Aún no se han cumplido los cien primeros días de Gobierno del Partido Popular en Aragón y ya se han dado importantes pasos para cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos: reformas económicas, administrativas y legislativas cuyo objetivo último es situar a la comunidad autónoma como una de las regiones líderes del sur de Europa.En la senda de la recuperación económica el Ejecutivo autonómico inició, desde el primer momento de su toma de posesión, reuniones con empresarios y sindicatos para firmar un pacto por el empleo que permitirá facilitar y mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores en la comunidad autónoma. Junto a esta primera acción dirigida a la creación de empleo, el Gobierno ha puesto en marcha medidas tendentes a la contención del gasto no productivo como han sido la disminución de los departamentos y direcciones generales que componen la Administración autonómica, un recorte sustancial del personal de confianza y asesores, así como un centenar de medidas concretas de ahorro, eficacia y eficiencia que van desde la limitación en la utilización de coches oficiales hasta la eliminación del acceso gratuito a teléfonos móviles generalizado que existía en la anterior legislatura.
El actual Gobierno de Aragón también ha iniciado acciones para diseñar una nueva Administración autonómica con menos burocracia, más sencilla en su acceso para los ciudadanos, más ágil en los trámites, más resolutiva en sus decisiones y, en definitiva, más cercana y accesible a los aragoneses. Se trata también de promover la cooperación entre las diferentes administraciones que actúan sobre los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios que reciben, evitar duplicidades y, por lo tanto, eliminar una mala gestión de los recursos públicos.
En el ámbito legislativo, la intención del Ejecutivo aragonés es, igual que con la Administración, simplificar la maraña de leyes, decretos y órdenes que complican el desarrollo de la actividad económica, dificultan las apuestas por la creación de empleo que quieren llevar a cabo emprendedores y autónomos, y en ocasiones suponen trabas y límites difíciles de sortear para el desarrollo económico de Aragón. Las leyes no pueden constituirse como un obstáculo para la actividad de los ciudadanos y para que éstos alcancen el progreso y prosperidad, sino para aumentar su libertad y sus oportunidades.
No llegan a los cien días, pero el nuevo Gobierno de Aragón ya ha dado muestras evidentes del camino que quiere recorrer, de su firme voluntad de cumplir los compromisos que adquirió con los aragoneses y de su férrea determinación de situar a Aragón entre las primeras comunidades autónomas de España.
La Razón