Brindan el techo que la mujer necesita para dejar de convivir con su agresor. Hay distintos tipos, según la situación particular en cada caso. Zaragoza es el ayuntamiento que más desarrollado tiene el programa. En la Argentina ya hay proyectos para replicar la experiencia
Tener un techo es el piso que las mujeres necesitan para empezar a salir de la violencia. Hace 35 años que el Ayuntamiento de Zaragoza, España, lleva adelante políticas públicas de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. “Es necesario ofrecerles alternativas vitales que les permitan reconstruir su vida, solas o con sus familias. Por ello, apoyarles en la independencia habitacional y económica es fundamental para poder lograr su autonomía y recuperación”, explica a PáginaI12 Arantza Gracia, concejala a cargo de los temas de igualdad. Aquí, los detalles de una experiencia que se busca replicar en la Argentina con varios proyectos para avanzar en políticas públicas acordes a las necesidades de las víctimas.
Como ya se afirmó en este diario, para muchas mujeres, el sueño de la casa propia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Son mujeres que atraviesan violencia de género, especialmente doméstica, y no pueden salir de esa situación porque dependen económicamente de su agresor o no tienen otro lugar donde vivir que no sea el techo que comparten.
Con esa consigna como motor, en 1982 el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha un programa municipal de atención a las mujeres que atravesaban situaciones de violencia de género.
La experiencia no es única. En España existen casas refugio o departamentos para mujeres con sus hijos e hijas desde los años 70. Empezaron las asociaciones feministas y ahora existe una red en la que confluyen diferentes modelos (religioso, feminista, institucional). Las mujeres acceden a estos recursos a través de las comisiones provinciales correspondientes, en las que participan instituciones, profesionales y asociaciones (ver aparte).
En Argentina, hay poco y nada más allá de los refugios para la primera emergencia. Sin embargo, la necesidad de las mujeres está y algunos distritos están tomando nota de esto. En mayo, por ejemplo, se aprobó en Concordia, Entre Ríos, un proyecto de ley que establece un cupo de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género. En la Ciudad de Buenos Aires, hay varios proyectos en la Legislatura porteña que proponen distintas soluciones hoy inexistentes para dar un techo a las mujeres en situación de violencia de género (ver aparte).
“Tenemos un convenio con el Servicio Municipal de Igualdad que ofrece diferentes programas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, adaptados a los diferentes momentos vitales y necesidades que pueden existir”, explicó Pilar Aguerri Sánchez, jefa del Área de Gestión Social y Alquileres, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Hoy cuentan con cuatro modelos distintos, según la situación de la víctima: Casa de Acogida, Pisos Tutelados, Acceso Extraordinario y Centro de Emergencia.
Para el primer momento, las mujeres que no tienen otro lugar donde vivir o pueden ser localizadas por su agresor, cuentan con la “casa de acogida” de estancia temporal, donde ellas y sus hijos e hijas tienen apoyo integral que les permite sobrevivir los primeros días.
Superada la urgencia, hay “viviendas de emergencia”, para las mujeres víctimas que hayan estado en casas de acogida pero siguen necesitando apoyo y alojamiento. Son viviendas funcionales, acondicionadas y amuebladas, por las que las usuarias no pagan gastos de alquiler ni de servicios. Durante esta etapa siguen recibiendo apoyo social, psicológico y jurídico. “Se trata de viviendas autogestionadas. Es un recurso de carácter temporal para la adquisición de la autonomía, a través de la atención integral y personalizada tanto a las mujeres como a las hijas e hijos. Estas viviendas podrán ser compartidas por más de una unidad familiar como experiencia hacia un proceso de independencia y autonomía. Hay un total de cuatro viviendas con este fin”, explicaron.
Otra opción son las “viviendas tuteladas”. “Están dirigidas a mujeres y sus hijos/as que, teniendo cierta independencia e ingresos económicos, no pueden temporalmente independizarse y ser completamente autónomas. Se realizan contratos para usos asistenciales por un año con las residentes, que serán responsables, con los apoyos necesarios, de todos los aspectos relacionados con el alojamiento. La arrendataria se encarga de abonar el importe de alquiler mensual, así como los gastos ordinarios de comunidad y los de suministros, y se responsabiliza del cuidado y mantenimiento de la vivienda”, aclararon desde Zaragoza. Hay cinco casas para este uso, y este año sumarán cinco más.
Luego hay otro tipo de viviendas, llamadas de “acceso extraordinario” para mujeres provenientes del proceso anterior que han agotado los sistemas ordinarios de acceso y necesitan una vivienda para su integración definitiva o bien para aquellas mujeres que estando en proceso de atención de violencia de género necesitan, de forma especialmente urgente para su proceso personal, disponer de una casa. Cuentan con un máximo de seis viviendas anuales.
En 2016, 17 mujeres y 16 menores de edad pasaron por una casa de acogida; 13 mujeres y 11 niños y niñas por los departamentos tutelados, y 49 mujeres por un centro de emergencia.
