A un año de la matanza de Nochixtlán, Oaxaca, un grupo de la comunidad fue nuevamente agredido a balazos. El hecho ocurrió cuando el autobús en que viajaban para dirigirse a la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa (a 34 meses de la desaparición de los 43 normalistas) fue rafagueado por sujetos a bordo de otro vehículo. ¿Quién está detrás de esta acción criminal? ¿Por qué se persigue a maestros y familiares de las víctimas que siguen exigiendo justicia?
Nochixtlán se unió a la lista de infamias e impunidad en México el 19 de junio de 2016, cuando cientos de policías federales y estatales irrumpieron en este municipio de la Mixteca oaxaqueña para desalojar a tiros el bloqueo pacífico que el movimiento magisterial mantenía en la carretera federal, en protesta por la mal llamada reforma educativa. Como en otros casos, el gobierno federal negó el uso de las armas de fuego, pero las oportunas imágenes de fotógrafos como Jaime Ortiz develaron lo contrario: la policía tiró a matar y el saldo fue de ocho personas asesinadas. Un crimen de Estado que continúa en la impunidad.
A partir de ese momento los pobladores comenzaron a organizarse, incluyendo los que se habían mantenido al margen de las movilizaciones, pues fueron sus familiares y vecinos los muertos y heridos en aquella jornada trágica. Y así nació el Comité de Víctimas 19 de Junio (Covic), colectivo que desde su nacimiento ha exigido justicia, verdad, reparación del daño y garantías para la no repetición. Pero nada ha llegado.
Un año y un mes después de la masacre, la madrugada del pasado 26 de julio, integrantes del Covic se transportaban en un autobús a la Ciudad de México, donde participarían en la jornada de movilizaciones para exigir la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un grupo de 15 personas, entre víctimas de Nochixtlán y maestros democráticos, abordaron el autobús, que fue alcanzado por un automóvil cuyos tripulantes prendieron fuego contra la unidad.
Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Covic, narró que la balacera los obligó a tirarse al piso y un kilómetro después, entre Llano Verde y la caseta de cobro de Coixtlahuaca, los volvieron a alcanzar y nuevamente les dispararon.
Apenas en junio pasado, representantes de la ONU, de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostuvieron un encuentro para hablar de las violaciones a los derechos humanos ocurridas el 19 de junio de 2016, y de las amenazas y agresiones posteriores, pero al parecer nada llegó a oídos de quienes pretenden imponer nuevamente la violencia en beneficio de sus intereses.
(La Jornada)
