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Estado de derecha. Para Macri la legalidad es un estorbo a allanar

La fijación de un salario mínimo irrisorio por laudo ministerial, la baja indiscriminada de pensiones y asignaciones sociales, la represión buscada por el gobierno en la 9 de Julio pese a la voluntad negociadora de los manifestantes y la detención ilegal del líder mapuche Jones Huala, cuatro horas después del encuentro de Macrì con Bachelet, son los argumentos de campaña de Cambiemos. Un intento de fidelizar el núcleo duro, apartándose de la legalidad y con graves riesgos sociales y políticos

Igual que el senador Eduardo Duhalde durante su mandato provisorio al frente del Poder Ejecutivo, el gobierno de la Alianza Cambiemos entiende que una política de imposición del orden en las calles será un elemento positivo a la hora de las urnas. El presidente Maurizio Macrì y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo plantearon desde el primer día de su gobierno, con el protocolo de los cinco minutos para desalojar un corte, y el Hada Buena siguió ese mismo criterio en la provincia de Buenos Aires. La única excepción había sido hasta el miércoles 28 Horacio Rodríguez Larreta. Presionado por Macrì y Bullrich, el intendente porteño argumentaba que las fuerzas policiales no estaban en condiciones de operar en ese contexto sin el grave riesgo de episodios tremendos como los que la policía bonaerense provocó en la estación de Avellaneda el 26 de junio de 2002 y que junto con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki acabó con la carrera política del estadista de Lomas de Zamora, quien aspiraba a revalidar en las urnas el mandato transitorio que le había conferido la asamblea legislativa. “Siempre vamos a ir por el camino de la negociación”, predicaba Rodríguez Larreta. Sólo reconocía dos excepciones a esta regla: el corte de la vía exclusiva del Metrobús y la agresión con cascotes a las fuerzas policiales.

Consecuente con esa línea, la explicación de su gobierno para la represión del miércoles sobre la avenida 9 de julio a la altura del ministerio de Desarrollo Social fue que los manifestantes habían interrumpido la circulación del Metrobús y regado de cascotes a los efectivos de la infantería. Consecuente en el discurso, pero no en la realidad, porque tanto los relatos de los protagonistas como las filmaciones de los acontecimientos y los informes de los movileros que los cubrieron en el lugar indican que la conducción del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala había aceptado despejar esa vía del transporte público, y que los manifestantes estaban levantando el acampe frente al ministerio cuando las tropas de infantería comenzaron su avance seguidos por el camión hidrante con su cañón de agua en plena actividad y que recién entonces volaron las primeras piedras. Se trató, sin lugar a dudas, de una provocación impuesta por el gobierno nacional, que el día anterior ya había fijado por laudo ministerial un salario mínimo vital y móvil irrisorio, muy por debajo de lo necesario para compensar el crecimiento de los precios y lejos del reclamo de las centrales sindicales y de los movimientos sociales. Los trabajadores pidieron 14.060 pesos, la patronal ofreció llegar en tres tramos a 9.700 en julio del año próximo. El Estado dispuso 10.000 dentro de un año. Apenas 300 pesos más que la oferta empresarial.
- Salario y palos.

El día anterior se había producido una movilización importante de un grupo de organizaciones adversas al kirchnerismo: Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP, del Movimiento Evita), la Federación de Organizaciones en Lucha (FOL). Es el sector que a fines del año pasado firmó un acuerdo de paz social con el gobierno nacional. El martes coparon el centro de la ciudad con el reclamo de ser incluidos por decreto en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, creado por ley en 1991. Una parte de esas organizaciones marchó desde Retiro y otra partió del Obelisco, y se encontraron frente al ministerio de Trabajo, en Leandro Alem 650. El interés por el Consejo obedece a que las asignaciones sociales están atadas al salario mínimo, llegan al 50 por ciento. Pese a que cortaron al mismo tiempo el Metrobús y la avenida del bajo, no fueron reprimidos. Pero Macrì y Bullrich volvieron a recriminarle a Rodríguez Larreta su supuesta pasividad. La opinión de Macrì sobre los piquetes es la que expresó en 2004 en su Tandil natal en el acto de creación de su partido Compromiso con el Cambio en la provincia de Buenos Aires: “El gobierno [de Néstor Kirchner] les dio apoyo a diferentes grupos de revoltosos y ahora no sabe cómo volverlos a la ley”. En marzo de este año, Macrì hizo público que había solicitado a Rodríguez Larreta un plan contra los piquetes y en abril, luego de la movilización de sus partidarios a la Plaza de Mayo, utilizó el sitio web gubernamental “Gestión Mauricio Macrì presidente-Pro” para mostrar el “blindado antipiquetes” Maverick de producción sudafricana. “Desarrollamos nuestros productos donde se encuentren nuestros clientes. Vemos un gran potencial en la región”, explicó sin asomo de humor John Craig, el CEO del fabricante del vehículo. Para su comercialización en la Argentina, el nombre original fue suplantado por otro más afín al ser nacional-policial: Halcón.

