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Acuerdo de mínimos contra la violencia de género tras seis meses de tensiones políticas

Cierre de la Subcomisión por un Pacto de Estado contra la violencia de género

La subcomisión para un Pacto de Estado contra la violencia machista cierra su trabajo con un documento acordado por unanimidad, pero con PSOE, Unidos Podemos y Compromiso afirmando que se trata de un compromiso de mínimos

"Esto no es un Pacto de Estado puesto que falta un enfoque integral que atienda de la misma manera a todas las víctimas de violencias machistas"

"Ha sido duro llegar a este acuerdo y arrastrar al PP a un pacto contra la violencia de género que venimos solicitando desde 2014"

"En Valencia acabamos de hacer un pacto más contundente porque equipara a las víctimas de violencia machista con las del terrorismo"

Todos los grupos políticos representados en la subcomisión del Congreso que han negociado durante los últimos seis meses un Pacto de Estado contra la violencia machista, se han felicitado por el documento acordado por unanimidad.

Sin embargo, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, el resto de los grupos representados en la subcomisión han manifestado que se trata de un esfuerzo importante, pero lo han calificado de un consenso de mínimos, puesto que para muchos aún dista de ser un Pacto de Estado.

La subcomisión ya tiene un dictamen (así se llama el documento aprobado) que tiene que elevar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los diputados el próximos viernes 28 de julio para su aprobación final. Hasta entonces, muchos de los grupos trabajaran en los votos particulares que presentarán en la Comisión de Igaldad y que serán aprobados o rechazados por mayoría, lo que puede modificar aún el documento de forma importante.
Angela Rodríguez de Unidos Podemos ha manifestado que "esto no es un Pacto de Estado, puesto que falta un enfoque integral que atienda de la misma manera a todas las víctimas de violencias machistas. Lo que tenemos hoy es un documento que trata a unas víctimas de primera y a otras de segunda", afirma Rodríguez.

Si bien reconoce que en el texto se han incluido la mayoría de las violencias contenidas en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, no les da el mismo tratamientos, ni acceso a los mismas prestaciones.

La ley de violencia de género vigente en nuestro país y aprobada en 2004 reconoce un amplio abanico de protección a las víctimas de violencia de género, pero sólo considera las agresiones que se producen en el seno de la pareja o expareja.
"El documento acordado reconoce más tipos de violencia, pero no le dan la cobertura prevista en la ley de 2004", afirma Rodríguez.

​Rodríguez apunta también a imprecisiones en las partidas presupuestarias, a dónde se van a dedicar los fondos o de qué partidas van a salir, y lamenta que el pacto no haya incluido un amplio abanico de políticas para la igualdad, "puesto que es la desigualdad la que nutre la violencia de género".

A pesar de todo, resalta que durante las negociaciones "todos hemos respetado las posiciones del otro y esto hay que ponerlo en valor".

Angeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo Socialista en el Congreso ha mostrado satisfecha por este “acuerdo de mínimos” alcanzado y ha señalado que “lo prioritario es que las medidas acordadas se hagan efectivas lo más rápidamente posible”.

Alvarez afirmó que "ha sido duro llegar a este acuerdo y arrastrar al Partido Popular a un pacto contra la violencia de género que el PSOE viene solicitando desde le año 2014".

Sin embargo, Álvarez no ha querido hacer una valoración política del acuerdo alcanzado por la subcomisión, que aplaza hasta a la reunión con cargos orgánicos del partido Socialista, representantes institucionales y organizaciones de mujeres que tendrá lugar el próximo martes 25 en la sede del partido en Ferráz.

Álvarez sí manifestó que "el país en su conjunto tiene que felicitarse porque hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo de mínimos”,​ y se ha mostrado “satisfecha” del acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, en la medida en que “se han incluido en el pacto muchas de medidas que fueron propuestas por el PSOE durante la X Legislatura pero se rechazaron en su momento por la mayoría absoluta del PP” y que “hoy van a comenzar a ser una realidad”.

