«Nombro presidente de la Generalitat de Cataluña al señor Joaquim Torra i Pla, elegido por el Parlamento de Cataluña». El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó ayer el decreto de nombramiento del nuevo presidente autonómico, firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A las medidas aprobadas en el Senado, en base al artículo 155 de la Constitución, les quedan oficialmente apenas unas horas, aunque en su aplicación real ya dejaron de ser efectivas este mismo lunes.
Hoy tomará posesión del cargo Torra. Al cierre de la edición, fuentes no oficiales aseguraron que el acto de toma de posesión de Torra será «austero» y sin invitados de carácter político. Tan solo la familia de Torra, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el secretario del Govern, Víctor Cullell. Este acto –al que solo podrán asistir los medios de comunicación públicos de la Generalitat– será la última evidencia organizativa del 155 en Cataluña.
Tras esto –como muy tarde a principios de la semana próxima– está previsto que tomen posesión de sus cargos los nuevos consejeros de la Generalitat. Tal y como señala el permiso de la Cámara Alta al Ejecutivo de Rajoy, será entonces cuando la Generalitat volverá a manos del secesionismo, con Torra como presidente autonómico, y este bajo la tutela de Carles Puigdemont, actualmente en Alemania y fugado de la Justicia española.
El único cargo que el Gobierno trasladó a Cataluña para controlar a los Mossos d’Esquadra, el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, dejó su despacho el lunes, tras despedirse de los responsables de su equipo, con los que ha trabajado más de seis meses. Puigserver recogió sus pertenencias y puso rumbo a Madrid.
Restitución del entramado
A partir de ahora, la intención de Torra es la de restituir al mayor número de consejeros autonómicos destituidos por la aplicación del 155. Los que tienen carné de ERC renunciaron a ello este martes, según confirmaron fuentes oficiales del partido a ABC. Todavía está por ver lo que hará Toni Comín (en Bruselas), elegido por la cuota de ERC pero que va por libre y mantiene grandes discrepancias con el partido que lidera Oriol Junqueras, y los exconsejeros del PDECat (en la lista de Junts per Catalunya): Lluís Puig (en Bruselas), Jordi Turull y Josep Rull (ambos en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo).
En la línea de volver a la situación previa al 27 de octubre –cuando se aprobaron las medidas en base al artículo 155–, el nuevo presidente de la Generalitat ofrecerá al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, restituir su honor y, por lo tanto, no se descarta que vuelva a estar al frente de la policía autonómica.
Trapero es uno de los alrededor de 260 cargos que o bien son de confianza o bien son políticos (secretarios generales, cargos eventuales, personal vinculado a las «embajadas catalanas») que se vieron afectados por la caída del gobierno de Puigdemont y que podrán volver a las instituciones autonómicas. Entre estos, por ejemplo, Agustí Colomines, exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, quien considera que «estamos en guerra», y Annabel Marcos, exdirectora de la escuela de los Mossos d’Esquadra, que colaboró personalmente con el transporte de urnas durante el referéndum ilegal del 1-O.
Torra recuperará, también, el control del DOGC y ha anunciado que restaurará y ampliará la red de «embajadas catalanas», así como el Diplocat (un consejo de diplomacia para internacionalizar la causa secesionista), con este u otro nombre, para salvar la vigilancia del Gobierno.
- Menos control en cuentas.
Esta estructura, que funcionaba engrasada desde la Generalitat hasta el 27 de octubre de 2017, volverá a reinstaurarse, paso a paso, en Cataluña. Esa es la intención anunciada por Torra. Además, se complementará, según figura en el acuerdo de gobierno de JpC y ERC, con una estructura «en clave republicana» que incluye principalmente el denominado «Consejo de la República» (que ayer puso en marcha sus cuentas en las redes sociales de internet) y una «Asamblea de Cargos Electos» formada por concejales independentistas.
El Gobierno aprovechará la desactivación del 155 para rebajar la intervención de las cuentas autonómicas, que se aprobó en septiembre. Esta intervención suponía el pago directo por parte del Gobierno de los servicios públicos fundamentales en Cataluña, «mientras dure la situación de excepcionalidad». Este mecanismo se incluyó en las medidas del 155. Eso sí, se mantendrá su control a través del FLA, informa Mariano Calleja.
Desde el Gobierno advirtieron ayer de que seguirá el control «político y parlamentario» de forma exhaustiva, para evitar algún desvío ilegal de dinero público. Fuentes del Ejecutivo recordaron que en 2017 se impugnó una partida cuando se detectó que iba dirigida a la celebración del 1-O. Las mismas fuentes insistieron en que el control se reforzará si Torra da pasos fuera de la ley, «pero por ahora solo hay un discurso de investidura, que puede cumplirse o no».
(David Tercero, Àlex Gubern, ABC)