El gobierno también preparó un titulado Proyecto de ley de reforma al Código Penal contra agresiones en piquetes e intimidación pública. “Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada. Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”, afirman sus considerandos. El articulado agrava penas o establece nuevas, de hasta diez años de prisión:

De 2 a 6 años para quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de cualquier transporte o servicio público en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación.

De 5 a 10 años de prisión o reclusión por amenazas tendientes a obtener “alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”;

De 3 meses a 2 años si el mismo entorpecimiento no incluye los indefinidos elementos contundentes;

De 3 meses a 4 años de prisión por destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar una cosa mueble, o inmueble o un animal ajeno, si fuere para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones o durante “una manifestación pública mediante el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir la identificación del agresor”;

De 1 a 3 años a quien en una manifestación pública utilice en contra de una persona elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación.

Este acto de prestidigitación jurídica tan aberrante tiene míminas chances de convertirse en ley y en tal caso es segura su declaración de inconstitucionalidad, pero contribuye al clima de intimidación con que el gobierno fantasea en superar la prueba electoral.

- El reclamo.

“No querían dialogar, querían generar una situación de caos. No había un reclamo claro”, dijo Rodríguez Larreta. “Nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo, por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación”, le hizo coro Carolina Stanley.

Tampoco este libreto que los funcionarios repiten sin variantes refleja la realidad, como se advierte en el racconto que sigue:

En la reunión realizada el miércoles en el Ministerio decorado con los perfiles de Eva Perón participaron un representante por cada organización, Fernando Reggio, subsecretario de Abordaje Territorial de Desarrollo Social y el Coordinador de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo Leandro Ledinic. Los representantes pidieron que se declarara la emergencia alimentaria; que se fijara una tarifa de servicios accesible para clubes de barrio, cooperativas y empresas recuperadas y que se descongelaran los programas de Emergencia Habitacional y Argentina Trabaja, que el actual gobierno intenta desactivar. El de emergencia habitacional fue rebautizado primero Socios Comunitarios y en los primeros meses de 2016 se cerró. Con el programa Argentina Trabaja se crearon cooperativas de construcción de viviendas o de tareas en los municipios (reparación de veredas, construcción de cordón cuneta, obras de alumbrado). Se adelantaban sumas de dinero para la compra de materiales (tela para guardapolvos, aluminio para ventanas, chapa para señalética) con los cuales las cooperativas producían. Al discontinuar esos programas, unos 40.000 cooperativistas se quedaron sin trabajo o sólo cobran una asignación de 4.000 pesos mensuales sin contraprestación alguna. En uno de los videos que registran la negociación entre los manifestantes y el dispositivo policial, se escucha una referencia de Garfagnini a esta degradación: “Descooperativizaron los programas y sólo aceptan planear”. Planear es el neologismo por entregar planes. Consultado para esta nota, Garfagnini agrega: “Así destruyen las cooperativas y las sustituyen por planes. Es un paso atrás, porque con el esquema anterior había producción que podía venderse, tendía al empleo. Además esos planes sólo se otorgan con acuerdos políticos. El Frente Milagro Sala no tiene ni un Salario Social Complementario. Sólo se los dan a los que se alinean”.

A fines del año pasado, la ley de emergencia social 27.345, reglamentada recién en marzo de este año en una negociación del Movimiento Evita y la CTEP con los ministros Mario Quintana y Carolina Stanley creó un denominado Salario Social Complementario de 4.000 pesos mensuales, que perciben unos 60 mil trabajadores, bastante menos que el millón de nuevos puestos de trabajo que proponía crear el proyecto original del Movimiento Evita.

En las primeras semanas de junio, el Frente Milagro Sala tuvo varias reuniones con Reggio, quien también sigue el manual del PRO. “Te recibe muy amable cada vez que quieras, pero nunca resuelve nada. Le advertimos que íbamos a movilizar porque esa instancia estaba agotada”. El miércoles 28, cuando ingresaron al ministerio mientras unas 7.000 personas aguardaban en la Avenida 9 de Julio, Reggio y Ledinic dijeron que no a cada pedido que les formularon y pidieron un plazo de 60 días antes de volver a hablar. Es decir hasta que pasen las PASO, dado que el gobierno contempla la problemática social como parte de su dispositivo electoral.

