Periodista y antropóloga
Las fronteras también están inscritas en la organización social, en las leyes laborales
Lo único que puede evitar el racismo es dar derechos laborales y residencia legal a los y las migrantes, que dejen de ser diferentes materialmente
El presidente Sánchez dijo varias veces durante el confinamiento que el coronavirus "no entiende de fronteras, de géneros o de clases sociales". La realidad le desmiente. Se ha hablado bastante ya de cómo el género y clase están relacionados con una mayor exposición al contagio, pero poco de las fronteras. Sobre todo de las interiores. Las fronteras no solo demarcan los límites del estado español, también están inscritas en la organización social, en las leyes laborales y son las que posibilitan que los y las migrantes ocupen hoy muchos de los trabajos con mayor peligro de contagio.
El anuncio de un nuevo confinamiento en la comarca del Segrià ha agitado las redes e incluso los medios con mensajes racistas que culpabilizan del rebrote a los temporeros de la fruta. Los Mossos D’Esquadra han aumentado la presión sobre los migrantes, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, activando esas fronteras interiores, como si la vigilancia policial pudiese impedir la propagación del virus. Pero el contagio, como ha explicado Fernando Simón, está relacionado con las condiciones de vida de los temporeros. En Lleida suele haber en estas fechas una población de unos 200 durmiendo en la calle, aunque ahora se ha habilitado un pabellón para alojar a unos 250 y el Govern acaba de anunciar 428.000 euros para nuevos alojamientos. El miedo al contagio de la población ha hecho que de pronto importe cómo viven. A Ponent Destriem ha denunciado que hace más de diez años que la Generalitat no activa las ayudas para construir albergues y que muchos de los empresarios agrícolas se desentienden de los alojamientos de sus trabajadores. El modelo de la agroindustria continua creciendo, pero no las estructuras necesarias para dar condiciones de vida dignas a los trabajadores que son avallasadoramente insuficientes. Solo Lleida emplea entre 22.000 y 28.000 jornaleros temporeros anuales.
No es un problema solo de esta región, la cadena de explotación se conecta con el sur. Cientos de temporeros se han desplazado a Lleida desde Andalucía donde, solo en los campos de Huelva, unas 3.500 personas de origen migrante vivían hacinadas en chabolas sin las mínimas condiciones higiénicas. Muchas no tenían ni agua donde lavarse las manos. España también ha sido denunciada ante la ONU por violar los derechos humanos de las temporeras marroquíes que no pueden regresar a su país y que no tienen agua potable o suministro continuo de energía en sus alojamientos. Tanto en Huelva como Lleida, las denuncias sobre las condiciones de trabajo se han multiplicado. Es explotación laboral, pero también incumplimiento de las medidas de seguridad para los trabajadores frente a la COVID-19. En Cataluña, la Generalitat recomendaba distancias, higiene de manos y mascarillas, pero la normativa era optativa, y sobre todo, no hay inspecciones. En este sector casi nunca hay. En Andalucía, donde la campaña empieza antes, este año se han producido más denuncias sobre las condiciones de vida y trabajo de los temporeros porque debido a las restricciones de movimiento, había más trabajadores españoles que de habitual. A estos trabajadores esta situación les ha parecido intolerable.
El racismo que señala a los migrantes como culpables del contagio es el mecanismo por el que se mira el dedo y no la luna. Así se evita hablar de las condiciones de explotación, hacinamiento e insalubridad que sufren los temporeros y temporeras. Temporeros, recordemos, de un trabajo esencial: las frutas no nacen en los estantes de los supermercados. ¿Cómo sería nuestra agricultura sin esta mano de obra baratísima? ¿Y sin la complicidad de los diferentes gobiernos con esas patronales hiperexplotadoras? Si no fuese ya posible este modelo agroindustrial ¿tendríamos un modelo agrícola y laboral más justo?
El racismo es un desvío para no hablar de la luna, pero también algo esencial: la legitimación ideológica de esas condiciones de explotación y de las normas que lo hacen posible. Las leyes de extranjería reinscriben las fronteras exteriores en nuestro orden social. Pero también son un peligro. Cuando las grietas sociales que emergen en las crisis se dejan demasiado tiempo abiertas, con el marco de los discursos de extrema derecha, puede emerger de ellas el líquido inflamable del racismo. Lo único que puede evitar el incendio es acabar con los “otros”. Es decir, dar derechos laborales y residencia legal a los y las migrantes, que dejen de ser diferentes materialmente, que dejen de existir las fronteras que los convierten en algo ajeno a “nosotros” y que permiten que sigan siendo los más explotados.
(Ara)
