El PP había descartado subidas de impuestos por contraproducentes en la campaña electoral.Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro interpretaron un extraño papel el viernes en Moncloa. Aunque ya es costumbre que el guión siempre incluya atribuir al anterior Gobierno la culpa de las desagradables medidas que se anuncian (con la extraña excepción de Mario Monti en Italia que no ha cuestionado las cifras heredadas del truculento Berlusconi), la comparecencia tras el Consejo de ministros fue también la representación simbólica de un cambio de relato económico y había que encontrar, casi troquelar, un motivo.
Ciertamente costaba creer a la vicepresidenta cuando explicó el descubrimiento del desbordado déficit. El propio Montoro reconoció, con su característica espontaneidad, que la desviación del déficit del 2011 era algo anunciado, conocido desde hace bastantes semanas o meses; incluso llegó a descartar que se tratase de una sorpresa. Luis de Guindos también asintió. Ahora, algunas fuentes hablan de que la estimación inicial podría superarse en el cierre final.
El anuncio de Santamaría, balbuceando la siempre peligrosa palabra agujero, que en manos de los mercados puede acabar llevando la prima de riesgo española al fuego del olimpo griego, era un bálsamo para hacer más llevadero el giro de su ministro de Hacienda, que cerró la campaña electoral tronando contra las subidas de impuestos y asegurando que el futuro Gobierno las había descartado por completo, entre otras cosas, por contraproducentes. Y este es hasta cierto punto el debate, pues según el discurso sostenido hasta ahora, para el nuevo Gobierno el nivel de los impuestos no dependía del déficit, pese a que una desviación de dos puntos es grave, y, en cambio, era determinante para impulsar la actividad y el crecimiento. Ya fue motivo de polémica durante la campaña. ¿Cómo iba el PP a cumplir con los objetivos de déficit en el 2012 sin subir los impuestos habida cuenta de que en el 2011 la desviación iba a ser del 1,5% o del 2% del PIB? Sólo unas décimas atribuibles al Estado, Montoro dixit, la mayoría a las autonomías y la incógnita de la Seguridad social.
En la rueda de prensa de Moncloa lo que estaba en juego era la credibilidad del nuevo equipo económico, que había prometido algo distinto de lo que estaba anunciando. Y lo que está por venir.
En cuanto a las medidas en sí, están diseñadas, además de con el tan loable como inevitable objetivo recaudatorio, con un segundo eje político, blindar socialmente al Gobierno. Evitar la acusación de que se premia a los más favorecidos.
Una fortísima subida del IRPF para las rentas más altas (Montoro se explayó risueño con las referencias a la progresividad de la medida) y más tímida de las del capital, que coloca en posición difícil a la oposición de izquierda, que durante la campaña, Pérez Rubalcaba fue el primero, preconizó medidas en la misma línea pero con una mordiente mucho más mellada. Los contribuyentes ya descubrirán a partir de enero que las clases medias, esas con las que todo el mundo se llena la boca, serán las grandes masacradas con el cambio en el impuesto sobre la renta.
Se descarta, en esta primera fase, la subida del IVA, línea roja de Montoro hasta ahora y a la que se opuso cuando se aplicó por el anterior Gobierno, pero que será difícil mantener a medida que el deterioro económico erosione la recaudación.
Montoro ha echado mano de las desgravaciones por la compra de la primera vivienda, el gran secreto, junto con tipos de interés de risa, del milagro económico español de finales de los 90 y primeros del 2000. Pero los tiempos han cambiado.
En resumen, se puede presumir que el Gobierno teme que el déficit se desboque por la Seguridad Social, pues las autonomías ya están estranguladas y no pueden ni endeudarse, y que la vía de los recortes de gastos estén casi cegadas. Ha optado por el expediente de emergencia y pronto volverá a la carga.
La Vanguardia