Por estas circunstancias, eran imprescindibles medidas de ajuste ortodoxas, rigurosas y que transmitan confianza a los ciudadanos y a los mercados. En efecto, ya se ha anunciado un ajuste de 8.900 millones de euros repartidos en los ministerios con más capacidad de gasto, salvo lo referente a pensiones y desempleo. Éstas se han revalorizado, como prometía el programa electoral.
El ajuste en Fomento, de 1.600 millones, es completamente racional, puesto que España sólo tiene un déficit de infraestraestruras de transporte ferroviario de mercancías, cuyos proyectos se van a impulsar. El resto del gasto en infraestructuras está correctamente revisado, como los 200 millones de la transferencia a Renfe y a Televisión Española. Hay que destacar el acierto en la reducción de las subvenciones a partidos, sindicatos y CEOE, puesto que estos se deben financiar cada vez más, como es lógico, con cuotas de sus afiliados.
No se trata de un recorte, se trata de una racionalización del gasto en un momento especialmente grave de la economía española, y es deseable que el gasto público en el futuro siga disminuyendo en términos de PIB, con reformas estructurales, tal y como hizo el PP en su mandato anterior. En definitiva, el Gobierno,y en este caso concreto del gasto, el ministro de Hacienda ha cogido acertadamente el toro por los cuernos desde su primera embestida.
La Razón