Arantza Gracia, concejala de Educación e Inclusión, es quien lleva el tema de Igualdad en Zaragoza. En respuesta a PáginaI12 explicó por qué apuntalar a las mujeres desde lo económico y lo habitacional es prioridad para el Ayuntamiento.
– ¿Qué es lo que les falta desarrollar en el campo de la asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia?
– Nunca es suficiente todo lo que hagamos, mientras haya mujeres que necesiten nuestra ayuda. El contexto socioeconómico actual tampoco es de gran ayuda. En estos momentos debemos replantearnos, por un lado, cuál es la acogida y atención que les damos en nuestros centros. El modelo de casa de acogida debe ser replanteado, porque es probable que ya no responda a las necesidades. Además, necesitamos siempre más pisos a precios asequibles. Aunque nunca llegarán a ser asequibles si no tienen ingresos, por lo que el impulso al desarrollo local y la implicación de las empresas en la inserción de las mujeres supervivientes es un trabajo esencial, pero complejo.
En el debe, Gracia contabilizó además “contar con un mayor equipo de atención psicológica que pudiera trabajar de forma más individualizada cada uno de los casos”. Así como “mejorar el trato institucional que las mujeres reciben. Esto no es competencia municipal, pero es algo que debemos exigir. La atención que reciben cuando van a denunciar; el acompañamiento en todo el proceso judicial y el propio proceso en sí; la atención sanitaria cuando hay agresiones físicas así como la protección policial ante el maltratador. Las decisiones judiciales respecto a la custodia de hijos/as, que incluso llegan a quitársela o a obligarles a ver a su maltratador en el intercambio en las visitas, son ejemplos de malos tratos institucionales que poco o nada ayudan a las mujeres a tomar la decisión de alejarse del maltratador y a poder recuperarse y reiniciar su vida”.
– ¿Cuáles son las políticas fundamentales para que las mujeres puedan salir de esa situación?
– Cuando una mujer está sufriendo una situación de violencia de género no le resulta fácil romper el vínculo con su maltratador. Los principales problemas vienen dados por su situación emocional y su situación vital y económica. Por ello, trabajar en estas líneas y ofrecer alternativas y apoyos son fundamentales. Por un lado, está el daño psicológico. Los golpes físicos son una forma de otro tipo de violencia que generalmente la precede, la psicológica. El estado emocional de las mujeres que sobreviven a una situación de malos tratos es delicado, por lo que primero hay que trabajar su recuperación, en la sanación de sus heridas no sólo físicas, si no también emocionales. Por otro lado, es necesario ofrecerles alternativas vitales que les permitan reconstruir su vida, solas o con sus familias. Por ello, apoyarles en la independencia habitacional y económica es fundamental para poder lograr su autonomía y recuperación. Estas líneas son prioritarias y esenciales, pero no las únicas. En ocasiones, la situación devenida de los malos tratos les ha llevado a tener rotas muchas de las redes de apoyo que necesitamos las personas para vivir. Algunas, incluso, no las han llegado a tejer nunca, especialmente en el caso de mujeres migrantes. En este caso, es importante ayudarles a tejer esos lazos, a construir o reconstruir ese tejido que les permita resituarse y sentirse acompañadas.
– ¿Qué políticas implementan en materia de prevención?
– En muchas ocasiones se considera que con hacer campañas o talleres en los colegios ya se está interviniendo en prevención. Por desgracia, el aumento y cambio de formas de control entre adolescentes y el número de mujeres que siguen sufriendo malos tratos nos demuestran que nos estamos quedando muy lejos de lo que es necesario para romper con la violencia machista. Cuestiones que debemos atender en prevención son, de una parte, hacia las mujeres, trabajando el empoderamiento psicológico y económico. Por otro lado, hacia los hombres, en el aprendizaje de la gestión emocional y la resolución de conflictos de forma no violenta. Y, por supuesto, en global, en la identificación de conductas machistas, por desgracia muchas veces normalizadas; en la condena y rechazo social absoluto hacia cualquier tipo de actitud machista y en la dignificación y no revictimización de las mujeres que sobreviven a los malos tratos.
- Otra experiencia, en Castilla y León. Una red de asistencia.
En Castilla y León, España, hay una red de asistencia a las mujeres, que coordina y subvenciona en parte la administración autonómica, con unas 16 casas de acogida entre pisos de acogida y de emergencia, cuenta María Jesús Blanco Hermosa, directora del Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género, gestionado por la asociación Simone de Beauvoir, de Castilla y León.
Simone de Beauvoir, como era de esperar por su nombre, es una asociación feminista y se sostiene a partir de subvenciones. En el día a día, el trabajo en la casa consiste básicamente en “ofrecer un lugar de protección y de seguridad: nos coordinamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro aspecto muy importante es todo el tema legal tanto en cuanto a las medidas civiles como a las penales, lo que exige coordinarnos con las abogadas”, contó Blanco Hermosa a este diario.
Hasta que las mujeres encuentran trabajo y pueden reinsertarse en la vida social fuera de la institución, se trabaja para conseguir todas las ayudas y prestaciones sociales a las que tengan derecho.