Marta Sorlí, diputada de Compromís, también afirmó que "se trata de un pacto de mínimos pero es un buen principio". A su juicio lo acordado se trata de un pacto "político" y afirma que debería haber ido más allá y convertirse en un "pacto institucional, social y político, porque hay una batería de medidas pero no un compromiso firme para luchar contra violencias en todas sus vertientes".

"Esperábamos que fuera más claro, valiente y atrevido a la hora de proteger a las mujeres de las distintas violencias", afirmó Sorlí que añadió que "en Valencia acabamos de hacer un pacto y es más contundente porque equipara a las víctimas de violencia machistas con las del terrorismo", añadió.

Sorlí manifestó su satisfacción por que todos los grupos hayan aprobado el acuerdo y resaltó que como se planteó un pacto de consenso, sólo han entrado las medidas de consenso. Sí destacó la importancia de que se acordara una financiación de 100 millones de euros para las Comunidades Autónomas que será negociada con ellas y que tendrá un enfoque finalista. "Esto significa que las Comunidades de progreso que ya tienen políticas en marcha podrán seguir haciéndolas con más desahogo".

Sorlí afirmó que su grupo trabajará en los votos particulares que presentarán el próximo 28 en la Comisión de Igualdad del Congreso y que explorarán la posibilidad de presentar algunas en coordinación con otras fuerzas políticas.

"Hoy es un día importante porque se ha conseguido que todos los grupos políticos lleguen a un acuerdo de 200 medidas de consenso y hemos alcanzado por primera vez un Pacto de Estado contra las violencias machistas", afirmó a la salida de la reunión Patricia Reyes, portavoz de Igualdad de Ciudadanos.

Durante el proceso hemos también conseguido sacar el foco de toda la parte judicial, porque el 80% de las mujeres no denuncia la violencia de género. Por eso nos parece importante ayudar a todas estas mujeres que hasta ahora no han tenido ningún apoyo porque estaba supeditado a la demanda judicial".

Javier Maroto,vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, calificó este pacto de Estado como "un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país".

Maroto afirmó que la solución al drama de la violencia de género es una exigencia de primer nivel en toda la sociedad, no hay precedente de que los partidos den una respuesta "con altura de miras" y el acuerdo "no es una recopilación de sugerencias, sino que viene acompañado de cantidades económicas".

- Doscientas medidas, mil millones y cinco años para atajar la violencia machista.

Pacto contra la violencia de género

Los acuerdos alcanzados por todos los grupos políticos en la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado contra las violencias machistas contemplan un amplio espectro de medidas pero deben ser aprobadas aún en la Comisión de Igualdad

Tras seis meses de intenso trabajo; cerca de 70 comparecencias de expertos, víctimas de violencia de género y organizaciones de la sociedad civil; tres prórrogas y un larguísimo y tenso debate este pasado lunes, con acusaciones de distintos grupos políticos al Partido Popular por intentar hacer un uso partidista de la negociación y cerrar un pacto que aún no se había resuelto, la Subcomisión por un Pacto de Estado contra la violencia de género concluyo su trabajo con un documento de consenso firmado por todos los grupos políticos.

Doscientas medidas que serán financiadas con un presupuesto de mil millones de euros en los próximos cinco años son los grandes titulares de este acuerdo, que muchos partidos denominan como de mínimos y aún no le otorgan la categoría de Pacto de Estado.

El documento se ha negociado por consenso. Es decir, incluye todas aquellas medidas que han podido ser negociadas y aprobadas por todos los grupos políticos representados en la subcomisión, y han quedado fuera todos aquellos en los que no ha habido unanimidad. Tal como adelantaba Público hace unos días, temas como el tratamiento de la Prostitución, la gestación subrogada o la eliminación del artículo 146 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que permite a las mujeres no declarar contra el maltratador (y por que el que apostaba el PSOE), desde el inicio quedaron fuera del documento.