La táctica electoral del gobierno prescribe utilizar todos los recursos estatales para asegurar que haya una sola lista de la Alianza Cambiemos en cada distrito y varias de las fuerzas de oposición, en especial aquellas vinculadas con el peronismo y/o el anterior gobierno nacional. Florencio Randazzo y el Movimiento Evita son piezas clave en este dispositivo. En cambio, desde el Ministerio del Interior, el coordinador para la Patagonia Enrique Braun, reveló en un diálogo con el dirigente radical de Santa Cruz Ítalo Bringas, que el Consejo Nacional de Cambiemos dispuso manu militari (la expresión es de Braun) que sólo debía haber una lista en cada provincia. Explicó que para asegurar que fuera así, se notificó a cinco intendentes de Río Negro que querían presentar lista en la PASO que quien lo hiciera no recibiría “un ATN en la puta vida”. Los ATN son los anticipos del Tesoro Nacional a provincias y municipios. El diálogo fue grabado y se filtró a la prensa.

- Nosotros y ellos.

Después de una hora de diálogo infructuoso, desde la calle llegó la noticia de que la policía se aprestaba para reprimir. “Salimos corriendo. La policía venía desde el lado de Constitución, con carros hidrantes. Sólo nos separaba la avenida Belgrano”, rememora Garfagnini. Una hilera de militantes de Quebracho con las caras cubiertas por pañuelos encendieron neumáticos sobre la avenida. Un video de poco más de dos minutos muestra la negociación iniciada con el comisario de la 4ª, Juan Carlos Carna y con otro jerarca de la Policía de Buenos Aires. En el diálogo se aprecia la familiaridad entre los interlocutores, que aluden a diálogos sostenidos en otras movilizaciones.

– Acá hay mujeres y pibes. ¿Cuál es la idea de avanzar con la guardia sobre los compañeros? Es al pedo. Nos vamos a terminar cagando a palos entre nosotros y los funcionarios que ganan 150 lucas se están cagando de risa ahí arriba. Estos son del Newman y ustedes son de los mismos barrios que somos nosotros. Arreglemos entre nosotros, porque no queremos quilombo– dice Garfagnini.

– Nosotros tampoco –responde el comisario Carna.

Con su conjunto de jogging y sus rulos, Garfagnini semeja el Maradona de Paolo Sorrentino en La Juventud. El comisario Carna le reclama que liberen el Metrobús y apaguen las gomas encendidas en el pavimento. Garfagnini accede y pide que la formación policial retroceda 50 o 100 metros para evitar provocaciones. El policía dice:

– Me encargo yo.

Se despiden con un apretón de manos. El video termina con Garfagnini indicando a otros manifestantes que apaguen las gomas. Germán Lovari Marx, de Quebracho, dispone que las separen para que termine de consumirse el fuego. Las mujeres comienzan a vaciar y acomodar las ollas en las que se cocinaban tortas fritas y arroz. Para liberar el tránsito del Metrobús también empieza el desarme de las carpas y el gazebo montados frente al ministerio. La referencia a las mujeres y los pibes no es ociosa. El sensacionalismo televisivo y la propaganda oficial se concentraron en el pequeño grupo de militantes de Quebracho con los rostros tapados y palos en la mano, para mostrar que se trataba de una manifestación violenta. La gran cantidad de mujeres y chicos que participaron desmiente esa pretensión y por el contrario muestra contra quiénes se dirigió la descontrolada violencia institucional a la que Rodríguez Larreta llamó profesionalismo. La mala fe de un lado y la estupidez del otro hicieron buena pareja.

Lovari Marx, Garfagnini, Fernando Gómez de Descamisados, y El Negro Eduardo Montes, de la cooperativa gráfica Patricios y la FETRAES, rodean el ministerio hacia la entrada de la calle Lima, porque les han informado que esperan a cuatro dirigentes para retomar la negociación de fondo. Además de Ledinic y Reggio, los recibe un funcionario más próximo a Stanley, el secretario de Gestión y Articulación Institucional Carlos María Pedrini. Los reciben en el hall de entrada y cuando apenas han caminado diez metros hacia los ascensores escuchan el estrépito que llega de la calle, incluyendo los estampidos de las escopetas.

– ¡Están reprimiendo! –dicen los representantes de los trabajadores desocupados.