“También lógicamente escolarizamos a las y los menores, apoyamos en el tema de salud, incluida la mental, porque algunas de ellas están en tratamiento psiquiátrico. Además, buscamos que se recuperen en su salud y en el cuidado de su cuerpo, algo que muchas veces han olvidado. Contamos con un convenio de apoyo emocional, pues depende de la administración, cuando ya comienzan a estar un poco mejor, a veces hay que trabajar adicciones, escaso control de la economía doméstica, etc.”, relató la directora del Centro, que es trabajadora social.
Paralelamente ofrecen talleres y actividades que buscan básicamente desarrollar el aspecto relacional, explican desde la asociación. Brindan una variada gama, como inglés, fotografía, autodefensa feminista, etc. “Cuando las mujeres se han empoderado un poquito –detalló–, se han organizado, cuentan con algún apoyo y/o ayudas o trabajo, se empieza a trabajar para la salida del centro y para su independencia, apoyándolas un poco, en función también de su habilidades (hay mujeres que no necesitan prácticamente apoyo y otras que no serían capaces de hacerlo sin nuestra ayuda, pues están muy tocadas por la violencia o por la vida).”
- Dos proyectos en Argentina. “Una política de Estado”.
“Es una realidad que en la mayoría de los casos de violencia de género las mujeres no cuentan con recursos para abandonar la casa en común, eso lleva a que los casos se repitan. Las mujeres tenemos que tener recursos para alejarnos de la pareja o el familiar que nos maltrata y debe ser una política de Estado. Si la mujer que sufre esta problemática no tiene recursos para irse, la estamos condenando a seguir viviendo en la violencia”. Julia Saenz (FpV-PJ), impulsora de la ordenanza de cupo de viviendas para mujeres víctimas de violencia que se aprobó en mayo en Concordia, Entre Ríos, sintetizó así el nudo del problema. En la ciudad de Buenos Aires hay varios proyectos de ley que proponen políticas públicas para que las mujeres puedan construir una vida autónoma, partiendo de contar con un lugar donde vivir.
La ordenanza aprobada en Concordia el 18 de mayo dispone la reserva de un cupo de viviendas de hasta el 5 por ciento para mujeres víctimas de situaciones de violencia de género. Aporta una opción concreta y material para ayudar a las mujeres a salir de su situación. Según la concejala, la norma es pionera en la provincia de Entre Ríos y tiene muy pocos ejemplos a nivel nacional. El organismo local encargado de llevar a cabo esta tarea es el Instituto de Tierras y Viviendas Municipal, que realizará una evaluación de la situación socioambiental de los casos derivados por la justicia y asignará la vivienda en un marco de total confidencialidad. “La aprobación de esta ordenanza no va a solucionar todos los problemas que las mujeres tenemos, quizás no va a detener las muertes de las mujeres pero no es un hecho menor que la mujer tenga donde refugiarse y no tenga que convivir con su agresor”, dijo Saenz.
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay varios proyectos de ley que abordan la problemática de la falta de vivienda de las mujeres víctimas de violencia. A comienzos de julio, se pusieron en tratamiento en la reunión de asesores/as de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, tres proyectos. Dos presentados por la diputada Andrea Conde (Frente para la Victoria) y otro de la diputada Laura Marrone (Izquierda Socialista).
Conde presentó dos proyectos de ley: “Alternativas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género” y “Políticas de asistencia, fortalecimiento e inserción social y laboral en casos de violencia de género”.
Ambos proponen la creación de un fondo. El primero, como adelantó este diario en abril, crea un “Fondo de alternativas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género”, que cuente con los recursos necesarios para solventar los gastos de acceso a un contrato de locación de vivienda urbana en la ciudad. El fondo tendrá un mínimo de 7,5 millones de pesos y las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado– haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género. El segundo habla en cambio de crear un fondo para la asistencia en casos de violencia de género, garantizando el derecho a la alimentación y a la vivienda.
El proyecto de Marrone, “Solución Integral de vivienda para mujeres en situación de violencia de género”, por su parte, tiene algunos puntos en común con la experiencia española. Propone, en primer lugar, la creación de una “casa de acogida o refugio” por comuna. Luego, la creación de “residencias transitorias”, para que, una vez superada la situación de emergencia de las mujeres y sus hijas e hijos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice “un alojamiento transitorio, hasta concebir la solución habitacional definitiva”. “El alojamiento transitorio –puntualiza el proyecto– cumple el fin de permitir una reinserción social de las mujeres víctima de violencia. Para tal fin, el GCBA contará a disposición con las propiedades de herencias vacantes”.
La solución definitiva viene en este proyecto de la mano de un “Plan de vivienda” específico para mujeres víctimas de violencia que debería instrumentar el Instituto de la Vivienda. Dice que el Poder Ejecutivo “instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de las mujeres víctimas de violencia de género en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”. Y que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires “otorgará créditos a tasa 0 por ciento de interés, sin piso de ingreso. La cuota nunca podrá exceder el 20 por ciento del ingreso de las beneficiarias”.
(Sonia Santoro, Página 12)
