La patronal y los sindicatos se niegan a que el Gobierno les instrumentalice políticamente para sortear el contexto de elevada inflación
La patronal teme una espiral precio-salario y una inflación estructural
Los sindicatos quieren que la inflación se recupere con carácter retroactivo
El dato: El síndrome de la Moncloa.- En los pasillos de la patronal se escucha que Pedro Sánchez está sufriendo el síndrome de la Moncoa, igual que les pasó a Adolfo Suárez, a Felipe González y a José María Aznar. Es decir, que ha cogido el gusto por los grandes temas internacionales y está jugando a ser un líder mundial, olvidándose de los problemas domésticos. La diferencia es que sus predecesores sufrieron este síndrome a partir de la segunda legislatura y a Sánchez ya le ha dado en la primera. Esto, unido a unos ministros bisoños, da como resultado un Gobierno sobrepasado por la realidad
Su gozo en un pozo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha quedado sin el tan cacareado pacto de rentas para negociar un reparto equitativo de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Una cosa es firmar unos segundos pactos de la Moncloa y otra completamente distinta es que los agentes sociales cierren el acuerdo que llevan semanas negociando para fijar los criterios de la negociación colectiva para los próximos tres años.
Las tensiones inflacionistas ya habían complicado extraordinariamente las negociaciones salariales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que el Acuerdo sobre Negociación Colectiva (ANC) debe cerrarse cuanto antes para evitar que se les escape de las manos. Los convenios negociados para el 2022 hasta ahora se han cerrado con aumentos del 2% de media sin cláusula de revisión, pero afectan a pocos trabajadores. El resto espera las orientaciones que pacten sus cúpulas de ámbito estatal. El problema es que cada día que pasa la presión social es mayor, y ya se han pactado algunas subidas del 5%.
En opinión de la patronal, de consolidarse esos aumentos será muy malo para España, porque nos conduce irrevocablemente a la espiral precio-salario. Supone que una inflación coyuntural del 7,6% provocada por el alza de materias primas se convierta en estructural. Una situación que conduciría directamente a la estanflación. Para que no suceda, la patronal ha propuesto aumentos salariales de entre el 2% y el 3%, sin cláusula de revisión que compense las desviaciones que puedan producirse, tal como recomienda el gobernador del Bando de España, Pablo Hernández de Cos.
Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y, sobre todo, para el de CC.OO., Unai Sordo, es totalmente inaceptable, porque todo indica que los precios podrían llegar al 10% en primavera. Una fuerte pérdida del poder de compra de los salarios, sobre todo si no hay una cláusula de revisión salarial pura. Es decir, que la diferencia entre el salario pactado y la inflación real se recupere con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 2022.
Las cláusulas de revisión son el auténtico caballo de batalla de la negociación colectiva. La CEOE aceptaría que al final de los tres años de vigencia del ANC se compense la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores a través de una paga extraordinaria, que no se consolidaría en la masa salarial. El problema es que después de más de una década sin subir salarios, los sindicatos no pueden proponer nuevos sacrificios a sus afiliados sin que les linchen en las asambleas de las fábricas. Hoy por hoy, la economía sube, y los beneficios, también.
Los empresarios, según afirman los sindicatos, no son conscientes de que la conflictividad que ha estallado en la calle se trasladará a las empresas. No sería la primera vez, es todo un clásico. Siempre que hay una escalada inflacionista la paz social salta por los aires.
La historia nos enseña que al final a las empresas les resulta más rentable comprar esa paz y trasladar el aumento de sus costes laborales a los precios que aguantar una oleada de huelgas, paros y enfrentamientos. El precio es que este comportamiento irresponsable provoca el efecto de segunda vuelta de la inflación y sitúa la política económica en un callejón sin salida.
Con los agentes sociales metidos en estas cuitas, Pedro Sánchez está intentando aprovechar su 'buen rollito' con ellos para plantearles un pacto de rentas de carácter tripartito. Esto supone que los trabajadores acepten una pérdida de su poder adquisitivo a cambio de que las empresas no trasladen a los precios el aumento de sus costes. Dado que esto es complicado de medir, el Gobierno propone que voluntariamente limiten el reparto de dividendos y que petroleras y eléctricas, que se están lucrando con la escalada de precios, acepten una subida temporal de impuestos. Otra opción es que la patronal admita una claúsula por la que se comprometa a crear empleo en tres años.
En este contexto, el Ejecutivo plantearía una congelación de la subida de las pensiones, dejando sin efecto temporalmente el blindaje de la ley Escrivá, para evitar que la Seguridad Social entre en números rojos. Y a cambio Sánchez aprobaría un plan de choque, como están haciendo otros países, consistente en bajar el impuesto de hidrocarburos, bonificar a los contribuyentes y desligar el precio del gas de la tarifa eléctrica para que baje el precio.
Este paquete de medidas lo negociaría con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y con el resto de los partidos políticos. Sin embargo, la jugada no le va a salir, porque los empresarios le han declarado la guerra.
(Dinero, La Vanguardia, 27/03/22)