El accidente de la mina de Aznalcólllar, del que esta semana se han cumplido 20 años, puso en jaque al parque nacional de Doñana y reveló graves lagunas legislativas en la protección del medio ambiente. Si es obligatorio que los ciudadanos contraten seguros para cubrir posibles daños, por ejemplo cuando adquieren un vehículo, debería ser obligatorio que las empresas contraten seguros para cubrir posibles daños medioambientales derivados de sus actividades. Sin embargo, pese a los esfuerzos iniciados en 2002 por la Junta de Andalucía y por el Gobierno, la multinacional Boliden no ha desembolsado ni un solo euro para la restauración de la zona dañada. La Junta reclama a la empresa sueca 89,9 millones de euros y el Gobierno, otros 43,7 millones. Este tipo de situaciones deberían evitarse con leyes como la de Responsabilidad Ambiental, que fue aprobada cuando gobernaba el PSOE y ha sido modificada por el PP. Demasiados impactos ambientales han quedado impunes en España.
(La Vanguardia, 29/04/18, pág. 2)