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El 60% de los altos funcionarios de los ministerios provienen de Madrid

El papel de la Administración

Sólo un catalán ha entrado en el cuerpo superior de administradores civiles en los últimos cuatro años

"Negocio cualquier cosa con el ministro. Partes de 100 y él de 0 y llegas a un acuerdo: 40, por ejemplo. Al cabo de unos días te llama y te dice que esto no puede ser. Es una experiencia habitual". Así es como explica a ARA la realidad de la política autonómica el exconseller de Economía de la Generalitat Antoni Castells. ¿Es que el ministro ha cambiado de opinión? No, es que se ha encontrado con la resistencia de una capa inferior, la de los altos funcionarios que gestionan el día a día de la Administración. El término deep state trata de englobar a las estructuras que hacen funcionar el Estado: desde la judicatura, el ejército y los cuerpos de seguridad hasta abogados del Estado, letrados de las Cortes, diplomáticos e inspectores de Hacienda. Entre sus integrantes también están los miembros del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, con cerca de 1.200 altos funcionarios repartidos por los ministerios que tienen capacidad de dirección, gestión y asesoramiento en la confección de las políticas públicas. También a estos últimos hace referencia Castells. Se trata de un cuerpo que condiciona el día a día de la Administración y que, según los datos recogidos por el profesor de ciencia política de la Universitat de València Juan Rodríguez Teruel, cuenta con un sesgo territorial exagerado. De los 201 opositores que han ingresado en este cuerpo entre el 2015 y el 2018, sólo uno era catalán. Por el contrario, Madrid ha sumado 119 nuevos miembros al cuerpo de altos funcionarios, el 60% de las cuatro últimas promociones analizadas.

En estos cuatro años han ingresado entre 40 y 60 nuevos opositores cada promoción y se ha ido repitiendo la tendencia: un 65,9% de de madrileños en 2015, un 55,2% de 2016, un 59,5% en 2017 y un 58,3% en 2018. Castilla y León y Andalucía son, a mucha distancia, las comunidades que van detrás de Madrid, y la aportación del resto de territorios ya es anecdótica, tal como se puede observar en el gráfico adjunto. La dinámica es similar en cuanto al cuerpo diplomático, según cifras recogidas por el doctor en ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Crespo sobre los directores de embajadas. El ministerio de Justicia ha denegado a ARA estos datos con relación a los abogados del Estado, uno de los cuerpos que, desde el ámbito legal, también tiene una influencia clave en las políticas públicas. Sin embargo, el catedrático de ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra Carles Ramió explica que ha podido consultar un estudio que no se ha hecho público del Instituto Nacional de Administración Pública que mostraba unos datos "espectaculares" sobre el sesgo territorial en el resto de cuerpos.

Con todo, hay que tener en cuenta que los números que se contabilizan como Madrid no sólo reflejan personas originarias o nacidas en la capital española, sino también las que se hayan instalado a estudiar, ya sea por las plazas a las que aspiran -los ministerios en el caso de los administradores civiles- o bien porque los preparadores de las oposiciones, que requieren una media de cuatro años de estudio, están en su mayoría en Madrid. Una cuestión que se está intentando corregir con métodos a distancia, dicen fuentes consultadas.
- Endogamia y clase social.

¿Y quién se postula para este tipo de plazas? Una de las características del alto funcionariado, explican los expertos, es que es una disciplina relativamente desconocida. Esto, añadido a la complejidad en el acceso, propicia que haya una cierta transmisión de padres a hijos a la hora de plantearse esta opción profesional. El coste económico de tantos años de estudio es también una variable más que hace que, en general, las personas que acceden a la cúpula de la administración general del Estado sean perfiles de clase media-alta. Todo ello genera una cierta "endogamia", afirma Ramió, y esta socialización en el entorno de la capital fomenta que los aspirantes al cuerpo se vayan impregnando de una mentalidad centralista. El catedrático lo ha bautizado como "el efecto [Josep] Borrell". Esta concepción centralista genera "rechazo" en los territorios de sensibilidad plurinacional, como Catalunya, por lo que los catalanes ya no se plantean esta vía como una opción, afirma el periodista Dani Sánchez Ugart, que ha radiografiado este fenómeno en un artículo en el anuario Mèdia.cat. "Es un pez que se muerde la cola", concluye.

Un estudio elaborado por Julián Álvarez Álvarez en 1980 ya reveló que entre 1960 y 1977 sólo había 22 catalanes en el cuerpo de técnicos de la administración civil. Por lo tanto, esta fotografía ha pervivido durante décadas. Crespo señala que en el caso catalán la fortaleza del sector privado y una cultura más basada en el emprendimiento juegan un papel importante. Es un factor que el profesor Sabino Cassese ha estudiado sobre Italia. Las cuestiones identitarias también pueden haber influido, apuntan los expertos, si bien son difíciles de contrastar. Fuentes internas añaden otro motivo: que los cuerpos equivalentes de las comunidades tienen mejores condiciones económicas.

El escenario resultante es que el cuerpo superior de administradores civiles del Estado no es representativo del peso poblacional de las comunidades, y eso le resta "legitimación", considera Crespo. El catedrático ve necesario que "para que la sociedad española se vea representada en toda su complejidad política, social y territorial, su administración debería integrar y atraer candidatos de los lugares menos representados". ¿Pero este sesgo de procedencia tiene incidencia en la agenda y las políticas que se ponen en práctica? Crespo subraya que lo esencial es lo que la Administración es y no tanto lo que hace, porque es de suponer, dice, que los altos funcionarios se guían por el interés general.

Con todo, la configuración de este interés general también puede sufrir un cierto sesgo porque hay un problema de "conocimiento" de las realidades periféricas, señala Ramió, que destaca un hecho de actualidad en esta nueva legislatura. "No saben lo que pasa en el mundo rural. De manera no deliberada terminan regulando como si todo fuera Madrid ", asegura. En esta lógica atribuye la aparición de Teruel Existe en el Congreso, que precisamente abandera la reivindicación de la España vacía. Fuentes del cuerpo niegan esta afirmación y apuntan que las políticas se elaboran con cooperación de entidades sectoriales y de las administraciones supraestatales.

- Un Estado poco descentralizado

El problema de la mirada centralista es especialmente importante, según los expertos, por el poder que aún tiene el Estado. A pesar de que sólo el 50% del gasto público total se decide en Madrid -el 37% a las comunidades y el 13% en el mundo local-, mantiene las competencias en sectores clave como Hacienda, la Seguridad Social, la planificación económica o los asuntos exteriores, entre otros. En cambio, la gestión de las comunidades se limita a la educación, la salud y los servicios sociales y evidencia que el estado de las autonomías en la práctica deja un margen de maniobra limitado.

Castells apunta tres posibles vías para cambiar la situación: el traslado efectivo de poder político en las comunidades, implicarse en los altos cuerpos del Estado y crear una élite funcionarial catalana, tal como en su momento ideó el expresident Josep Tarradellas, emulando la École Nationale francesa. "Que cuando fuéramos a negociar pudiéramos decir: " Mire, el abogado de la Generalitat sabe más que usted".

(Ot Sierra, Ara)