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El escándalo del Correo Argentino provocó una caída en la imagen y la confianza en el Presidente. Los números que frenaron a Macri

Seis de cada diez personas considera que el acuerdo que firmaron calladamente el Grupo Macri y el gobierno de Macri por el Correo es “un acto de corrupción”. Y sólo el 34 por ciento piensa que fue un error o una equivocación de un funcionario que actuó casi sin querer o consideran que no estuvo tan mal el convenio. Un acto de corrupción significa dolo e intención de enriquecimiento. Y la clave de esa evaluación es que, también una mayoría, piensa que en la negociación del Correo “Macri estaba de los dos lados del mostrador”, es decir que su gobierno negoció en nombre del Estado y a la vez negoció siendo parte del Grupo Macri. El Presidente seguramente recibió encuestas que le indicaban esta mirada crítica de la mayoría de los argentinos y por eso afrontó, con más de una semana de atraso, la conferencia de prensa en la que adelantó que su gobierno propone volver todo el acuerdo “a fojas cero”. Esa marcha atrás no se produjo por iniciativa del propio Macri sino porque la fiscal Gabriela Boquín produjo un estruendoso rechazo de lo firmado, considerándolo abusivo para el Estado, y por el fuerte rechazo en la opinión pública cuando la maniobra fue difundida. El impacto en la imagen del propio Macri también quedó expuesto: el mandatario perdió cuatro puntos en su imagen positiva en Ciudad de Buenos Aires, su bastión, y también cuatro puntos en el Gran Buenos Aires, el territorio que le resulta más adverso.

Las conclusiones surgen de una encuesta, especial para Página 12, realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), la consultora que lidera el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 500 personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y todos los distritos del Gran Buenos Aires, lo que se llama Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). En el sondeo se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico social.

“En pocos días el tema estalló –señala Bacman– y se convirtió rápidamente en un escándalo político de gran envergadura. Los datos que se desprenden de este trabajo de campo de CEOP, llevado a cabo entre el miércoles 15 y el jueves 16 de febrero, en el área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el Conurbano Bonaerense) arroja resultados más que elocuentes con respecto al alto impacto que produjo esta cuestión. A pesar que los medios de comunicación tardaron varios días en darle la importancia suficiente a esta noticia, el tema se terminó instalando con excepcional fortaleza en la opinión pública como una demostración categórica que, por más esfuerzos que se realicen, el sol no se puede tapar con las manos”.
Un dato categórico es que 71 por ciento de las personas entrevistadas dijeron estar al tanto del tema, un porcentaje alto si se considera que la encuesta se hizo a una semana de la difusión del escándalo.

En el trabajo realizado por el CEOP, el 67 por ciento de los encuestados dijeron que les parece mal el acuerdo entre el Grupo Macri y el gobierno. Del otro lado, apenas un 15 por ciento dicen que les parece bien.

Estos porcentajes muestran, del lado de los que les parece mal, a una pequeña porción que piensa que fue un error –como argumenta el Presidente– y sobre todo los que creen que fue un acto de corrupción. Del otro lado de esta balanza tan desigual está apenas el 15 por ciento que, de alguna manera, dice que no está mal, aceptando explicaciones del estilo de que es un viejo problema que había que arreglar o que la ley lo permite. En realidad, se trata de un núcleo duro que aparece en casi todas las encuestas y que son incondicionales del macrismo, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.

Bacman sostiene que “cuando se profundiza en el impacto producido, se observa con mayor claridad que este acuerdo representó ni más ni menos que una bala de cañón que detonó por debajo de la línea de flotación del Gobierno Nacional. En un año electoral todo lo que se desprende de esta encuesta son malas noticias para el oficialismo. Al 67,6 por ciento le parece mal que se haya firmado este acuerdo, contra un escueto 15,3 por ciento que opina lo contrario. Sin lugar a dudas una diferencia indiscutible, en tanto y en cuanto demuestra una irritación social que penetra en el seno del propio segmento actitudinal de los oficialistas. Un llamado de atención que seguramente el gobierno no debe tomar a la ligera ni pasar por alto”. Es decir que incluso hay un sector de los incondicionales del macrismo a los que le pareció mal la firma.

Para una fuerza política que hizo campaña alardeando que venía un gobierno de manos limpias, el caso del Correo resulta un golpe porque no es que se lo percibe como un mal acuerdo o como un error, sino que el 58,5 por ciento piensa que es un acto de corrupción. Esto indefectiblemente significa una acusación de que se jugó a favor del Grupo Macri y, en este caso, del propio Presidente de la Nación. Es que según la imputación del fiscal federal Juan Pedro Zoni, que estudió los documentos, las denuncias penales y la estructura societaria de Correo Argentino, Mauricio Macri –como dice textualmente el fiscal– sería “beneficiario directo o indirecto del acuerdo”. “Este dato es otro tiro por debajo de la línea de flotación, especialmente para aquel sector de la ciudadanía que votó a Macri esperando un cambio en el ámbito de la institucionalidad y la transparencia” –señala el titular del CEOP.

“En este contexto de tiempos adversos para el oficialismo –insiste Bacman– la credibilidad del gobierno también está puesta en tela de juicio: siete de cada diez entrevistados (70,4 por ciento para una mayor precisión) afirman que ‘no pueden creer’ que el presidente fue ajeno a los resultados de las negociaciones que remataron en el acuerdo. El tema no solo impacta: por lo visto también influye en la pérdida de credibilidad”.

Lo que fundamenta la desconfianza es la opinión mayoritaria de que, en la cuestión del Correo, Macri está de los dos lados del mostrador. “En la encuesta –redondea Bacman– buscamos qué es lo que sustenta la posición mayoritaria en contra del acuerdo y la sospecha de corrupción. Una pregunta cae de madura: ¿Es difícil creer en los argumentos que esgrime el gobierno? Todo parece indicar que sí. Al menos a la luz de estos resultados se detecta que para una importante mayoría (64,7 por ciento) ‘el acuerdo por la deuda del Correo Argentino es poco transparente porque Macri está de los dos lados del mostrador’”.

Esta situación no tiene visos de cambiar. Volver a fojas cero, como señaló Macri, no es legalmente difícil. El Grupo Macri o el Estado pueden presentar un escrito, desistir del acuerdo anterior y proponer un nuevo acuerdo. El problema es qué se va a proponer. Lo que suscribieron en junio establecía que el Grupo pagaría 300 millones de pesos –la misma deuda de 2001, sin actualización alguna– a 15 años y con un siete por ciento de interés, con la mitad de la deuda a pagar entre 2030 y 2032. Según aquel texto, por una deuda de 300 millones, el año próximo empezarían a pagar algo así como 25.000 pesos por mes, una cuota ridículamente baja, que surge de que debe pagar –así dice el acuerdo– el uno por ciento de la deuda en 2018 y recién el 20 por ciento y el 30 por ciento en 2030 y 2032. En paralelo, el Grupo Macri continuaba con un juicio por 2.300 millones de pesos, con un interés del 11 por ciento anual.

El Grupo Macri hizo trascender que no cambiará mucho su oferta. Expertos como Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia, afirman que tiene que haber una actualización de los 300 millones –algo habitual en los concursos de acreedores– y un retiro de la demanda del Grupo Macri contra el Estado. Si no se propone una fórmula de esa naturaleza, el acuerdo seguirá siendo objetado y producirá rechazos en la mayoría de la población.

(Raúl Kollmann, Página 12)