– No pasa nada –replican los funcionarios.

– Hablen ustedes con la policía –insisten los visitantes.

Los funcionarios se niegan y la reunión queda abortada.

En otro video, reproducido por el canal América de televisión un movilero anuncia que por la radio policial se impartió la orden de reprimir. La imagen muestra a los mismos policías que negociaron con Garfagnini, conversando con la abogada de Quebracho, Fernanda Pereyra, a quien todos llaman La Colo. En ese momento, la Infantería avanza.

– Decíles Carna, modulá– grita La Colo, mientras el comisario se dirige sorprendido hacia la formación que avanza.

El movilero informa que la abogada pidió 10 minutos y el comisario respondió que no podía dárselos. En ese momento la Infantería avanza y el hidrante empapa a los manifestantes. Recién entonces vuelan palos y piedras del otro lado. Esa filmación desbarata en forma contundente la engañosa versión oficial. A las 16.29, cuando la Infantería se pone en movimiento para reprimir la línea del Metrobús ya está abierta, como se aprecia en una captura de pantalla de televisión que acompaña esta nota.

Junto con el desplazamiento de la formación de infantería, seis motos con dos policías cada uno y escopeta en alto, se lanzan sobre los canteros y las calles laterales a la cacería de manifestantes, cuando ya el corte ha sido despejado. Golpean a mansalva, incluso a personas ya reducidas y con los brazos doblados sobre la espalda. Apuntan con sus escopetas bien por encima de la cintura y disparan balas de caucho. Las normas internacionales no admiten su uso para dispersar manifestaciones, sólo en caso de riesgo para la vida o la integridad física, y por debajo de la cintura. Uno de las dos decenas de heridos recibió un balazo muy cerca de un ojo. La fabricación de la realidad se completó con la denuncia por intimidación pública y asociación ilícita que el gobierno porteño presentó contra los dirigentes que no participaron en las refriegas porque eran quienes negociaban en el ministerio: Garfagnini, Montes y Gómez. Imposible afirmar con mayor claridad que el delito es reclamar.

- ¿Quién se lleva el premio?

¿A eso se referirá Graciela Ocaña cuando afirma que hay sectores que buscan generar un muerto y se anota en el concurso por la frase más canalla de la democracia postdictatorial, empatando por ahora con Eduardo Amadeo, que dijo lo mismo hace 20 años ante los primeros piquetes? ¿Qué vio el opoficialista Martín Lousteau para decir que “más que visibilizar un problema, me parece que se quería instalar un determinado método que tiene mucho de violencia. El accionar de la Ciudad estuvo bien, no era una movilización”.

Cuando se desató la represión y durante varias horas no se supo dónde estaban varios de los detenidos, Juan Grabois, de la CTEP fue a la comisaría de la zona a solidarizarse con las organizaciones reprimidas y ofreció sus servicios como abogado. En cambio Emilio Pérsico y Fernando Navarro, los capitostes del Movimiento Evita, no enviaron ni un mensaje de texto, muy ocupados en la campaña de Florencio Randazzo que sostiene el Hada Buena. La violencia tanto física como discursiva que impulsa el propio Macrì puede fidelizar el voto de su núcleo duro, que se expresó en el 29 por ciento de las PASO de 2015, y acercarse al 34,3 por ciento de la primera vuelta de ese año. Se entiende que tan importante como eso sea restar votos a Cristina, aun en la reducida proporción a la que puede aspirar Randazzo, que no tiene otro objetivo que ése.

Cuando esta nota ya estaba escrita, el diario La Nación cuya visión del país y del mundo es antagónica con la de este diario, confirmó que lo sucedido obedeció a una maquinación previa del gobierno. “La decisión se había tomado en realidad la semana anterior, al cabo de una reunión entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Marcos Peña” escribió el columnista Francisco Olivera en la edición de ayer. Por sus frutos los conocerás.

- El Frente Milagro Sala.

El Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, cuyo coordinador es Alejandro Coco Garfagnini, nuclea a 19 organizaciones sociales, en su mayoría bonaerenses. Por orden alfabético: Agrupación Villera Piquetera, Compromiso Social, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Descamisados, Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), Frente Ciudadano Somos Patria, Frente Evita, Frente Transversal, Militancia Popular, Movimiento Villero, Mujica Vive, Patria Justa, Proyecto Popular, Quebracho, Sindicato Único de Trabajadores Privados de su Libertad (SUTPLA), Solidaridad e Igualdad, Túpac Amaru, Unidos y Organizados y Unión Nacional de Clubes. La mayoría de estas organizaciones simpatizan con el kirchnerismo, lo cual no equivale a decir que forman parte de un dispositivo partidario que responda a CFK, como pretende el gobierno.

