de ideas y conceptos (la verdad, la identidad, la historia, lo natural, el sentido común) para cambiar o mantener estructuras de poder, dinámicas que suele describir en términos de ideología, hegemonía o contra-hegemonía. Y finalmente, le caracteriza una autoconciencia crítica asumida como imperativo moral: un cuestionar constante de la posición, la identidad y el poder de los propios críticos. Lo que también implica una invitación a la crítica de los críticos: la discrepancia no como ataque sino como avance dialéctico.
Como práctica intelectual, la crítica cultural está más desarrollada en las Américas que en España. No me parece que haya en España figuras comparables a Susan Sontag, Nelly Richard, Beatriz Sarlo, Néstor García Canclini, Judith Butler o Carlos Monsiváis. Esta ausencia tiene que ver, sin duda, con el relativo conservadurismo de la universidad española, sobre todo en lo que concierne al estudio del pasado y de la literatura. Y es que tanto la historiografía como la filología practicadas en España —que no por españoles, ya que los exilios intelectuales de los últimos 80 años se han desarrollado de forma bastante más rica y diversa— se han caracterizado por cierto apego al empirismo, cierta aversión a la teoría contemporánea y, sobre todo, una incapacidad para superar estructuras institucionales heredadas del siglo XIX, como son las filologías nacionales. De ahí también el bajo perfil de la Literatura Comparada, que en Estados Unidos ha servido como caldo de cultivo de la crítica cultural.
El peso de la inercia burocrática en la universidad española, junto con la fuerza de sus estructuras jerárquicas, no ha servido precisamente para fomentar la innovación. Desde finales de los 80, la práctica exclusión de la plantilla académica de varias generaciones de universitarios más jóvenes —muchos de cuyos representantes han terminado en universidades británicas y estadounidenses— solo ha empeorado la situación, por no mencionar las reformas educativas y los efectos nefastos de la Gran Recesión. Dado que varios de los intelectuales mediáticos españoles más prominentes provienen de la universidad, este contexto también ha condicionado la evolución de la opinión pública en España.
Afortunadamente, todo lo que acabo de esbozar lo ha analizado en gran detalle, y con mucho más tino crítico, un contingente de intelectuales que operan desde lugares relativamente marginales a la universidad española: el extranjero, la prensa, el activismo. Críticos culturales como Luis Moreno-Caballud, Luisa Elena Delgado, Guillem Martínez, Amador Fernández-Savater o Pablo Sánchez León han demostrado que la evolución de la cultura, política y universidad españoles durante los últimos 40 años ha sido condicionada por los que manejaban el poder en la política, la cultura y la universidad.
Como es natural, por otra parte. Pero también señalan que ha sido condicionada por la forma peculiar en que ese poder se ha ejercido. Todos acaban señalando como rasgos definitorios cierta falta de democracia y cultura crítica; cierta cercanía cómplice entre las élites políticas, universitarias y culturales; cierta exclusión de voces críticas y disidentes; y cierto exceso de tutelaje y jerarquía. Rasgos todos justificados mediante relatos maestros sobre la historia española, la modernidad, el progreso y el conflicto en cuya elaboración han tenido un papel clave los intelectuales que llegan a ocupar posiciones de poder en los años 80. Y cuyo prestigio, a su vez, ha servido para conferir a esos relatos, durante mucho tiempo, un estatus de verdad revelada.
Mi conversación con Pablo Sánchez León, que salió publicada en CTXT a principios de abril, presenta un diagnóstico crítico del papel jugado por los intelectuales públicos en la España democrática, en particular los historiadores y otros universitarios. Por razones institucionales, coyunturales y demográficas, estos universitarios han podido ejercer ese papel durante mucho tiempo.
También llama la atención que varios de los más prominentes se hayan mostrado sumamente críticos con los ciudadanos, intelectuales y políticos que, sobre todo desde 2011, abogan por cambios fundamentales en la política y la cultura de España —cambios que modifiquen, precisamente, las relaciones de poder entre la ciudadanía y las “autoridades” políticas y culturales—. Las bases del diagnóstico de Sánchez León no son demasiado diferentes de las que han formado la visión crítica de la “cultura de la Transición” formulada por muchos otros en los últimos cinco años. Sí, quizás, lo es el formato (entrevista), el medio (una revista que pretende ser una plataforma más abierta que los medios tradicionales) y el tono (irreverente).
Con mi entrevista quise contribuir al debate sobre el papel público de los intelectuales en España, a la luz de La desfachatez intelectual de Sánchez-Cuenca, El cura y los mandarines de Gregorio Morán y otras análisis recientes. Sin quererlo, parece que he contribuido a abrir otro debate: sobre la posibilidad, los límites y la forma de la crítica cultural en España.
(Espacio Público)
