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La irresponsabilidad del Ayuntamiento de Madrid frente a los CIE (Miriam Bueno, Iñaki Ortiz)

Un año después de crear una mesa de trabajo sobre la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, presentó el pasado lunes 10 de julio el informe “Madrid y los Derechos Humanos: La Responsabilidad de las ciudades frente a los CIE”. Un documento en el que vuelve a quedar de manifiesto la falta de valentía política del consistorio para exigir con contundencia el cierre de un lugar que, desde su inauguración en el año 2005, ha sido fuente de angustia, sufrimiento y denuncias por violación de los derechos humanos.

Sorprende especialmente, la descripción del internamiento en el CIE que plantea el Ayuntamiento. Varios informes anuales, artículos y documentos audiovisuales han denunciado la existencia de estos centros, explicando lo que ocurre en su interior. Nadie mejor que las personas internadas pueden describirnos la situación que han vivido en ellos, y que se ha recogido en libros y textos elaborados por colectivos que trabajan en los CIE. Sin embargo, el ayuntamiento basa su descripción de los CIE en la cita de algunos informes asépticos de Naciones Unidas o en el Defensor del Pueblo, en lugar de dar voz a quiénes han sufrido vulneraciones de derecho, maltratos y humillaciones, y se han atrevido a alzar la voz más allá de sus muros. Así, se ha perdido la oportunidad de dar protagonismo a quienes han mostrado una valentía y capacidad de resistencia inaudita, máxime cuando las fronteras les hacen tremendamente vulnerables. Partiendo de ese punto de vista, el de quien ha sufrido la experiencia del CIE en sus propias carnes, el informe del Ayuntamiento hubiera sido necesariamente otro.

Días después del motín protagonizado por varios internos en el mes de octubre del año pasado, Carmena visitó el CIE y a su salida manifestó que sus condiciones eran peores que las de una cárcel. Palabras de la alcaldesa, siempre tan preocupada por la legalidad vigente, que parecen ser el faro que marca el camino de una mesa de trabajo que apenas cuestiona la existencia de estos centros y no denuncia en ningún momento la infame Ley de extranjería que los justifica y sostiene.
Aunque el citado documento afirma que “el Ayuntamiento de Madrid” quiere expresar de forma clara su posición a favor del cierre del CIE de Aluche”, a continuación se proponen una serie de medidas destinadas a “hacer más humano” el centro, pero no para denunciar lo que allí sucede. De hecho, es evidente, que si el Ayuntamiento tuviese una posición más firme a favor del cierre, no dedicaría gran parte del informe ni estaría tan dispuesto a invertir recursos en medidas que no hacen más que legitimar su existencia. Unas propuestas que no sólo se centran en la fase de internamiento, sino que también describen el papel que quiere jugar el consistorio antes y después del mismo.

En lo referente a la fase previa al internamiento, las superficiales medidas propuestas apuntan a mejorar las condiciones de ingreso, siendo una de las medidas estrella la puesta a disposición de los juzgados de Plaza de Castilla de un ejército de trabajadores sociales, dentro del SAJIAD. Este dispositivo está centrado actualmente en la atención a drogodependientes detenidos o con causas judiciales pendientes. No parece, a primera vista, que este recurso esté especializado en el contexto migratorio, o más bien, sorprende que la atención a drogodependientes pueda realizarse al tiempo que el asesoramiento para la toma de decisiones judiciales en materia de extranjería para determinar, informe mediante, si existe arraigo social suficiente o si por el contrario la persona es “merecedora” de un internamiento.

- Desplegar la pancarta “Refugees Welcome” y acosar en las calles a manteros.