- Bis in idem.

La detención del líder mapuche Jones Huala fue negociada por Macrì y Bachelet. Se reunieron hasta las 15.20 y a las 19 la Gendarmería lo detuvo. El juicio de extradición fue anulado por torturas a un testigo. El nuevo juicio por los mismos hechos viola garantías fundamentales

El martes 27, el presidente Maurizio Macrì visitó en Santiago a Michelle Bachelet y en Bariloche fue detenido el dirigente mapuche Facundo Jones Huala. Macrì llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos. Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries “sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala”. Feliz coincidencia: a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra. Lo mismo había ocurrido el año pasado. La legalidad te la sigo debiendo.

Un informe de gestión de Patricia Bullrich fechado el 30 de agosto de 2016 atribuyó a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro” y dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) centralice “las tareas de investigación”, cosa que no guarda relación con su especialidad. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nulo el juicio de extradición el 1º de septiembre de 2016 y dejó en libertad a Facundo, porque el dato que permitió ubicarlo en la Argentina fue suministrado bajo tortura por el detenido sin orden judicial ni abogado defensor Gonzalo Cabrera. La novedad fue puesta en conocimiento de Interpol cuando no existía orden de captura en su contra y fue el verdadero origen de su solicitud. Recién con esa información, transmitida a Interpol cuando no existía orden de captura, Chile pidió la extradición, exactamente al revés de lo que indican los procedimientos legales. Cabrera contó en el juicio “muerto de miedo, cómo fue golpeado cuando lo subieron al patrullero y luego en la comisaria, cómo lo hicieron firmar un acta falsa, cómo fue obligado, coaccionado, golpeado”.

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, asistió a las audiencias de un juicio por usurpación de tierras ante la justicia provincial y en una entrevista con la Radio Nacional de Esquel dijo que estaba evaluando la comisión del delito federal que reprime hasta con ocho años de prisión la pertenencia a una agrupación cuyo objeto principal o accesorio fuera “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. (Noceti es el funcionario que negoció la entrega de Ibar Pérez Corradi, en la fallida operación que intentó involucrar al ex ministro Aníbal Fernández en la trama del narcotráfico pero que terminó enchastrando al asesor presidencial Ernesto Sanz).

La privación de la libertad de Jones Huala y el nuevo juicio de extradición iniciado en Bariloche por el juez interino Gustavo Villanueva, titular de un juzgado de Neuquén, son en consecuencia ilegales, mientras la apelación al fallo de Otranto espera turno en la discrecional Corte Suprema de Justicia, que fija sus plazos según le parezca, sin siquiera seguir un calendario propio conocido con antelación. La defensora oficial designada para asistir a Jones Huala en la primera audiencia, desconocía la existencia del juicio previo, a raíz de cuyo resultado quedó sin efecto en la Argentina la orden de detención. Cuando le dieron la palabra, Jones Huala contó que durante los diez meses transcurridos desde que Otranto le devolvió la libertad ha circulado a la vista de todos e incluso dio charlas en sedes universitarias de Esquel, lo cual ratifica que el momento de su detención fue cualquier cosa menos casual. En cambio quienes fueron sus defensoras de confianza en el juicio de 2016, Sonia Ivanoff y Eli Gómez Alcorta pensaron que poniendo estos hechos en conocimiento de la justicia se corregiría el error. El jueves 29 a las 13.25 Gómez Alcorta dejó en la Procuración General una solicitud urgente dirigida al Procurador ante la Corte Suprema Eduardo Casal, quien había apelado el fallo de Otranto y solicitado a la Corte que se concediera la extradición. Le pidió que informara al juez de Bariloche “a los fines de que tome conocimiento cabal de la existencia de un doble proceso de juzgamiento de extradición, simultáneo, seguido contra mi asistido, en franca violación al debido proceso y ante la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad”. Casal la recibió con la amabilidad de un hombre de pro y le dijo que el juez Villanueva ya había pedido esa información y que él se la había remitido. Es decir que decidió mantenerlo detenido y tramitar otro juicio por los mismos hechos y ante el mismo pedido de extradición, a plena conciencia de actuar contra la ley. Ese es el sentido de la intimidatoria palabrota prevaricato.

Con la misma frescura con que en 2016 informó que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”, Patricia Bullrich se dirigió ahora a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Sólo que no pudieron ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara.

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