No es necesario ser experto en legislación laboral, ni economista avezado, ni siquiera gran analista político para advertir que los episodios a los que estamos asistiendo en el país bajo la batuta de la Alianza Cambiemos son capítulos sucesivos de un plan sistemático que pretende modificar de manera estructural las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas transformando las bases doctrinales y los mecanismos formales de nuestra democracia. Aunque para ello haya que demoler derechos construidos como columnas vertebrales de la convivencia social, muchas de las cuales se edificaron con sacrificio, con esfuerzo y luchas, incluso con entrega de vidas humanas.
Pero no menos cierto es que hay silencio encubridor de gran parte del sistema de medios de comunicación y aquiescencia cómplice del Poder Judicial a lo que se suma, entre otras razones, la dificultad para hilvanar la información dispersa que llega de manera fragmentaria por distintos canales alternativos. Por momentos se hace difícil para el observador desprevenido componer, con todas sus piezas y en el lugar preciso, un escenario político, social, económico y cultural que cada día más se aproxima a las imágenes de un saqueo. Y se puede errar el diagnóstico. Pensar que es una tormenta de verano cuando en realidad se trata de un huracán tropical que arranca hasta los árboles de raíz.
De allí que sea necesario aguzar la inteligencia, pero también el ejercicio pedagógico ciudadano, para entender antes y explicar después, que los despidos en el Estado, primero, luego en Atucha, Carboclor, Pepsico y tantas otras cesantías menos relevantes en número pero no menos graves para los afectados, son todas piezas de la misma estrategia. Que también incluye un Ministerio de Trabajo que decide actuar siempre en favor de los intereses empresariales, un Presidente que no se cansa de arremeter contra quienes quieren hacer valer la justicia laboral y pide la destitución de los jueces que fallan distinto a lo que el Gobierno dicta, un Estado que se deslinda de sus obligaciones, empresarios que a tono con el clima de época insisten en el alto “costo laboral” y piden reforma de las leyes que salvaguardan hasta ahora derechos de los trabajadores. Y como si esto fuera poco las fuerzas represivas del Estado (léase desde las policías locales hasta los cuerpos federales) se dedican a perseguir indigentes y apalean trabajadores que reclaman por sus derechos. Detrás de todo está el argumento oficial de que lo que hay que cuidar son los derechos de los dueños del capital porque, dicen desde el Gobierno, “de lo contrario no llegarán las inversiones”. Sin desestimar ni sacar del escenario que Gobierno y empresarios miran desde aquí y con envidia la reciente reforma laboral en Brasil donde los derechos fueron demolidos por iniciativa de un gobierno, ese sí, manchado por la ilegitimidad.
Tampoco habría que desconectar lo anterior del ahogo creciente que desde el Gobierno se hace a los medios de comunicación opositores a través de la quita de la pauta publicitaria pública mientras se aumentan los fondos y las prebendas para quienes hacen de coro mediático al oficialismo y ocultan sus atropellos y miserias. Así el gobierno de Cambiemos puede hacer campaña electoral usando la represión como argumento y continuar mintiendo de manera impúdica negando hasta lo evidente. No menos cierto es que todo es posible porque con ello se refuerza la alianza con parte de la ciudadanía que es ideológica y políticamente incondicional porque “se robaron todo”. Por eso el oficialismo puede falsear cínicamente la realidad y afirmar que existen “brotes verdes” donde solo hay plantas mustias y hojas marchitas por la sequía económica, porque el agua del consumo que alimentaba el jardín patrio fue desviada por los gerentes que comandan la economía del país hacia el negocio importador o la especulación financiera.
Sin perder de vista tampoco que el escenario que se intenta construir no es compatible con la vigencia plena de derechos humanos, porque éstos son y seguirán siendo, aquí y en todo el mundo, una suerte de fortaleza que protege la vida humana acechada siempre por los intereses del capital. Por eso la avanzada es también contra los derechos humanos en todas sus expresiones. Sometiendo a Milagro Sala como presa política, avasallando los derechos de niños y jóvenes, quitándole recursos a los adultos mayores, cercenando la seguridad social, buscando disminuir los recursos de los jubilados, a la educación y la ciencia, paralizando la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad o promoviendo la libertad de quienes han sido condenados por el mismo motivo.
Todo tiene que ver con todo. Aunque nos cueste armar el rompecabezas con fragmentos que vuelan dispersos por los aires como resultado de la demolición sistemática del edificio de derechos, una tarea que el oficialismo viene ejecutando con sistematicidad, sin vergüenza ni pudor. Pero para comprender lo que nos pasa como sociedad es necesario mirar y analizar cada hecho en profundidad, y al mismo tiempo evitar la casuística para comprender el todo y sus conexiones en su exacta dimensión. Es la manera de entender que lo que estamos viviendo no son apenas modificaciones menores o circunstanciales, sino episodios de un saqueo que busca modificar de raíz las bases de la convivencia social cimentada en justicia y derechos. Es además un retroceso costoso y difícil de revertir. También ellos lo saben y por eso lo hacen.
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