Mariano Rajoy afrontará el miércoles su segundo interrogatorio exhaustivo sobre la corrupción que ha minado los cimientos del Partido Popular. La primera ocasión fue en sede parlamentaria, el 1 de agosto de 2013, cuando compareció en un Pleno tormentoso para dar cuenta de su relación con Luis Bárcenas y los tejemanejes financieros que éste mantenía como tesorero del PP. El segundo asalto llega ahora, cuatro años después: Rajoy acude como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los vínculos presuntamente delictivos entre el grupo de Francisco Correa y cargos públicos del partido.
Los hechos que se juzgan se limitan en principio al periodo 1999-2005, pero el presidente se prepara para hacer frente a un aluvión de preguntas que trascienda esa frontera. El puntal clave de su declaración pretende ser contundente: «Yo eché a Correa del PP».
Rajoy asegura a quienes le rodean que hace frente a la citación con normalidad. Aún así se ha preparado a conciencia. El presidente ha desmenuzado los Estatutos del partido para aclarar ante el juez el reparto de responsabilidades y ha repasado fechas, reuniones, nombramientos y cargos.
Esto es así porque pretende dejar en blanco el menor número de preguntas posible consciente, como le han asesorado en su entorno, de que los «no sé», «no me acuerdo» juegan en su contra.
El presidente pretende mantener una línea argumental que girará en torno a la premisa de que él fue quien en 2004, tras asumir la presidencia del partido, cortó todos los vínculos con el grupo de Correa. «Mi única relación con él», declarará, «fue para echarle». Además, asegurará no haber recibido nunca sobres con dinero negro del partido, ni tener conocimiento de la existencia de una caja B en el PP.
Respecto a los años anteriores recordará que dirigió la campaña electoral que llevó a José María Aznar a la victoria en 1996 y posteriormente también la del año 2000, en la que el PP logró la mayoría absoluta, pero insistirá en que nunca tuvo relación con campañas municipales como la de Majadahonda y Pozuelo, que son objeto central de investigación en este caso.
En 1999, primero de los años que se enjuician, fue nombrado ministro de Educación (antes lo había sido de Administraciones Públicas); en el 2000 pasó a ser vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia, y, apenas un año más tarde, ministro del Interior. En 2002 retomó la cartera de Presidencia y desempeñó la portavocía del Gobierno.
Durante todo este tiempo y hasta septiembre de 2003 -fecha en la que salió del Gobierno para preparar su candidatura en las elecciones generales de 2004- fue vicesecretario general del PP pero «sin atribuciones definidas», explican en Génova. Y añaden: las cuentas las llevaban el tesorero y el gerente. El presidente, el secretario general y los vicesecretarios «marcaban la línea política pero no se ocupaban de los números».
Fue en ese año -2003- en el que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, las que afectan a los casos de Majadahonda y Pozuelo. Pío García Escudero, hoy presidente del Senado, fue el director de la campaña.
Rajoy mantendrá ante el tribunal que su labor en aquella etapa estaba centrada prácticamente en exclusiva en el Gobierno como vicepresidente y titular de Interior, en un periodo que califica de «complicado» y, a continuación, también como portavoz, intentando hacer frente a la catástrofe del Prestige y a la guerra de Irak.
En Moncloa han repasado detalladamente el historial de las numerosas adjudicaciones que se realizaron durante esos años desde los ministerios que dirigió Rajoy. Los de Educación e Interior son los que más volumen registraron. En ninguna de ellas, aseguran, han encontrado relación con las empresas de Correa.
En el partido dan por hecho que la comparecencia ante la Audiencia Nacional será «difícil» de gestionar ante los medios y la opinión pública porque la oposición, dicen, aprovechará para «lanzar un ataque frontal» contra el presidente, alentada, vaticinan, por el torrente de preguntas que esperan de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Por el contrario, se muestran convencidos de que no tendrá aristas en el plano judicial. «Se quedará en un bluf», dicen, porque lo que dirá Rajoy «no tendrá trascendencia jurídica, será reiterativo con lo declarado por los ex vicesecretarios del partido y no ofrecerá grandes novedades».
Por su parte, los miembros del Gobierno consultados albergan la esperanza de que, «apurado el cáliz» de la declaración, «no habrá más recorrido para enfangar el nombre del presidente en el debate de la corrupción. El caso, en lo que a él respecta, no dará más de sí».
En Génova y en Moncloa están, no obstante, dispuestos a desplegar una estrategia de explicación que acote al máximo los límites interpretativos de la citación. Trabajan en ello desde hace semanas. El objetivo es dejar claro que acude como testigo, es decir, «alguien distinto de las partes implicadas en el proceso», alguien, remachan, «sin responsabilidad en los hechos que se juzgan».
De ahí la preocupación que suscitó, tras acordar el tribunal que Rajoy debía testificar en persona y no por videoconferencia, el lugar que ocuparía en la sala. Moncloa quería asegurarse de que la ubicación del presidente no se confundiera en ningún momento con la de los acusados. Finalmente, responderá a las preguntas desde estrados.
Igualmente, en Génova se conjuran para machacar la idea de que la «única implicación» del PP en este caso sería la de «partícipe a título lucrativo». Es decir: se habría beneficiado de los 245.000 euros recibidos de la trama Gürtel por los alcaldes de Pozuelo y Majadahonda para sus campañas en el año 2003.
La pretensión de los populares es la de defenderse haciendo hincapié en que este supuesto penal «implica el desconocimiento de los hechos ilícitos y por tanto descarta cualquier connivencia con los mismos».
Lo que se juzga, afirman, afecta a la creación del grupo de empresas de Correa; la presunta participación de cargos públicos del PP en esa trama delictiva; la creación de un entramado de facturas ficticias y una caja B en las empresas de Correa para pagar sobornos a dichos cargos públicos, y la organización de una red societaria para ocultar a Hacienda los recursos logrados con esas actividades ilícitas.
- Presidentes y primeros ministros ante la Justicia.
Rajoy no será el primer alto mandatario en prestar testimonio ante la Justicia. Es éste un punto que en el Gobierno y en el PP quieren insistir. «No se trata de un hecho excepcional», aseguran, y para demostrarlo recuerdan otros insignes como el del ex premier británico, David Cameron, que declaró ante el Tribunal Superior de Londres en 2012 por el caso de las escuchas del periódico News of the World; o el de los ex primeros ministros franceses Lionel Jospin y Dominique de Villepin. El primero acudió como testigo en 2001 en el marco del caso Destrade sobre supuesta financiación ilegal del Partido Socialista francés, y el segundo compareció ante la Justicia en 2006 por el caso Clearstream relacionado con falsas denuncias anónimas contra policías. También citan al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que declaró como testigo por el accidente de avión de Smolensk, y el de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que lo hizo en el caso Caval sobre un supuesto tráfico de influencias.
(Marisa Cruz, El Mundo)
