Más de 7.000 entradas y 350.000 visitantes desde el 9 de octubre de 2011

La Generalitat pone en riesgo el patrimonio personal de funcionarios por el 9-N

Mas, Ortega, Rigau y Homs podrían no ser los únicos en tener que responder de forma personal con sus bienes ante eventuales responsabilidades contables por permitir el proceso participativo

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el juicio por desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir el 9-N, el ex president de la Generalitat Artur Mas aseguró que toda la organización corrió a cargo de los voluntarios y que él se limitó a ser el ideólogo del proceso participativo. De esta forma intentó descargar la responsabilidad para evitar una condena, pese a que finalmente no lo consiguió y fue inhabilitado para ejercer cargo público. Ahora la Generalitat ha copiado la misma estrategia de eludir cualquier compromiso en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas por posibles responsabilidades contables en el 9-N, aunque ha dejado expuestos a los funcionarios que autorizaron las partidas presupuestarias. Esta decisión también podría sentar un precedente respecto a las consecuencias sobre las personas que firmen documentos públicos relacionados con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

El pasado 18 de mayo, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron ante el Tribunal de Cuentas una reclamación patrimonial contra los condenados por desobedecer al Constitucional al facilitar el 9-N, Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, a la que se sumaron posteriormente la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los denunciantes creen que los ex cargos del Govern condenados pudieron malversar fondos públicos al destinar unos 5,1 millones de euros a este proceso participativo, según las primeras estimaciones, y que lo hicieron aprovechando su superioridad jerárquica respecto a personal de la administración y entes dependientes. Sin embargo, la denuncia no cerraba la puerta a reclamar esta responsabilidad contable también a funcionarios que habían colaborado en la toma de decisiones sobre el 9-N.

Y ha sido la propia Generalitat la que ha dado una pista sobre los empleados públicos afectados. Hace unas semanas la Administración catalana presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas en la que reclamaban el archivo del procedimiento ya que consideraban que la actuación fue correcta. El ex secretario general del Departamento de Gobernación y actual jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, Francesc Esteve, certificó que «todos los expedientes administrativos de contratación y expedientes económicos asociados, fueron debidamente fiscalizados por la intervención delegada del Departamento», por lo que consideraba que actuaron siguiendo las recomendaciones de los interventores adscritos a las consejerías implicadas en la preparación del 9-N.
En concreto, el escrito presentado por los letrados de la Generalitat detallan que «los gastos vinculados inicialmente a la consulta y con posterioridad al proceso participativo estaban previstos en las partidas presupuestarias y fueron intervenidos y aprobados» por estos funcionarios. Incluso en los expedientes aportados al Tribunal de Cuentas se remarca que los expedientes de contratación tenían «el correspondiente certificado de existencia de crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria» y desde el Departamento de Presidencia se insiste en que «todos los gastos cuestionados y que han originado este procedimiento se encuentran plenamente justificados y fueron legalmente contraídos».

La ley que regula el Estatuto de la función interventora en Cataluña indica que «corresponde a la Intervención General de la Administración de la Generalitat, como centro de control interno, la intervención y fiscalización previa de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir gastos» por lo que son estos funcionarios los que deben garantizar la legalidad de estas adjudicaciones. Según fuentes jurídicas los interventores deberían haber paralizado la tramitación de estos expedientes de contratación del 9-N si hubieran observado alguna insuficiencia presupuestaria y deberían haber dejado constancia de la posible irregularidad.

La Generalitat detalla que los informes de la intervención son favorables a los gastos de este proceso participativo, lo que justificaría las decisiones políticas tomadas para permitir las votaciones. Pese a esto, las fuentes consultadas creen que lo que puede servir para proteger a quienes ordenaron los gastos, también podría comprometer a los altos funcionarios que no pusieron ninguna objeción para su aprobación, tal y como se interpreta de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Esta normativa detalla que la autoridad o funcionario que por acción u omisión contraria a la ley origine el menoscabo del erario público está obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados, por lo que esta responsabilidad patrimonial puede afectar a los interventores de la Generalitat, que no tienen una dependencia jerárquica y que autorizaron estos gastos. El decreto de convocatoria del 9-N que firmó Mas el 27 de septiembre de 2014 indicaba, en su memoria económica anexa, que el dinero para las votaciones saldría del presupuesto del Departamento de Gobernación de ese año. El Constitucional suspendió este decreto del ex presidente en su totalidad dos días después.

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución no hicieron ninguna valoración sobre una posible ampliación de la denuncia a altos funcionarios, pese a que están estudiando todas las opciones. En su petición reclaman que los políticos condenados por el 9-N devuelvan a la Generalitat los más de cinco millones que costó la votación. En su informe al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía también reclama iniciar esta investigación ya que considera que las actuaciones de la Generalitat preparatorias o vinculadas con la consulta son inconstitucionales en su totalidad. En concreto afirma que son «viciadas» de incompetencia por no corresponder a la comunidad autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constitucional. Por eso cree que puede haber esta responsabilidad contable ya que estos gastos se destinaron «a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación».

(Germán González, El Mundo)