Las que sí se acordaron fueron 200 medidas que abarcan un amplio espectro de actuaciones, tanto en la esfera judicial, educativa, de servicios sociales y un cambio en la concepción de lo que se consideran violencias machistas, tal como marcan acuerdos internacionales suscritos por España, como el de la CEDAW de Naciones Unidas o el Convenio de Estambul impulsado por el consejo de Europa y que España ratificó en 2014.

Uno de los capítulos más complicados de cerrar fue la introducción del documento que es la que sienta las bases de lo que es violencia machista y que debía establecer el marco institucional para considerar el documento como un Pacto de Estado. Es lo que se negoció durante todo el pasado lunes en una maratoniano reunión que duró todo el día y que dejó con un sabor amargo a distintas formaciones políticas.

Todas reconocen que la mayor parte de las distintas violencias recogidas en el Convenio de Estambul han entrado en el documento, pero no todas con la misma y amplia protección con la que hoy en día cuenta la violencia en el seno de la pareja y que está ampliamente especificada en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que rige en nuestro país desde 2004. Esto llevó a Unidos Podemos a manifestar que con este documento se establecen víctimas de primera y de segunda.

- 200 medidas en cinco años.

El documento, que no ha sido desvelado aún y que será llevado a la Comisión de Igualdad del Congreso el próximo viernes 28 de julio para debatir los votos particulares que proponga cada grupo político, incluye un total de 200 medidas concretas que tendrán que ser llevadas a cabo en los próximo cinco años y para las que se ha acordado un presupuesto de mil millones de euros.

Según fuentes consultadas por Público, este presupuesto tendrá que ser finalista y salir de fuentes adicionales de financiación. Es decir, tendrá que ser dinero adicional al que se destina hoy en los Presupuestos Generales del Estado para combatir la violencia en el seno de la pareja.

Entre las medidas consensuales destaca un cambio importante en la forma de acreditar a la víctima de violencia machista. Hasta ahora, para se considerada víctima, las mujeres debían presentar una denuncia que les permitía acceder a todo un abanico de servicios sociales, asesoramiento y protección.

A partir de este acuerdo se establecen mecanismos para que las mujeres puedan acceder al "titulo habilitan" de víctimas de violencia machista sin necesidad de interponer una denuncia y se habilita a los Ayuntamientos y entes locales a gestionar servicios sociales, acompañamiento y apoyo para aquellas mujeres que, siendo víctimas no se han atrevido a interponer una denuncia judicial. Cabe recordar que en nuestro país el 80% de las asesinadas por violencia machista nunca habían presentado denuncia.

Otra de las medidas clave es la transferencia a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de gran parte de la responsabilidad de prevención y protección de las víctimas. Esto obliga a modificar la ley de racionalización de las Administraciones Locales que el PP aprobó en 2013 y por la cual se le privaba a estos organismos de la mayor parte de sus competencias en esta materia. El documento contempla la creación de lo que se ha dado en llamar "Unidades de Apoyo" que vivirán en los Ayuntamientos y entes locales y que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y formado por un equipo multidisciplinar. Estas unidades son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos.

Educación y formación son otros dos grandes caballos de batalla contemplados en el Pacto. Si bien muchas de estas medidas estaban ya contempladas en la ley de violencia de género de 2004, muchas nunca se llegaron a implementar. El acuerdo alcanzado ahora contempla la inclusión en todos los niveles educativos de materias que fomenten los valores igualitarios, así como la formación obligatoria y puntuable para los cuerpos del Estado como jueces, fiscales, sanitarios o agentes psicosociles.

Los grupos han acordado la necesidad de desarrollar protocolos de detección de las víctimas de violencia machista en los centros sanitarios y de atención primaria, medida que que ya estaba contemplada en la ley de 2004 pero que no se ha aplicado de forma amplia. Sólo algunas Comunidades Autónomas, como Valencia, cuentan ya con estas medidas de prevención.

