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Pacto de silencio contra la violencia machista (Alba Pérez)

Portavoz de la Plataforma 7N

El viernes 30 de junio se debería haber cerrado un documento de consenso para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin embargo, dos días antes conocíamos que los miembros de la Subcomisión se han dado una tercera prórroga para el Pacto de Estado.

Dicha Subcomisión parlamentaria, que el pleno del Congreso de Diputados acordó crear el 15 de noviembre de 2016, debía presentar sus propuestas a finales de mayo, pero la falta de consenso ha hecho que los parlamentarios acordaran una primera prórroga hasta el 16 de junio, una segunda, hasta el 30 de junio y ahora una tercera pidiendo la habilitación del mes de julio para poder seguir negociando el documento.

Prórrogas que suponen aplazar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras el terrorismo machista no cesa. Cabe recordar que los asesinatos machistas han aumentado casi un 50% en los primeros 6 meses de lo que llevamos de año respecto la misma fecha del 2016 y, además nos muestra su cara más atroz asesinando a niñas y niños multiplicando por seis las cifras registradas en el mismo período de 2016. El panorama no puede ser más desolador ya que retrasan las medidas contra las violencias machistas de la Subcomisión y posponen la mejora de acción de los poderes públicos.
Pero además de debilitar las medidas, estas prórrogas dificultan su respaldo presupuestario, punto imprescindible para que las violencias machistas sean Cuestión de Estado, como ha recordado la sociedad en las manifestaciones feministas del 25 de mayo y en los encierros y concentraciones de la Alerta Feminista del pasado 19 de junio en las que se exigía aumentar en al menos 120 millones de euros la dotación de 31,7 millones de euros que el Gobierno ha asignado al Programa 232C de los Presupuestos del Estado.

Dos son los máximos responsables de esta situación: el Grupo parlamentario del PP que, además de marginar totalmente a las organizaciones de mujeres, presentó un documento base inútil; y el Gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de articular acuerdos con los gobiernos autonómicos en la Conferencia Sectorial de Igualdad del pasado 30 de junio, mientras reparte fondos insuficientes para la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas en los Ayuntamientos, que establece el art. 19 de la Ley 1/2004, y nulos para la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación.

El silencio es cómplice de la violencia, ese ‘pacto de silencio’ que ha convertido esta subcomisión en una de las más opacas del Congreso es impropio del Parlamento como institución transparente y de democracia representativa de la sociedad. El secretismo y los pactos de despacho entre las élites son la gran diferencia entre un ‘Pacto de Estado’ y una ‘Cuestión de Estado’ abierta a la participación del Movimiento Feminista y la sociedad civil para sumar fuerzas.

Nosotras no queremos ser cómplices. Por eso, desde la Plataforma 7N denunciamos públicamente el silencio y el aplazamiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y seguimos reivindicando:

- La participación de las organizaciones feministas ante la evaluación de las políticas públicas contra la Violencia de Género por un Comité de expertas independientes, similar al CEDAW y el GREVIO.

- Partidas presupuestarias suficientes y ejecutadas.

- Prevención y atención de la Violencia sexual como violencia de género (tal y como establece el Convenio de Estambul).

- Despatriarcalizar la Justicia, que desoye a las víctimas y sobresee el 40% de las denuncias por violencia de género.

- Y, por supuesto, seguimos diciendo NO a la custodia compartida judicialmente impuesta.

- Que las 20.280 plazas de personal al servicio de la Administración, aprobadas por el Consejo de Ministros el 7 de julio, incluyan la reposición de plazas del Instituto de la Mujer y las necesarias para cumplir la Ley O. 1/2004 contra la Violencia de Género, incluyendo su artículo 19 de atención social, jurídica y psicológica.

Nos matan por ser mujeres, y no vamos a parar de reclamar que sea Cuestión de Estado hasta que lo consigamos.

(Público)