En este punto, cabe además señalar que los jueces que determinan el internamiento en los CIE, lo hacen tras 48 horas de detención, con la información disponible hasta ese momento. Por tanto, es más que probable que los informes de arraigo del SAJIAD deban emitirse en un plazo cercano a las 24 horas, y que por tanto, estos trabajadores sociales emitan un informe de arraigo sobre personas que no conocen en absoluto, legitimando así las decisiones de internamiento del juzgado correspondiente. En ningún caso queremos una batería de trabajadores sociales que ejerzan un control policial sobre la población extranjera y que dictaminen qué personas son merecedoras de un informe positivo y cuáles no se han comportado de acuerdo al contrato social y pueden ser privadas de libertad. La colaboración del ayuntamiento en la política de fronteras en este apartado es especialmente perversa.

Otra de las propuestas más llamativas de esta parte del documento, y que ya enunció la alcaldesa tras su visita al CIE, es la puesta a disposición de pisos “tutelados” del Ayuntamiento como alternativa al internamiento. Sorprende que para personas que tienen un domicilio conocido por el sistema judicial, que han vivido en este país durante años se proponga como alternativa un piso tutelado, por cometer una falta administrativa. Esta medida es aún más desafortunada si se va a hacer uso de las escasas viviendas sociales del ayuntamiento para este fin, sobre todo, teniendo en cuenta el problema de la vivienda en Madrid, y el notable incremento de desahucios que la PAH viene denunciando en los últimos meses.

En lo referente a la fase de internamiento, consideramos un claro retroceso acordar con la dirección del CIE que el SAMUR PC y Madrid Salud contribuyan a garantizar el derecho a la salud en el interior del centro. Ya en 2009 Médicos del Mundo se negó a realizar esta misma tarea entendiendo que la prioridad era exigir el dereho de estas personas a recibir atención médica en cualquier establecimiento público o a ser trasladas allí cuando lo solicitasen.

Adicionalmente, se solicita la presencia de dos o tres trabajadores sociales que puedan hacer un seguimiento de la situación personal y administrativa de las personas internadas, léase encarceladas. Una propuesta carente de rigor y que redunda en la obsesión por la estética de un ayuntamiento que, tal vez, olvidó que la capacidad del CIE de Aluche es de 280 personas y que en el año 2016 estuvieron encerradas en él 1526 personas. Además, esta labor viene desarrollándose desde hace años por Cruz Roja a cambio de 853.500 euros anuales, y ni siquiera sirvió para evitar la muerte de Samba Martine el 19 de diciembre de 2011. Tampoco ha sido útil para reclamar unas condiciones dignas para los internos que han tenido que recurrir a protestas, que han sido mediatizadas como “motines”, ante la falta de alternativas para denunciar la situación de hacinamiento, vejaciones y maltrato.

Una vez expuestas las propuestas destinadas a “mejorar” la estancia en el CIE el ayuntamiento cierra el documento con una propuesta para “la fase post internamiento”, que sorprendentemente consiste en apoyar la consecución del arraigo social, es decir: los papeles que hubieran evitado la detención y la reclusión en el CIE. Resulta paradójico que esta propuesta de poner medios para la regularización no se haya situado al comienzo del documento; pues sería, sin lugar a dudas, la mejor manera de evitar el internamiento y sus terribles consecuencias. Contradicciones, no obstante, a las que ya nos tiene acostumbrados un Ayuntamiento que despliega la pancarta de “Refugees Welcome” mientras acosa y apalea a los manteros en las calles de Madrid.

Por último, conviene dejar claro que en ésta, como en otras ocasiones, sobran los discursos posibilistas de la alcaldesa. No ha habido contexto social mejor que el actual para que el Ayuntamiento exigiera el fin de los CIE, que anunciara que va a atender y a apoyar especialmente las denuncias de las personas retenidas y de sus familias y, sobre todo, que se van a adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer presión política para su cierre. Si en algo hay unanimidad en el criterio de expertos y organismos de derechos humanos en este momento, es que una cara “más humana” no hará de los CIE un lugar mejor, porque la privación de libertad por una mera falta administrativa es una vulneración a los derechos fundamentales en su propia razón de ser, y que la única opción justa es que cerremos los CIE.

(Público)