En el ámbito judicial, la confesión del crimen o la reparación del daño dejan de ser atenuantes en las condenas de maltrato. Se establece que se deberá suspender o no aplicar la custodia compartida para padres maltratadores, se suspenderá el régimen de visitas y se prohibirá la visita de los hijos menores a los progenitores que estén en la cárcel.

También se establecen medidas en relación al los medios de comunicación y su vigilancia, para lo que para lo que se impulsarán acuerdos tanto con medios concretos como con profesionales audiovisuales para trabajar la eliminación de los estereotipos de género y se desarrollará un código de publicidad no sexista.

- Financiación adicional.

El pacto acuerda invertir mil millones de euros en los próximos cinco años para financiar estas 200 medidas. Según fuentes de la subcomisión este presupuesto tendrá que ser adicional a las fuentes de financiación actuales de los Presupuestos Generales del Estado y se ha acordado que las Comunidades Autónomas recibirán 100 millones de euros anuales para implementar las medidas concretas que tendrán que se negociadas con ellas.

Otro de los aspectos clave de este acuerdo es el de la creación de una comisión de seguimiento de los pactos. Se trata de una comisión no legislativa que estará formada por los distintos grupos políticos y con participación de instituciones del Estado y la presencia de la socidad civil y tendrá un funcionamiento similar al de la Comisión del Pacto de Toledo. Esta comisión velará por el cumplimiento de los pactos y el avance de los acuerdo, pero también será la fiscalizadora de la forma en que se utilizan los fondos. Esta comisión será importante, además, para obtener y coordinar los datos sobre violencia machista que recolectan distintas fuentes, como el ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género o el Consejo General del Poder Judicial, datos que viven separados y, tal como denunció el PSOE, se recopilan de forma tal que no es posible analizarlos en plazos temporales ni sacar de ellos tendencias clave.

- Acuerdo final.

El documento de consenso aporbado el pasado lunes en la subcomisión del Congreso, que termina así su cometido, será revisado el próximo viernes 28 de julio en la comisión de Igualdad del Congreso, donde los distintos partidos presentarán sus votos particulares, lo que puede modificar aún algunos de los acuerdos.

A partir de ese momento, el Gobierno tendrá dos meses para negociar con distintas instituciones para poner en marcha las medidas acordadas en el pacto.

- Convocan hoy una concentración en la Puerta del Sol contra la violencia machista.

El Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres se moviliza en el centro de Madrid para mostrar la repulsa contra las 42 mujeres asesinadas y los 11 menores asesinados por violencia machista durante el 2017

El Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres ha convocado este martes una concentración a las 19:30 en la Puerta del Sol para mostrar la repulsa contra "todos y cada uno de los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de año".

Según ha informado el Foro, a fecha 20 de julio, la violencia machista ha sumado 42 mujeres asesinadas y 11 menores asesinados por su padre y/o parejas de sus madres "con la única intención de seguirlas maltratando, la mayoría durante el régimen de visitas".

Desde el Foro señalan que están a la espera de las conclusiones del 'Pacto de Estado contra la Violencia de Género', pero advierten de que "si no contiene dotación presupuestaria digna será papel mojado, porque prevenir en violencia de género no es cuestión de voluntades morales, sino económicas y políticas".

BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CONCENTRACIÓN martes 25 de julio, 19.30 PUERTA DEL SOL
TOD@S SOMOS RESPONSABLES pic.twitter.com/IPHFv74bdO
— consejomujeresmadrid (@consejomujeres) 17 de julio de 2017

La concentración no sólo es en repulsa a los asesinatos machistas, sino también en apoyo a las más de 30.000 mujeres que viven en España con orden de protección y a las miles de mujeres que sufren, día a día, la violencia de género.

"No podemos hablar de democracia mientras una sola mujer sea asesinada por su pareja/ex pareja, mientras una sola mujer viva en situación de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. La violencia hacia las mujeres, impide que una sociedad se desarrolle en Igualdad", remarcan.

(Marisa Kohan, Europa Press, Público)