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Pujol Jr. se introdujo en el círculo de Aznar para hacer negocios

El pendrive con información sensible de la familia Pujol, entregado por la Policía a la Audiencia Nacional, contiene documentos que detallan gestiones con el ex presidente del Gobierno José María Aznar y su círculo más cercano para llevar a cabo un gran proyecto del clan catalán en la República Dominicana con financiación pública española.

EL MUNDO ha tenido acceso al contenido de este dispositivo informático, cuya procedencia no ha conseguido aclarar todavía la Policía Judicial -se ha limitado a explicar que lo encontró ordenando unos cajones-, y que ha puesto en riesgo el sumario del caso Pujol en medio de un escándalo por la actuación policial.

Este disco duro portátil contiene una copia del material que albergaba Jordi Pujol Ferrusola en su despacho profesional de Barcelona y el juez José de la Mata sospecha que ha sido obtenido por los investigadores mediante un pirateo informático que se niegan a confesar.
El pendrive alberga, entre otros, un documento titulado «Notas Proyecto República Dominicana», en referencia a la construcción del Mercado Central de Abastos de la ciudad de Santo Domingo.

El proyecto fue promovido en 2001 por un consorcio integrado por la sociedad Ibadesa, propiedad del empresario José Herrero, asociado en este grupo empresarial con Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del ex conseller de CiU Felip Puig. En el proyecto también participaba la empresa pública española Mercasa, dependiente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la privada Incatema.

En este documento se planteaba como primer «problema» que la cobertura pública española para el mismo ascendía a sólo 10 millones de dólares. Una cantidad que se antojaba insuficiente para acometer la iniciativa, toda vez que fue presupuestada en 49 millones de dólares.

Por ello, tal y como refleja la documentación del pendrive, pidió ayuda a sus socios Pujol y Puig, que se encargaron de las gestiones con el Ejecutivo español.

Ambos propusieron como «solución» que «el presidente de la República Dominicana (Hipólito Mejía) escribiera una carta al presidente Aznar dando prioridad absoluta al proyecto del mercado».

De esta forma, rezaba el plan de Pujol Jr. y Puig, «se refuerza la idea de que el Gobierno de República Dominicana quiere tirar hacia adelante el proyecto por delante de otros que fueron presentados inicialmente». A lo que precisaba que «estas gestiones ya están hechas» en referencia al mandatario centroamericano.

Además se recalcaba por parte de Ibadesa que «el Gobierno español debería contestar la carta recibida del presidente de la República Dominicana lo más rápido posible».

Tras diseñar esta hoja de ruta, la empresa de Pujol Jr. y Puig escribió otro documento. Esta vez una carta, que también se encuentra en el controvertido pendrive, dirigida supuestamente a José Manuel Fernández Norniella, que en ese momento presidía las Cámaras de Comercio, y la Policía sostiene que «influía» desde esa posición en Juan Costa, secretario de Estado de Comercio.

En dicha misiva Ibadesa explicaba que «el consorcio Mercasa-Ibadesa-Incatema tiene firmado un contrato para la construcción del mercado central de Santo Domingo por valor de 49 millones de dólares».

Se le recordaba que existía un «primer problema». Y es que el «techo-país» de financiación pública española era de «80 millones de dólares absorbidos en su totalidad hasta la fecha por proyectos del Gobierno de la República Dominicana».

A lo que había que añadir un «segundo problema» y es que el «techo por operación de Cesce (empresa pública que asegura operaciones de comercio exterior) es de 10 millones de dólares», tal y como se ha mencionado anteriormente. Por tanto, sólo una intervención gubernamental podía dotar de mayor cobertura financiera a la iniciativa de Pujol Jr. en detrimento de otros proyectos.

De ahí que, siguiendo su guión establecido, le recordaran a Norniella que «el presidente de la República Dominicana ha enviado una carta al presidente Aznar para priorizar el proyecto, pidiendo elevar el techo-operación para el mismo».

Agregaba que «la Secretaría Técnica de Presidencia de la República Dominicana ha enviado una carta al secretario Juan Costa en el mismo sentido para que excepcionalmente se eleve el techo-operación hasta 49 millones para este proyecto».

Pujol Jr. y su socio Jordi Puig añadían a Norniella: «Te agradecería vieras qué puedes hacer para conseguir que se apruebe elevar el techo de la operación y que el secretario de Estado Juan Costa pudiera contestar por carta (adjunto modelo orientativo) a la República Dominicana para que este gobierno reordene las prioridades de los proyectos y dar entrada al Mercado Central».

«Proponemos elevar el techo-operación hasta 25 millones de dólares y realizar el proyecto en dos fases (es un proyecto modular y lo permite)», apostillaron a continuación.

El mercado construido en República Domincana por el consorcio público-privado de Mercasa con las empresas Ibadesa e Incatema fue durante casi una década un proyecto fallido, encargado a dedo, sin licitación alguna, por las autoridades del país caribeño. Según diversas fuentes durante mucho tiempo no contó con accesos, lo que dejó las infraestructuras inhábiles.

(Esteban Urreiztieta, Quico Alsedo, El Mundo)